Orlando Delgado Selley
Desde hace tiempo el Banco Mundial (BM) ha insistido en que una de las razones por las que no se han logrado las metas económicas ofrecidas por los promotores de las reformas de mercado es la concentración del ingreso y del poder. En 2005 en el Informe sobre el desarrollo mundial el tema central fue equidad y crecimiento y su inverso inequidad y mediocridad del crecimiento. A finales de 2006 publicó La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento en México; en febrero dio a conocer un extenso análisis sobre la desigualdad en América Latina y hace unos días entregó el estudio Gobernabilidad democrática en México, más allá de la captura del Estado y la polarización social.
Esta insistencia pudiera resultar extraña para algunos, ya que la enorme desigualdad está relacionada con las políticas que el BM ha venido preconizando. Sin embargo, si se piensa en América Latina la preocupación es explicable. En la región las izquierdas gobiernan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela y su gestión parece más exitosa que la de sus vecinos. México pudiera convertirse en un valladar invaluable en la defensa del modelo neoliberal si, y sólo si, su economía funciona de manera adecuada, mejorando sensiblemente el nivel de vida de la población.
El asunto es estratégico para el BM. Pero para que el gobierno mexicano instrumente sus recomendaciones hace falta que, primero, se convenza de su pertinencia, luego decida hacerlo y, en seguida, sea capaz de llevar a cabo una serie de acciones que combatan la desigualdad. Se trataría de construir un programa político de lucha contra la desigualdad. Esto, sin embargo, no resulta apremiante para el gobierno de Calderón. Para ellos, el terrible desnivel de los campos de juego económico y político no es inadecuado. Al contrario, todo indica que entre sus prioridades está conseguir mayores desniveles.
La ley Televisa fue aprobada por todos los partidos con representación en la Cámara de Diputados. La concentración en telefonía, con sus impactos en los costos generales, tampoco parece preocuparles. Un sistema financiero con costos por sus servicios muy por encima de los existentes en otros países, que acapara el ahorro en cuatro empresas y que, además, no lo usa para financiar actividades productivas. Junto a esa concentración monopólica está la sindical. El SNTE y otros sindicatos antes priístas, y ahora lo que resulte políticamente conveniente, son factores que generan inequidad económica y, sobre todo, han minado la democracia.
De modo que al gobierno no le interesa combatir los "grupos de interés ni los monopolios", ya que son parte de la alianza que le apoyó para mantenerse en el control del aparato administrativo. Los impactos económicos y políticos de su permanencia están entre los costos descontados por el aparato. La falta de competitividad de la economía no ha impedido que esos grupos monopólicos empresariales y sindicales incrementen su patrimonio. Los listados de Forbes son elocuentes no sólo por lo que ha crecido la fortuna de Slim, sino por la de los otros grandes ricos que, precisamente, controlan las industrias cementera, cervecera, farmaceútica y el sector financiero.
Justamente por ello el BM ha decidido hacer campaña. Convencer a la opinión pública de que debe nivelarse el campo de juego. De otra manera se complicará la gobernabilidad, la democracia languidecerá y el crecimiento será pírrico, aunque contemos con estímulos tan relevantes como el precio del crudo y las remesas de los migrantes mexicanos. El impacto de sus análisis y recomendaciones crecerá si se genera un movimiento ciudadano que obligue al gobierno a actuar.
Entender la motivación del BM es importante, porque ayuda a la formación de un frente antimonopolios que pudiera generar acciones que establezcan las coordenadas de una democratización profunda, del retorno a una posición competitiva y que dé inicio a una verdadera lucha contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la laxitud de sus propuestas poco ayuda. La relección de los legisladores, el que rindan cuentas, olvida que son el producto de un sistema político que está también concentrado. El oligopolio político escoge a sus candidatos no por su capacidad y convicciones, sino por su pertenencia a los grupos de interés empresariales, sindicales y políticos. Así que para combatir verdaderamente la concentración hace falta algo más que recomendaciones.
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