La pérdida de credibilidad de la CNDH

Editorial

Durante el conflicto en Oaxaca, entre diversos niveles de gobierno y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el segundo informe sobre este caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) poco contribuye a hacer justicia, por lo que urge esclarecer las irregularidades: diversos actores sociales y políticos lo han impugnado fuertemente, un hecho que mina la credibilidad de la CNDH ante la sociedad.

Una de las reacciones adversas fue la de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, quien calificó el informe de "laxo" porque cubre "con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca" y no presenta "una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz". Ello sin mencionar que el texto no incluye recomendaciones de la CNDH, las cuales si bien no son obligatorias, marcan el camino que deben seguir las autoridades para resolver conflictos y reparar los daños.

Otra andanada de críticas fue lanzada por la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La primera enlistó varias omisiones y limitaciones del informe, como el hecho de que no señala a ningún responsable dentro de las altas esferas de poder, tanto a nivel estatal como federal. La Limeddh también lamentó que sólo se atribuyera la responsabilidad de los casos de tortura a simples agentes municipales y federales, a pesar de que por ley, el Poder Judicial tiene la obligación de investigar estas denuncias.

Adicionalmente, la liga cuestionó a los jueces que atentaron contra el derecho al debido proceso al omitir que la mayoría de los arrestos fueron ilegales o arbitrarios, y sostuvo que la CNDH debió aclarar que las violaciones a las garantías individuales y el hostigamiento persisten en el estado a través de averiguaciones previas y las personas que aún permanecen detenidas. Por su parte, el centro sostuvo que el documento no refleja que el conflicto sigue latente ya que las causas que lo originaron están vigentes, como cacicazgo, deficiencias y corrupción en el sistema judicial, pobreza y marginación.

No obstante, la reacción más fuerte fue la de la APPO, que acusó que el documento es un "montaje" para que el gobernador y otros altos funcionarios queden impunes. En ese sentido, la asamblea afirmó que la comisión "tiene que jugar un papel más imparcial para ser mucho más objetiva", ya que el contenido del informe justifica las violaciones de los derechos humanos y omite a los desaparecidos.

Estos señalamientos ponen en entredicho la labor realizada por la CNDH, sobre todo si se tiene en cuenta que éstos concuerdan con muchas de las conclusiones de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos. Así, se impone la necesidad de resolver la crisis de derechos humanos en el país, desatada también en los meses recientes por los casos de Atenco y la siderúrgica Las Truchas, en Lázaro Cárdenas, entre otros, los cuales revelan la urgencia de contar con una instancia con credibilidad a los ojos de la ciudadanía.