Editorial
El presidente Felipe Calderón giró instrucciones ayer para establecer medidas que contrarresten el reciente incremento del precio del maíz y, por tanto, de la tortilla. Hasta el momento, y por efectos de la especulación, el costo del kilo de tortilla ha alcanzado 13 pesos en algunos lugares del país como Cozumel, Quintana Roo, cifra que daña severamente la economía de la mayoría de los mexicanos, cuya alimentación depende en buena medida de este grano. Sin embargo, ese gesto podría quedarse en palabras, pues el secretario de Economía, Eduardo Sojo, ya señaló que el país no cuenta con "un instrumento para controlar los precios de este básico".
El problema no se limita al maíz: el paquete de incrementos declarados por el gobierno federal en los dos meses anteriores, que incluye alzas en la leche, el azúcar, el pan, los huevos y la gasolina (que repercutirá en incrementos en otros insumos y servicios básicos), lastima seriamente el bolsillo de la gente. Con esto el gobierno federal condena a millones de personas a permanecer en la incertidumbre: ¿cómo llegar a fin de mes sin morir en el intento?
La vida ya era muy dura para la gran mayoría de la población antes de esos ajustes de precios: un informe elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación Laboral y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana determinó en diciembre pasado que con el actual salario mínimo (que experimentó un aumento de sólo 1.89 pesos) los trabajadores mexicanos únicamente pueden adquirir 8 por ciento de los productos básicos alimentarios. Con los incrementos se multiplican las dificultades económicas para la población.
Para "moderar el impacto en las familias mexicanas", Sojo presentó un programa especial por medio de Liconsa para ofrecer 300 toneladas de maíz a "un mejor precio". Asimismo, el funcionario aseguró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisará las básculas de tortillerías mientras que la Secretaría de Economía adquirirá maíz blanco para abastecer la demanda y evitar un mayor incremento en el precio del grano. Medidas necesarias, mínimas, que seguramente beneficiarán a una pequeña parte de la población. ¿Pero el resto? Esos "instrumentos" no modificarán en nada la situación de las mayorías, sector compuesto por personas que perciben únicamente uno o dos salarios mínimos y que tienen que hacer milagros para llevar el pan a sus hogares.
Por ello no es extraño que el mandatario escuche reclamos en los lugares donde se presenta. En estos días, algunas mujeres de Chalco gritaron: "que bajen la leche y la tortilla, porque si no después no tenemos para comer". En Veracruz, habitantes sostenían pancartas en repudio al incremento en el costo de la tortilla.
A pesar de que apenas comienza el régimen calderonista, el sentir de la gente es que el país va para atrás. No le falta razón: un estudio de la UNAM asegura que hace cuatro sexenios se podía adquirir 40 por ciento de la canasta básica completa con un minisalario. Actualmente, para comprar los productos básicos que requiere una familia se precisaría de, al menos, 11 salarios mínimos.
En este sentido, resulta sensato, y urgente, hacer un llamado a las autoridades para que consideren medidas que realmente ayuden a la población a superar la carestía de la vida. Un incremento significativo del salario mínimo, por ejemplo, como lo exigen cientos de ciudadanos durante los actos del gobierno federal, ayudaría.
Es lamentable que esa petición no vaya a ser escuchada. La alimentación de la gente es primordial en el desarrollo de cualquier país. Está comprobado que una deficiente nutrición como la que sufren millones de mexicanos obstaculiza el pleno desarrollo de los individuos. Mantener un situación que orille a gran parte de la población a medio alimentarse es hacerle el juego al subdesarrollo. En este sentido, ¿cómo creer las palabras del presidente Calderón y su gabinete de que su misión es incrementar el nivel de vida de los mexicanos?
Por algo en Buenos Aires, Argentina donde también enfrentan una situación similar , los líderes sindicales aseveran que "el piso de la discusión salarial debe ser la canasta básica". Al menos asegurar una alimentación esencial.
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