Inútil, el uso de la fuerza pública contra el crimen

LAURA POY SOLANO

En la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada está demostrado que el uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos".

Fernando Tenorio Tagle, criminólogo y especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad pública, destacó que México está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales".

Indicó que, sin embargo, en los hechos no existe una "verdadera voluntad de acabar con el crimen organizado, sino de fortalecer el poder frente a movimientos sociales, que en casos recientes, como los de Atenco y Oaxaca, fue evidente que las fuerzas del orden destinadas a la lucha contra el crimen organizado fueron las mismas que enfrentaron a la sociedad civil organizada".

Lo que está pasando en México, insistió, "no es más que una receta de las políticas de seguridad pública aplicadas en los años 70 en países como España, Italia o Alemania, donde se privilegió el combate al terrorismo y el fortalecimiento de un Estado más represivo".

Tenorio Tagle destacó que tras los hechos de violencia en Atenco y Oaxaca, luego de la intervención de cuerpos policiacos y militares, se difundieron extensos informes de organizaciones no gubernamentales para denunciar "graves violaciones a los derechos humanos, pero no se hizo nada para romper con la impunidad y la falta de acceso a la justicia, claves para atacar de fondo el crimen y la ilegalidad".

Al respecto, Agustín Pérez Carrillo, catedrático del departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, destacó que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos".

Indicó que el sistema penal vigente no es el más adecuado para combatir la delincuencia, ya que la prevención del delito "nunca ha sido prioridad ni se ha tomado en serio por la administración federal".

Por ello, consideró que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

El gobierno de Felipe Calderón, agregó, "enfrentará una grave desilusión al constatar que no hay dinero ni recurso humano que alcance para enfrentar la delincuencia organizada bajo estos esquemas de seguridad, pues está comprobado que fortalecer los cuerpos policiacos y militares no es la solución".