Gastritis por decreto

Por Jesús González Schmal
Lo ocurrido en la sierra de Zongolica, Veracruz, en donde la indígena nahua señora Ernestina Ascencio Rosario, de 72 años, fue brutalmente violada y asesinada en un paraje de la comunidad de Tetlazinga, no es un hecho excepcional ni aislado. Lamentablemente ocurre con más frecuencia de la que nos imaginamos en las regiones más apartadas, donde se asientan campamentos militares dizque para controlar los grupos insurrectos o de guerrillas.

En Chiapas, aun después del acuerdo de San Andrés Larráinzar en el que se firmó la paz, se decretó la amnistía y se ofrecieron reformas constitucionales que nunca se cumplieron, el Ejército mantuvo y mantiene más de 91 campamentos alrededor de las comunidades indígenas, no obstante que en los acuerdos se había ofrecido la desmilitarización, que no llegó sino a una mínima movilización de efectivos, que pasaron de una guarnición a otra.
La Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa de la 59 Legislatura, solicitó al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y después a Carlos Abascal, su sucesor, que ya era tiempo de dejar a las autoridades civiles del estado y a su propia responsabilidad en los municipios autónomos el mantenimiento del orden interno para permitir así que el libre tránsito de indígenas y la salvaguarda de la vida interna dentro de sus poblados se reestableciera sin la obstrucción, amenaza y vejaciones causadas por los campamentos contiguos a esos centros de población.
En presencia del entonces comisionado para la paz en Chiapas y ahora responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis H. Alvarez, que entonces se jactaba de hacer visitas frecuentes a la zona gris, se le expusieron a Carlos Abascal las atrocidades que ocurrían con las mujeres y niñas los días francos de los soldados acampados en un lugar próximo a las viviendas. Se les narró con lujo de detalles los casos incluso de violaciones, y otras veces de seducciones a las mujeres indígenas que eran engañadas, una vez que satisfacían los soldados sus pretensiones sexuales.
Se le ofrecieron a Abascal los testimonios del Centro Fray Bartolomé de las Casas, donde los entonces diputados oímos las revelaciones más dramáticas y penosas por parte de los indígenas a los que les habían embarazado a una hija o a sus esposas. No quisieron escuchar ni el secretario de Gobernación ni el comisionado para la paz. El tiempo transcurrió y el vía crucis de las comunidades chiapanecas que son víctimas de un asentamiento militar ha continuado y trastocado la vida familiar e incluso económica. Ello por el efecto del gasto excesivo de los soldados en las modestas tiendas del poblado que se ven en la necesidad de traer para reventa cervezas, bebidas alcohólicas de marca, refrescos embotellados, frituras y toda clase de productos poco habituales entre los campesinos. No se diga el mal ejemplo moral que despliegan con los niños y jóvenes cuando los sábados y domingos ven pasar por el pueblo los camiones de redilas con prostitutas procedentes de la ciudad más cercana.
El caso que también se hizo público, gracias a la denuncia que de ello hizo el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, fue lo ocurrido en Castaños, Coahuila, como otra muestra de esta degradación. En esa ocasión fueron los soldados de un batallón asignado a un local del Instituto Estatal Electoral que, bajo el efecto de alguna droga, se abalanzaron sobre la zona de tolerancia del municipio y violaron con sevicia a más de 11 mujeres, entre las que estaban algunas adolescentes.
Tanto en el ominoso homicidio de Zongolica, Veracruz, como el incalificable delito tumultuario de Castaños, Coahuila, como en los que seguramente se están perpetrando en otros lugares de la República, la mayor afrenta al pueblo es tratar de ocultar la cruda realidad de lo que acontece y volverá a suceder si no se toman las medidas urgentes e imprescindibles para detenerlo.
El que Felipe Calderón haya declarado que la señora Ernestina Ascencio murió de “gastritis crónica” no sólo es ligereza imperdonable, sino grave irresponsabilidad y falta de respeto a su familia y a todos los mexicanos. El Ejército Nacional, heredero del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, no puede soslayar un problema que lo afecta en su prestigio y sobre todo en su dignidad como institución armada al servicio de la soberanía del país. Todos los mexicanos que juramos bandera en nuestro servicio militar somos parte de la reserva de un Ejército que debe reconocer con hombría de bien un problema grave que se debe enfrentar sin falsas salidas.