sábado, mayo 05, 2007

Denuncian ONG táctica intimidatoria e ilegal para imponer el proyecto La Parota

Opositores piden vigilar asamblea convocada por autoridades federales este domingo

ISRAEL RODRIGUEZ

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales denunciaron una nueva estrategia ilegal e intimidatoria por medio de la cual el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y el Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscan imponer a las comunidades indígenas y campesinas de esa entidad el megaproyecto hidroeléctrico La Parota.

Para este domingo se convocó a una nueva asamblea agraria en uno de los principales núcleos campesinos que serán afectados por el proyecto hidroeléctrico. Por lo anterior se ha conformado una misión civil de observación.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), que ha mantenido la movilización, la resistencia y la defensa legal contra el proyecto, llamó a impulsar con urgencia la solidaridad y la presencia civil en la zona de conflicto.

Todo lo anterior, en medio de un contexto de creciente militarización, reducción de las libertades civiles y represión a movimientos similar al de Oaxaca.

"Es fundamental, que en el caso de La Parota, impulsemos acciones de prevención y que la sociedad civil, nacional e internacional, ponga su atención en Guerrero, en el movimiento opositor y en los riesgos de confrontación e incluso de violencia ante los signos evidentes de la imposición del proyecto, pero también de la movilización y resistencia opositora".

La convocatoria para conformar una misión civil de observación para dicha asamblea fue convocada entre otras organizaciones como el CECOP, por Espacio por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos Para Todos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz, Asociación Cultural Molinos de Viento.

Explicaron que para el domingo 6 de mayo, ha sido convocada una nueva asamblea agraria. Esta iniciativa gubernamental, agregaron, puede ser considerada una provocación, después de que los campesinos opositores han ganado en los tribunales la anulación de las asambleas que ilegalmente y con severas irregularidades dieron "su anuencia" para la construcción del proyecto.

Las organizaciones no gubernamentales como Calpulli Tlatoami, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras, consideraron que esta acción se realiza en medio de un clima de tensión provocado por la detención -y posterior liberación- de uno de los dirigentes opositores, con una creciente campaña de propaganda de la CFE para la aprobación del proyecto, después de cuatro años de resistencia.

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