Editorial
Este martes 2 de enero, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) presentó en Bruselas, Bélgica, un avance de su informe anual, el cual señala a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta profesión. El organismo reveló que durante el año pasado 10 periodistas investigadores, que abordaban temas de corrupción y crimen, fueron asesinados en nuestro país, cifra que supera las ejecuciones ocurridas en Colombia y Venezuela durante el mismo periodo.
Este poco honroso título fue adelantado en los últimos días del gobierno de Vicente Fox por la organización Reporteros sin Frontera (RSF), que precisó que el sexenio "termina con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes".
Son datos que deberían preocupar a todos por igual en el país. No sólo por lo que significa atentar contra los periodistas, aspecto por sí mismo grave, sino porque revela un estado de inseguridad extendido y, al parecer, imparable. Esta situación, sin duda, afecta a la sociedad en su conjunto y a la incipiente democracia mexicana. No es necesario detenerse demasiado para constarlo: en meses recientes han ocurrido cientos de asesinatos en todo el territorio nacional. Sólo en Michoacán, de 2000 a 2006 se reportaron 9 mil ejecuciones.
En este contexto no es extraño que la violencia, la inseguridad, los recurrentes crímenes en territorio nacional hayan ocupado amplios espacios en periódicos y noticiarios de radio y televisión del país y del extranjero.
Por ello resulta incomprensible que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, haya pedido el lunes pasado a los periodistas "no hacerle el caldo gordo a la delincuencia organizada. Si nos seguimos regocijando todos en ese tipo de cosas, pues lo único que le hacemos es el caldo gordo a los delincuentes. Ya lo sabemos, entonces es tema que no tenemos por qué profundizar más cuando ya sabemos que es un problema serio al que tenemos que atacar".
Es una solicitud difícil de cumplir. Se trata de un problema de grandes dimensiones que afecta al país en su conjunto, por lo cual los medios de comunicación no pueden ignorarlo. Es darle la espalda a la realidad.
Ramírez Acuña señaló también que la inseguridad generada por las organizaciones criminales se resolverá poco a poco, refiriéndose a los operativos lanzados recientemente, como el que se lleva a cabo en Michoacán y como el recientemente anunciado que tiene como destino la ciudad fronteriza de Tijuana.
Pero más allá de amplios operativos policiacos es necesario fortalecer, a la par, las instituciones democráticas que respaldan esa lucha.
De hecho, en parte, el problema de la violencia y la inseguridad revela un profundo déficit en este punto. La aplicación de la ley es deficiente en toda la nación; la corrupción se ha convertido en un cáncer difícil de tratar para todas las corporaciones policiacas del país; los criminales inclusive tienen manos libres para seguir delinquiendo desde los penales.
Sólo con instituciones fuertes, realmente democráticas, que protejan el derecho a la libre expresión, y fomenten el respeto a los derechos humanos y la aplicación del estado de derecho, será posible generar una estrategia que ataje la violencia y la impunidad con la que actúan grupos de poder y organizaciones criminales contra los periodistas y contra la sociedad en su conjunto.
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