Ayer los senadores demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de reforma migratoria, el cual cuenta con el apoyo de la Casa Blanca. Aunque la iniciativa, sujeta todavía a debate en el Congreso estadunidense, prevé pasos concretos para supuestamente regularizar a unos 12 millones de trabajadores indocumentados, también incluye duras medidas de corte represivo y policiaco, que sólo pueden perjudicar a los migrantes y sus familias.
De acuerdo con el estudio South-South migration and remittances (Migración y remesas Sur-Sur), elaborado por el Banco Mundial, la frontera México-Estados Unidos es el mayor corredor migratorio del mundo, por el cual han circulado 11.5 millones de mexicanos en los últimos años. Este corredor se distingue de otros debido a su marcado carácter económico: se trata de un flujo de trabajadores en busca de empleo, mejores salarios y condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, en contraste con los movimientos de personas desde países de Europa del este provocados por el derrumbe del bloque comunista, a principios de la década pasada, que a su vez derivó en la fragmentación de varios países y en el consiguiente traslado de poblaciones. Esta comparación refleja la magnitud de la corriente migratoria mexicana hacia territorio estadunidense.
A la luz de estos datos, el proyecto de reforma migratoria ofrece tan sólo avances limitados, como han señalado diputados de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
El proyecto implica contratar 18 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza, construir 600 kilómetros de muro en la línea divisoria, otros 320 kilómetros de barreras móviles, edificar 70 torres de radar y dotar de recursos a las autoridades migratorias para que puedan detener a 27 mil 500 personas al día. Queda claro que estas medidas, más que ordenar el flujo migratorio y coadyuvar a la regularización de los indocumentados, pretenden dificultar y frenar el ingreso a Estados Unidos, un enfoque policiaco que ya ha probado su ineficacia: anteriores iniciativas similares no han logrado detener a los migrantes y han provocado que éstos busquen rutas alternativas más inhóspitas y peligrosas para adentrarse en suelo estadunidense, causando cientos de muertes al año.
Asimismo, el proyecto prevé aumentar las penas por ingresos ilegales y por portar documentos falsos, situación que criminaliza a los migrantes y en la que se encuentran miles de trabajadores, que de esta manera quedan fuera de los beneficios del plan. También se prevé imponer multas de 5 mil dólares para legalizar a los migrantes, proceso que tomará ocho años y que implica que el solicitante regrese a su país de origen para iniciar el trámite. Es evidente que miles de indocumentados no podrán cumplir con estas severas condiciones.
Estas limitantes ponen en evidencia que el proyecto, lejos de constituir una vía a obtener la ciudadanía, en realidad establece una ciudadanía restringida, ya que no regularizará al universo de 12 millones de mexicanos indocumentados y tampoco reducirá el flujo migratorio; únicamente apunta a cubrir la demanda estadunidense de mano de obra y a deshacerse del excedente, por lo que este problema seguirá vigente en las relaciones bilaterales.
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