Lluís Foix
Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, dirigentes de la ilegalizada Batasuna, insisten en que se presentarán a las elecciones municipales. Si el Tribunal Supremo no les autoriza siguiendo los preceptos de la Ley de Partidos, lo van a intentar por otros medios que puedan ser aceptados legalmente.
Si un partido disfrazado de nuevas siglas no es aceptado, recurrirán a las agrupaciones electorales de muchos municipios para sortear los filtros jurídicos del Supremo.
Se da la extraña paradoja que mientras el gobierno Zapatero tiene esperanzas de que el proceso de paz con ETA pueda llegar a algún tipo de resultados, los "batasunos" se apoderan del discurso, utilizan el lenguaje a su conveniencia y exigen al gobierno que cumpla con unas promesas que no conocemos.
Vaya por delante que la Ley de Partidos aprobada por el gobierno Aznar, con el apoyo de los socialistas, me pareció y me parece un error político.
Una ley extensivamente transgredida es de imposible cumplimiento. Primero porque dejar a un cinco por ciento de ciudadanos sin la posibilidad de votar, aunque sea al brazo político de una organización terrorista, va a crear más problemas que los que pretende resolver. Segundo porque una ley pensada para un caso particular pierde el atributo del interés general que se supone a toda medida legislativa.
Pero dicho esto, es insoportable tener que aguantar a los Otegi y Barrena dando lecciones de libertad, de democracia, de garantías jurídicas y de construcción nacional de Euskalherria.
Batasuna quiere dar lecciones de comportamiento democrático sin molestarse a volver la vista atrás recordando tantas víctimas inocentes, tanta violencia política, tanta guerra indiscriminada contra ciudadanos que ya no están en el mundo de los vivos.
Otegi y Barreda están echando un pulso al Estado. Y el Estado, aunque la Ley de Partidos sea más que discutible, no puede permitirlo. Si se añade que ni Batasuna ni ETA dan indicios de dejar las armas y condenar la violencia, es imposible que puedan presentarse a las elecciones.
No es un problema jurídico ni político. Es una cuestión de principios en unos días en los que se detienen a miembros de la banda, se chantajea a empresarios para obtener recursos, se sigue con la violencia callejera y se insiste en que la solución pasa por incluir a Navarra en una futura Euskalherria.
La vía política es inaceptable mientras ETA o Batasuna no renuncien a las armas y al chantaje.
No dudo que Zapatero pensara en que su apuesta por el proceso de paz no estuviera bien intencionada. Lo que pongo en cuestión es que hubiera atado los mínimos cabos para poder presentarse ante los españoles diciendo que la paz estaba próxima.
El Partido Popular ha cometido la imprudencia y temeridad de situar al terrorismo en el programa electoral. No voy a insistir en esta irresponsabilidad. Pero tampoco se puede apoyar la política de Zapatero, que los hechos demuestran que es más voluntarista que realista.
La triste realidad es que tanto ETA como Batasuna son más fuertes hoy que hace tres años. El PP tiene su parte de responsabilidad. Pero es mayor la del presidente Zapatero, que se metió en unas negociaciones de las que está saliendo escaldado.
Por una razón bien simple que se puede resumir en que Batasuna no condena la violencia y ETA demuestra que no sólo abandona las armas sino que es sorprendida en acciones preparatorias de nuevos atentados.
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