Octavio Rodríguez Araujo
Parece asunto secundario, pero no lo es. Se trata de un indicio más de las tendencias públicas que se resisten a ver los despistados ciudadanos que refrendaron al Partido Acción Nacional en los gobiernos federal y de algunos estados de la República. Me refiero al problema de la basura en Morelos que estalló en una severa crisis el año pasado, antes de las elecciones para el cambio de poderes de la Federación, y que todavía no se resuelve positivamente.
En Morelos, como supongo que ocurre en otras entidades del país, los ciudadanos pagan un impuesto extra por servicios municipales. Hasta donde entiendo, éstos incluyen alumbrado público, recolección de basura y mantenimiento de calles y avenidas. Un tipo listo, según se dice, inconformó a los habitantes de otro municipio para que se negaran a que la basura producida en Cuernavaca fuera tirada en un predio de su territorio. Es muy probable que tuvieran razón, pues según las notas periodísticas ese predio carecía de elementos para garantizar que los habitantes de los alrededores no sufrieran la contaminación propia de ese tipo de tiraderos a cielo abierto.
El resultado fue que las toneladas de basura producidas en la capital del estado no tenían un destino propio y adecuado. Fue menester contratar otros lugares, incluso en el estado de México, para tirar la basura. Mientras tanto, en la ciudad capital, hubo una crisis de sobresaturación de contenedores y los desechos se acumularon en aceras, camellones e incluso en las calles, con las siniestras consecuencias ambientales que todo mundo puede imaginar.
Al parecer hubo licitaciones gubernamentales para contratar a una empresa privada que se hiciera cargo no sólo de la basura, sino de su reciclamiento. Es decir, que alguien, con tecnología adecuada, aceptara hacerse cargo de la basura y aliviar al municipio de ese problema. Según lo que se dice, ya encontraron quién se encargara del asunto, pero del paquete completo y no sólo de recibir la basura y convertirla en otra cosa (no soy experto en el tema).
Los trabajadores municipales encargados de recoger y transportar la basura han señalado que serán despedidos y hay choferes, con 20 años de servicios, que afirman que les darán una indemnización de 5 mil pesos, y una atenta despedida que incluye una invitación a pasar al ya abultado sector del desempleo mexicano.
Esta política gubernamental es reprobable por varias razones, pero en primer lugar por el despido de sus trabajadores que, dicho sea de paso, realizan esa labor por necesidad y no por gusto, pues no es común encontrar gente que le guste manipular basura, es decir, lo peor de los desechos humanos.
Lo que se sabe, con base en información de otros municipios del mismo estado, es que las empresas contratadas comenzaron a prestar el servicio como antes lo hacían las autoridades públicas, pero que al cabo de unos meses instauraron, por sus pistolas, el cobro por número de bolsas. Si esto es cierto, quiere decir que en Cuernavaca ocurrirá lo mismo, y la gente se preguntará si a cambio de esos pagos serán devueltos los impuestos especiales que se cobran por los servicios municipales, uno de éstos precisamente relacionado con la basura.
¿Ya se entendió por qué dije al principio que el asunto es sólo en apariencia secundario? Se trata, debo insistir, de una tendencia de los gobiernos panistas y, antes, de los empanizados inaugurados en México por Carlos Salinas de Gortari y sus tecnócratas ávidos de ganancias fáciles mediante la compra de empresas públicas o por la venta de los llamados contratos complementarios de servicios privados en instituciones públicas, como se ha venido haciendo en el sector salud y en otros menos llamativos.
El artificio, empleado hábil y tramposamente, ha sido producir una crisis en un servicio público para que la gente exija soluciones con desesperación, aceptando incluso la privatización de la cosa pública. Este ardid se ha seguido en el IMSS y en el ISSSTE, en la educación pública (ampliando el número de escuelas privadas), en Pemex, y ahora en los servicios municipales como el de la basura. No pasará mucho tiempo para que los usuarios exijan lo mismo, a gritos, en el campo de la producción y la distribución de electricidad, pues las empresas públicas encargadas de suministrar energía eléctrica operan cada vez con menos eficiencia.
Privatizar servicios no es equivalente a mejoría. Esto está demostrado en muchas empresas que han pasado a manos privadas y funcionan muy mal, tanto en México como en el extranjero, o que ahora cobran tarifas desproporcionadas para un país donde la mayor parte de su población es pobre y paupérrima.
Lo que está ocurriendo en contra de la nueva Ley del ISSSTE (los miles de amparos) es un ejemplo de la reacción de la sociedad en contra de uno más de los atropellos que los panistas (y sus cómplices de otros partidos) han querido y quieren imponer para que sus socios hagan más dinero, hasta con la basura, pues finalmente no son ellos los que se ensucian las manos -o eso creen.
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