El tema central del momento es la seguridad pública. Es una dramática paradoja que en un país con una presencia insultante de todo tipo de monopolios, el único que verdaderamente importa para la seguridad ciudadana, el monopolio en el uso legítimo de la violencia, está siendo sistemáticamente erosionado. ¿Cómo enfrentar la violencia criminal? Desde una perspectiva represiva era inevitable el uso del Ejército mexicano para confrontar al crimen organizado, dado el total deterioro de los órganos policiacos. Todos también sabemos que es insuficiente. Se requiere cambios fundamentales en la prevención de los delitos y en la procuración de la justicia. El ámbito mismo de la represión al crimen organizado reclama transformaciones sustanciales. El gobierno del presidente Calderón decidió hacer de la seguridad pública el eje central de su gobierno. Es, sin duda, una de las demandas más sentidas de los ciudadados. Pero el despliegue de fuerzas concentrándose en diversos puntos del país ha generado una reacción en cadena de las redes del crimen organizado que se despliegan a lo largo y ancho del país.
Vasos incomunicantes. Mientras tanto instancias decisivas del Estado y de la sociedad, como el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, los gremios, se desempeñan en otros ámbitos separados al menos discursivamente del tema central de la inseguridad pública. No es que no sean importantes y en algunos casos cruciales las cuestiones que se discuten. Tomemos la discusión clave en la Suprema Corte de Justicia sobre la llamada ley Televisa o el complejo proceso iniciado desde el Senado sobre la reforma del Estado. Pero no se encuentra una perspectiva articuladora. Los partidos políticos siguen volcados hacia adentro sin poder atinarle a la fórmula que permita convivir a diversas sensibilidades bajo un mismo techo. El inicio de la temporada electoral con las elecciones en Yucatán es un mal presagio de lo que puede ocurrir si los actores políticos rehuyen el veredicto de las urnas y el arbitraje externo.
Pero lo decisivo es la fragmentación del espacio público. Esas diferentes esferas de discusión y deliberación no se conectan entre sí. La causa de estos vasos no comunicantes la encuentro en las características de la actual coyuntura. No existe ninguna fuerza claramente mayoritaria en la escena política ni tampoco ninguna fuerza hegemónica en el terreno discursivo. En el terreno político, los tres partidos principales al no contar con una mayoría clara ni en las instituciones representativas ni en el ámbito de la sociedad -sea opinión pública, sea expresiones sociales- tienden simplemente a contrarrestarse. La inercia además se ve alimentada por la fantasía que en 2009 alguien tendrá una amplia mayoría para gobernar desde el Ejecutivo o desde el Congreso. Yo veo en cambio un escenario de decadencia administrada.
¿Cómo sortear esa inercia, cómo romper la parálisis? A partir de una iniciativa política que sea capaz por su propia naturaleza de articular instancias fragmentadas y de establecer puentes de vinculación. Para mí esa iniciativa es una reforma hacendaria no economicista. Con esto quiero decir una reforma económica conciente, y más bien deliberadamente construida por sus consecuencias políticas y no sólo económicas.
Cinco componentes de la reforma. Primero, un cambio del régimen fiscal de Pemex. para evitar que se siga deteriorando la empresa nacional y para establecer un fondo anti-cíclico que garantice el mantenimiento de un cierto ritmo de inversión pública cuando la economía presente signos de decaimiento como actualmente. A cambio, Pemex en consulta con los ciudadanos y sus distintas expresiones políticas, presentaría al Congreso de la Unión en un año una propuesta de reforma energética; es decir, más allá de la empresa misma. Esto permitiría que en 2008 se abordara con amplitud la deliberación en torno a la reforma energética. Además esto obligaría a realizar una real reforma fiscal. Segundo elemento. Desaparición del régimen consolidado y un impuesto a las ganancias en la bolsa. A cambio de esta mayor recaudación a los más ricos el incremento de estos impuestos se canalizarían preferentemente a dos ámbitos. Un sistema de transferencias directas a la población similar al llamado ingreso mínimo ciudadano y a reforzar el sistema de seguridad pública. Los legisladores establecerían el compromiso de presentar en un año una propuesta sobre el IVA y sobre la administración del sistema tributario. Tercero, creación de un sistema de monitoreo ciudadano permanente al ejercicio del gasto público tanto en el ámbito federal como en los estado desde las cámaras de Diputados, pero con intervención de organizaciones ciudadanas. Cuarto, una propuesta del Ejecutivo de transformación en la composición del gasto programable incluyendo una reducción de los sueldos a funcionarios como parte de una racionalización programada y razonable del gasto corriente, así como un clara prioridad a la inversión, sobre todo en infraestructura. El punto central, empero, sería la transformación paulatina de diversos programas de combate a la pobreza de carácter focalizado como Oportunidades, por un sistema universal de transferencias directas. Y quinto, una propuesta consensada de los partidos políticos para reducir sustancialmente el gasto en la política. Lo mismo se esperaría que hiciera el Poder Judicial y los congresos locales.
Este paquete tiene dos características. Cada elemento sostiene al otro y, cada elemento da origen a un proceso de reformas en ámbitos distintos: energético, fiscal, electoral, participación ciudadana. Los efectos políticos buscados son tres. Establecer puentes para rearticular el espacio público. Un mecanismo de pesos y contrapesos en las ganancias y pérdidas de distintos actores. Una lección ejemplar hacia la ciudadanía de reforma de las clases dirigentes sobre todo por el peso de la opinión publica. Rompería la inercia y abriría un amplio campo a la competencia y a la innovación institucional
¿Es esto inviable? Puede ser. Pero menos realista para todos los actores políticos y económicos relevantes del país es que sigan creyendo que el país puede aguantar más tiempo en la parálisis sin desarticularse severamente.
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