Carlos Fernández-Vega
Existen 8.2 millones de negocios extralegales que no pagan impuestos en el país
138.7 millones de hectáreas fuera de la ley
Unos días antes de los comicios de 2006, un indignado dirigente gremial aseguraba que "los empresarios no hacemos otra cosa" que pagar impuestos. El iracundo personaje (Alberto Fernández Garza, ex presidente de la Coparmex y cabeza visible de la Caintra Monterrey) respondía así a la acusación del entonces candidato presidencial con apodo de pez, quien puso el dedo en la llaga: el grueso de los "hombres de negocios" evaden y eluden al fisco, y el gobierno no sólo se los permite, sino que los estimula.
La revisión de la Cuenta Pública 2005, recientemente divulgada por la Auditoría Superior de la Federación, documenta que sólo por un milagro el indignado empresario no se mordió la lengua al hacer tal declaración, y que, en efecto, la evasión y elusión fiscales de los grandes capitales que operan en México es práctica común, siempre con la bendición gubernamental.
El solo caso que documenta la ASF sobre los casi 500 mil millones de pesos en impuestos no pagados y, al mismo tiempo, "transformados" en créditos fiscales nunca cobrados (las empresas que mayores ingresos y utilidades reportan en el país los concentran) por las autoridades fiscales del país, resulta más que suficiente para confirmar que la denuncia de aquel candidato, ratificada por estos días fue, es, prácticamente exacta.
Pero hay más. Ahora que resurge el tema, vale la pena retomar algunos datos que desde aquel entonces tiraban al cesto de la basura las declaraciones de ese indignado dirigente gremial, porque -comentábamos por aquellos ayeres- algo más que "pagar impuestos" hacen los empresarios del país.
Si se atienden los resultados de un trabajo de campo realizado (2005) por el Instituto Libertad y Democracia a petición del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, la afirmación del ex presidente de la Coparmex y actual cabeza visible de la Caintra Monterrey invita a la risa, porque en México menos de 10 por ciento de las empresas están registradas legalmente y/o cuentan con el estatus de entidad legal o persona moral legal.
Las tres instituciones mencionadas divulgaron su Evaluación preliminar de la economía extralegal en 12 países de Latinoamérica y el Caribe, y en el caso mexicano subrayaba: "las estimaciones realizadas en México indican que el capital muerto (aquel no declarado ni benéfico, socialmente, para el país) acumulado en empresas extralegales y propiedades inmobiliarias no registradas asciende a 597 mil 200 millones de dólares", la mitad del total regional en este aspecto. Ese monto es equivalente a 62 veces la asistencia oficial para el desarrollo recibida por el país entre 1960 y 2003, casi nueve tantos las reservas internacionales o la inversión extranjera directa acumulada en el periodo 1979-2003 multiplicada por tres. En pocas palabras, esa suma equivale a 80 por ciento del producto interno bruto.
Al consolidar los resultados obtenidos para los negocios no registrados y para los negocios organizados como personas físicas en México, dichas instituciones concluyeron que 91.1 por ciento de los negocios pertenecientes al universo analizado (existen 12 millones de empresas en el país, pero el número considerado para calcular este porcentaje incluye sólo los 9 millones de empresas no agropecuarias del sector privado urbano y rural) deben ser clasificados como extralegales, esto es, de 8.2 millones de negocios extralegales, que por obvias razones no pagan impuestos.
Para determinar el valor de los activos fijos acumulados por las empresas extralegales, el ILD estimó el valor promedio de esos activos (considerados "muertos" para efectos fiscales), según la actividad económica realizada, la zona geográfica y la disponibilidad de establecimiento. La fuente mayormente utilizada fue el INEGI, actualizando los valores de los activos a precios de 2005. Estas empresas se distribuyen en actividades comerciales (38 por ciento), servicios (30), manufactura (16), construcción (11) y transportes (cinco).
Una significativa proporción de empresas en México no cumple con las regulaciones establecidas para su operación legal. En efecto, 68.5 por ciento de ellas no están registradas ante la autoridad competente bajo un nombre o razón social. Como resultado, no existen legalmente, situación que restringe severamente sus posibilidades de incrementar su rentabilidad, productividad y competitividad, y paralelamente cumplir sus obligaciones fiscales y laborales.
El total del "capital muerto" (empresarial y predial) definido en el análisis de las instituciones citadas se distribuye así, al cierre de 2005: alrededor de 8.2 millones de empresas extralegales, no agropecuarias del sector privado urbano y rural, que poseen 50 mil millones de dólares en activos fijos; 13.2 millones de predios urbanos extralegales, que representan 53.2 por ciento del total de predios urbanos de México, con un valor estimado en 265 mil 700 millones de dólares; cerca de 138.7 millones de hectáreas de tierras rurales clasificadas como extralegales, que representan 70.6 por ciento de la superficie total de México (195.6 millones de hectáreas) y cuyo valor se aproxima a 281 mil 400 millones de dólares.
El informe, advierten las tres instituciones, no pretende ser una imagen fiel y exhaustiva de la extra legalidad mexicana. "Es sólo un botón de muestra". Y si el gobierno mexicano "aspira a que la mayor parte de su población participe directamente en la creación de la riqueza, es obvio que no podrá lograrlo sin que identifique las causas precisas por las cuales los activos de la mayoría de mexicanos no están sirviendo para obtener crédito, captar inversión y generar valor agregado, (ni) podrá integrar a la mayoría de la población en el desarrollo económico..."
Las rebanadas del pastel
¿Y qué pasó?: la autoridad se afana en condonar adeudos fiscales a los grandes capitales.
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