Mano firme o autoritarismo

Editorial

La metáfora de la "mano firme" en la aplicación de la ley, abundante en el discurso del entonces candidato presidencial, Felipe Calderón, fue retomada ayer con singular entusiasmo por el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien recuperó la promesa para volverla consigna, corregida y aumentada: "aplicación de la justicia", "mano firme", "nadie por encima de la ley". Los hechos, siempre tozudos, han dejado ver el sentido real de esas expresiones oficiales: la colocación de la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia como eje principal del quehacer gubernamental, fortalecimiento presupuestal de las instituciones armadas y policiales, en detrimento del consumo popular, la educación, la salud, la ciencia y la cultura y, peor aún, empleo de las fuerzas de seguridad pública contra movimientos sociales y criminalización de las disidencias.

Sin duda la persecución del crimen organizado y de los delincuentes comunes es una obligación irrenunciable de todo Estado. En este sentido, el empeño puesto por las nuevas autoridades en el combate a las organizaciones del narcotráfico y en la restauración de la seguridad pública de extensas regiones del país puede ser discutible por el sitio que ocupa en el orden de las prioridades gubernamentales, pero es legítimo.

Sin embargo, los botones de muestra aportados hasta ahora por el gobierno calderonista no dejan ver indicios de una aplicación pareja de la legalidad. Nada se ha hecho, por ejemplo, para sancionar a los culpables de los atropellos cometidos en mayo de 2004 por el gobierno de Jalisco, cuando lo encabezaba el propio Ramírez Acuña, contra manifestantes altermundistas, y permanecen sin castigo las agresiones sexuales y las golpizas perpetradas dos años más tarde por policías federales y del estado de México contra decenas de personas durante la represión contra pobladores de San Salvador Atenco.

Por lo que hace a Oaxaca, ayer la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos concluyó que las autoridades federales y estatales han incurrido en "graves violaciones" a las garantías individuales de los integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El organismo humanitario documentó atropellos a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y del uso del espacio público, detenciones ilegales y arbitrarias, trato inhumano y degradante y ejecuciones extrajudiciales, vulneración de los principios de presunción de la inocencia y de defensa, así como del debido proceso de los detenidos y enjuiciados. Ante ese panorama, en la legalidad que el gobierno dice respetar no están incluidos los derechos humanos.

Hace dos días, Calderón Hinojosa asistió a la conmemoración de los acuerdos de paz para El Salvador y se manifestó, en la capital de ese país centroamericano, en contra del autoritarismo, término que denota un ejercicio del poder público extralimitado y ausente de consenso que da por resultado un orden social opresivo y carente de libertad para quienes no comparten las determinaciones de los gobernantes. El trato que las policías federal y estatal han dado a los disidentes de la APPO y hasta a muchos ciudadanos no involucrados con esa organización encaja plenamente, por desgracia, en esa definición, y no ayuda al gobierno a deslindarse de ella la insistencia presidencial en rodearse de mandos castrenses, policiales y de seguridad el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de la República formaron parte de la comitiva que acompañó a San Salvador al jefe del Ejecutivo o la agresión perpetrada por elementos del Estado Mayor Presidencial contra la madre de un secuestrado que acudió a la residencia oficial de Los Pinos para solicitar una audiencia presidencial.

En un sentido más amplio, la preocupación gubernamental por hacer cumplir las leyes no incluye disposiciones constitucionales como, por ejemplo, la fracción VI del artículo 123 constitucional, que señala: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".

El cumplimiento pleno y estricto del marco legal debe ser parejo y generalizado. Confundir ese cumplimiento con la mera aplicación de códigos penales y reglamentos de orden público justa, en el caso de la delincuencia, abusiva frente a los movimientos sociales, inexistente ante los abusos policiales constituye una gravísima distorsión del ejercicio gubernamental: una distorsión que conduce al autoritarismo.