jueves, marzo 29, 2007

Más bases para dominar al mundo / EE UU / Nueva estrategia militar

Se extiende el imperio de las bases



Con cerca de mil bases en 130 países, EE UU espera tener capacidad para intervenir con rapidez en los cinco continentes.

Gladys Martínez López . Redacción

Tener capacidad para actuar con rapidez desde América Latina hasta Asia, pasando por África, los Balcanes, Oriente Medio y el Cáucaso. Ésa es la misión de la nueva estrategia de bases militares implementada por EE UU.

“Soberanía es no tener un soldado extranjero más en el suelo patrio. Si tenerlos no es gran problema, de acuerdo, en 2009 podemos renovar el convenio de la base de Manta si EE UU nos permite poner una base ecuatoriana en Miami”. De este modo anunció Rafael Correa, presidente de Ecuador, su intención de no renovar el acuerdo que permite a EE UU tener una base militar en suelo ecuatoriano, intención que ha ratificado durante la I Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, celebrada en marzo en este país.

Oficialmente, EE UU dispone de 737 bases en 130 países -un 95% de todas las bases a nivel mundial- que alojan cerca de 200.000 militares, otros 200.000 civiles y 81.425 contratados locales. En total, 3.000 millones de metros cuadrados ocupados por bases estadounidenses fuera de su territorio. Pero en la práctica, el número de bases de EE UU en el extranjero puede alcanzar las mil, según el analista Chalmers Johnson, ya que el último Base Structure Report, referente a 2005, no contabiliza las establecidas en Kosovo, Afganistán, Iraq, Kirguizistán, Israel, Qatar, Turquía, Gran Bretaña... Mil bases que conforman lo que Johnson ha calificado como el “imperio americano de bases”, y cuya expansión está lejos de haberse frenado.

De hecho, la estrategia de reestructuración de la red de bases militares estadounidenses en el mundo para adaptarla a “las nuevas amenazas” tras el fin de la Guerra Fría y el 11-S, y concretada en 2004 en el Global Posture Review, tiene como objetivo la creación de una telaraña de pequeñas bases, las llamadas lily pads, que permitirían el despliegue de una fuerza militar más flexible desde los EE UU a cualquier punto del mundo en un tiempo récord y que les permitiría actuar en varios frentes a la vez. Las lily pads- ‘nenúfares’, porque permitirían a las fuerzas de EE UU saltar de un “foco caliente” a otro de igual modo que una rana usa los nenúfares en un estanque- albergan a entre mil y 3.000 soldados, pero con capacidad para multiplicar este número en momentos puntuales. La intención, anunciada por Bush, de hacer regresar a EE UU a 70.000 militares y 100.000 civiles de varias bases establecidas en Alemania y Corea del Sur tras la II Guerra Mundial, se verá acompañada por la multiplicación de estas bases a lo largo de lo que los expertos del Pentágono denominan el “arco de inestabilidad”, es decir, un área que va desde América Latina hasta Asia, pasando por África, los Balcanes, Oriente Medio y el Cáucaso, unas zonas ricas en recursos naturales y por las que pasan las rutas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos. Mientras, al ya elevado número de bases en Europa, se sumarán lily pads en Rumanía y Bulgaria, y la instalación en la República Checa y en Polonia de un radar como parte del proyecto de escudo antimisiles. Esta red de bases se utilizaría en “la larga guerra” planteada por el Pentágono “contra el terrorismo y otras amenazas”, y cuyo objetivo, según el Quadrennial Defense Review de 2006, es poder “operar en todo el mundo” y “derrotar rápidamente” a dos adversarios en campañas militares simultáneas. Según el periodista Nicolas J. S. Davis, “mientras declina el suministro de petróleo, las lily pads tienen un objetivo militar específico: organizar operaciones ofensivas conforme surjan oportunidades para imponer nuevos regímenes políticos y comerciales en nombre de la estabilidad y las necesidades de un mundo sediento de petróleo”.

Los efectos de las bases

“Tenemos una oportunidad histórica de ganar la guerra contra el terrorismo extendiendo la libertad y la paz. Nuestros compromisos son portados por nuestros militares. He tenido el privilegio de viajar a bases de todo el mundo, y he podido ver su gran decencia y valentía desinteresada. Se lo aseguro, señoras y señores, la causa de la libertad está en buenas manos”, dijo Bush en 2004. Quizá por ello EE UU obliga a los países ‘receptores’ de las bases a firmar Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas que en la mayoría de los casos otorgan inmunidad a los soldados. Y los índices de criminalidad en torno a las bases superan la media. Sólo en Corea del Sur, los militares han cometido 100.000 actos criminales desde 1945, una media de dos al día, según la Campaña Nacional para Erradicar los Crímenes de las Tropas de EE UU en Corea.

Los activistas contra las bases también denuncian agresiones sexuales, pedofilia y prostitución a gran escala. El profesor filipino Roland Simbulan explica a DIAGONAL que, incluso tras la retirada de las bases en 1992, los soldados de EE UU que realizan entrenamientos “usan Filipinas para sus actividades llamadas de ‘descanso y recreo’, lo que significa la explotación sexual de las mujeres e incluso de los niños”. En Okinawa, los militares han cometido 4.700 crímenes documentados entre 1972 y 1995, la mayoría de ellos contra mujeres, según la Okinawa Women Act Against Military Violence, que concluye: “Hemos aprendido, de 60 años de experiencia viviendo junto a los militares de EE UU, que la violencia cometida por estos soldados es el producto de la violencia institucionalizada del Ejército”. Una violencia que se deja ver desde el momento en que se instalan las bases, con la expropiación o expulsión de las poblaciones locales, padecida por miles de habitantes de Okinawa, los habitantes de Vieques, los chagosianos de la isla Diego García o los chamorros de Guam, que siguen luchando por regresar a sus tierras; unas tierras asoladas por la contaminación medioambiental y acústica, los ensayos con armas químicas, biológicas y nucleares y suelos plagados de municiones sin detonar.

Movilizaciones

Como han afirmado los analistas Wilbert van der Zeijden y Sarah Irving, “sin su extensa red de bases militares en todo el mundo, EE UU no habría podido efectuar más de 300 intervenciones militares en el extranjero durante el siglo XX. Sin ellas, habría sido mucho más difícil derrocar gobiernos latinoamericanos democráticos y simpatizantes del cambio socialista, e involucrarse tan intensamente en guerras y campañas...”. Pero esta estrategia belicista es respondida por movimientos populares dispersos, y el establecimiento de cada nueva base se enfrenta a luchas ciudadanas. El 18 de febrero, 120.000 personas se manifestaron en Vicenza (Italia) contra la ampliación de la base de Dal Molin, aprobada por Prodi. En Corea del Sur, los habitantes de la localidad de Daechuri y el Comité contra la expansión de la base de Pyongtaek han resistido desde febrero de 2006 contra el desalojo del pueblo previsto por la expansión de Camp Humphreys. En Okinawa, las luchas contra las bases se multiplican [ver cuadro]. Y mientras en Zaragoza 15.000 personas se manifestaban en enero contra la posible instalación de una base de la OTAN, en la República Checa se ha creado No a las Bases, contra la próxima instalación de un radar de EE UU al que se opone el 61% de la población... Estas y otras luchas contra la presencia militar estadounidense en el resto del planeta han confluido en la I Conferencia Internacional por la Abolición de las Bases Militares, con la participación de 400 activistas de 40 países, y que se han concretado en la creación de la Red internacional No-Bases, que pretende impulsar “una gran campaña global” de lucha.

Manta: los días contados

En octubre de 2006, Rafael Correa, presidente de Ecuador, anunció el cierre de la base estadounidense de Manta para 2009. Puesta en marcha en 1999 por un acuerdo firmado por el entonces presidente Jamil Mahuad con EE UU, la base se utiliza desde entonces para dar apoyo logístico al Ejército colombiano en la aplicación del Plan Colombia y la guerra contra la insurgencia, para el control de la Amazonía, además de para el control migratorio. El establecimiento de la base, que provocó la expulsión de campesinos por la expropiación de 24.000 hectáreas, también ha llevado a un aumento del costo de vida y a la explotación sexual de niñas y jóvenes. El 9 de marzo, miles de personas se manifestaron por el cierre.

Filipinas tras las bases

En 1992, tras masivas movilizaciones, el Gobierno filipino cerró las bases militares de EE UU. Pero sus efectos perduran hoy. Las bases produjeron “una gran cantidad de basura tóxica que se vertió en nuestro suelo, ríos y puertos, provocando un incalculable daño y sufrimiento a la población”, explica a DIAGONAL el profesor filipino Roland Simbulan, miembro de la Nuclear Free Philippines Coalition. Dentro de esta coalición, la People Task Force on Bases Clean-Up lucha desde 1994 para que EE UU cumpla con su responsabilidad de limpiar los terrenos contaminados. Pero en 1999, EE UU reanudó los ejercicios militares, lo que ha vuelto a provocar daños sobre el medio y sobre la población. “Nuestro objetivo es acabar con los ejercicios militares y el soporte logístico de EE UU en Filipinas, que es parte de la infraestructura de las fuerzas de EE UU en el mundo. Sin esa infraestructura, los belicistas de EE UU no podrán lanzar guerras de agresión contra ningún país”, dice Simbulan.

La lucha de Okinawa

Okinawa, isla que ocupa el 0,6% de Japón, tiene el 21% de su territorio ocupado por 37 bases militares, instaladas allí tras la II Guerra Mundial. Las luchas contra las bases militares han sido constantes desde hace 60 años. En 1995, 92.000 personas se manifestaron para protestar por la violación de una niña por soldados, contra los constantes actos criminales de los militares y para pedir la retirada de las bases. En 1999, 34 organizaciones se unieron en la Red Ciudadana de Okinawa por la Paz. Y desde hace 10 años, el pueblo de Okinawa mantiene una lucha contra la recolocación de la base aérea de Futenma en la bahía de Henoko. Durante 600 días se mantuvieron protestas que obligaron a frenar la construcción de esta nueva base sobre un arrecife de coral. Un 89% de la población votó en referéndum en contra de este plan, y en marzo de 2006, 35.000 personas se manifestaron contra el plan y por el cierre de las bases. Hoy, la lucha continúa.

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