Complicidades al desnudo

martes, 03 de abril de 2007

Francisco Gil Díaz, secretario de HCP en el sexenio de fox, uno de los ladrones más corruptos de la nación mexicana, que ahora es Director de Telefónica, empresa española.

Francisco Gil Díaz, empleado del neobanquero salinista-zedillista-foxista Roberto Hernández Ramírez, tío de Patricio Patrón Laviada, violó la normatividad del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), señala la Auditoría Superior de la Federación/ El ex secretario de Hacienda maniobró para que los fondos del 2004 se apliquen un año después y así usar el dinero para la compra de terrenos ejidales

Roberto Hernández Ramírez (i) tenía a Francisco Gil Díaz como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad de Banamex

La ASF documentó el cochinero en torno al despojo a los ejidatarios de sus tierras mediante 29 contratos de promesa de compraventa que amparan la adquisición de 2,165 hectáreas aproximadamente al especulador Antonino Almazán Arteaga

La Auditoría Superior de la Federación desnudó las complicidades en torno al despojo de 2,165 hectáreas de tierras ejidales a campesinos de Hunucmá, Umán y Mérida. Reportó en los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2005 que ante la grave irregularidad en la aplicación de los excedentes petroleros a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, empleado del neobanquero Roberto Hernández Ramírez (denunciado penalmente por los POR ESTO!), tío de Patricio Patrón Laviada, maniobró para que los fondos del 2004 se apliquen un año después y así usar el dinero para el capricho gubernamental. Los fondos estuvieron asentados en una cuenta bancaria de julio del 2004 a abril del 2005.

Roberto Hernández tenía a Gil Díaz como empleado en Avantel, empresa telefónica propiedad de Banamex, de donde saltó a la cartera de Hacienda, designado por el ex presidente Vicente Fox, quien había recibido fondos de Hernández para su campaña electoral.
Hernández es tío de Patrón Laviada y son conocidos sus grandes negocios en Yucatán al amparo de los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo con documentos oficiales, la auditoría a los recursos del FIES en el estado de Yucatán fue programada e iniciada para la Cuenta Pública 2004, sin embargo, no fue posible ejecutarla debido a que la muestra seleccionada correspondía a los proyectos identificados con el número 353 denominado "Compra de Reserva Territorial para Construcción del Aeropuerto en el Ejido de Dzelchac, en el municipio de Hunucmá y en el Ejido de Huncanab en el municipio de Ucú y el 354 denominado "Compra de Reserva Territorial para Construcción de Carreteras de Acceso al Aeropuerto en los ejidos Chalmuch y Dzelchac, en los municipios de Mérida y Ucú, que en total sumaron un monto ejercido de 32,799.7 miles de pesos.

Con previa autorización de la SHCP, los recursos fueron aplicados por parte del gobierno del estado de Yucatán durante el ejercicio de 2005; por lo tanto, la entidad de fiscalización superior de la Federación con base en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que establece la anualidad en la fiscalización de los Recursos Federales, dio por suspendida la auditoría, manifestando que su revisión sería incluida en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005, que se llevaría a cabo durante 2006.

Es más, según la ASF el gobierno de Patrón Laviada recibió de la TESOFE en tiempo y forma los recursos del FIES, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y los auditores constataron que los recursos del fideicomiso llegaron a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán, los cuales ascendieron a 358'389,400 mil pesos y fueron aportados de julio del 2004 a abril del 2005, situación que se comprobó con los recibos de ingreso y estados de cuenta correspondientes.

El reporte de la ASF es contundente: "Con el análisis de los expedientes técnicos de los proyectos seleccionados para su revisión y a fin de verificar que los recursos del fideicomiso hayan sido aplicados a proyectos de inversión e infraestructura y su equipamiento, se constató que en el 2004 la compra de terrenos no se encontraba incluida en forma específica dentro de la estructura programática del FIES, sin embargo, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán presentó evidencia documental con la que se consultó a la SHCP, la viabilidad de incluir estos proyectos en las obras o acciones a ejecutar con estos recursos en 2005, quien emite anuencia favorable de dichas acciones, por lo que se concluye que los proyectos analizados en la muestra de auditoría corresponden a la estructura autorizada, en cumplimiento de los Lineamientos para la Solicitud, Transferencia y Aplicación de los Recursos Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2005 con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)".

No obstante, los auditores encontraron más irregularidades. Con el análisis de los convenios modificatorios al contrato de promesa de compraventa se determinó un plazo para la inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad y traspasar su dominio al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante la Escritura Pública; sin embargo, las escrituras notariadas presentan fechas posteriores a las establecidas en los citados convenios, lo que demuestra retrasos en seis casos por 23 días naturales, en un caso por 51 días y en ocho casos se celebró un tercer convenio modificatorio con plazo de cumplimiento al 15 de mayo del 2006, casos en los que a la fecha de la revisión no habían concluido ni aplicado las penas establecidas en la cláusula sexta de los contratos de promesa de compraventa y cláusula segunda de los terceros convenios modificatorios respectivos.

En respuesta de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Yucatán remitió a esa entidad de fiscalización superior de la Federación el oficio Núm. SGG/069/2006 del 24 de agosto del 2006, suscrito por el Secretario General de Gobierno, Pedro Rivas, mediante el cual remite a la Secretaría de Hacienda Estatal los pagos de penas convencionales por incumplimiento de contrato relativas a ocho casos observados en los predios de Huncanab, municipio de Hunucmá, por 588,100 mil pesos.

Los auditores determinaron que con el análisis de los expedientes técnicos de los proyectos 353 y 354, se constató que no se integró la documentación soporte correspondiente a los estudios o proyectos ejecutivos o técnicos, que determinen y justifiquen la necesidad de adquirir los predios de referencia con recursos del FIES.

--"Asimismo, no se presentó evidencia documental que justifique la adquisición de los terrenos y que éstos se encuentren en algún proceso de ejecución para lo que fueron adquiridos, así como permisos, licencias y dictámenes por las dependencias federales y estatales o municipales especializadas para la ejecución de este tipo de obras y que se cuente con suficiencia presupuestal para su ejecución".

Finalmente, afirman que con el análisis de los expedientes técnicos de las dos acciones seleccionadas se constató que para su ejecución se dio cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación, así como en los Lineamientos de Operación del FIES, sin embargo, se detectaron las inconsistencias técnicas que se describen a continuación: Con el análisis de los 29 expedientes unitarios de los proyectos núms. 353 y 354, se determinó la falta de integración de la documentación siguiente: ocho títulos de propiedad; nueve actas de asamblea; ocho constancias de Registro Público de la Propiedad; nueve cédulas catastrales; ocho escrituras públicas; ocho notificaciones de enajenación a ejidatarios y la difusión de éstas ante los familiares; y la respuesta de la presentación o no de ofertas de compra.

Como consecuencia de lo anterior no fue posible determinar el cumplimiento de los compromisos pactados en plazo; también se detectó que a esta fecha se presentan ocho casos por concluir los compromisos establecidos en los contratos de promesa de compraventa de reservas territoriales, así como de sus convenios modificatorios, situación que refleja que los controles implementados por el Gobierno Estatal para la ejecución de los proyectos en cuestión, presentan debilidades y limitan el proceso de fiscalización.
(Johnny Oliver Quintal)