Oleadas de denuncias

De la revista Proceso por Jorge Carrasco Araizaga

Los operativos contra el narcotráfico comenzaron ya a afectar a la población civil de varios estados del país. Las fuerzas gubernamentales, sobre todo el Ejército, han ido más allá de sus objetivos persecutorios y se encuentran involucrados en decenas de acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Según datos proporcionados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a petición expresa de Proceso, hasta antes de la incursión de la semana pasada del Ejército en Michoacán el organismo investigaba 49 quejas, la mayoría contra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, trato cruel degradante, retención ilegal e incluso robo.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, informó el viernes 11 que hasta el día anterior, jueves 10, había 30 denuncias contra integrantes del Ejército desde que éste ingresó a Michoacán en diciembre.

En ese contexto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos optó por asumir un bajo perfil, a pesar de que ese tipo de abusos eran previsibles desde que el presidente Felipe Calderón ordenó los operativos antinarco a sólo 10 días de haber asumido el poder.

Hasta el pasado martes 8, la CNDH registraba 28 quejas en 11 estados, incluidos algunos donde formalmente no se realizan operativos militares. Varias de esas denuncias implican a más de una autoridad, por lo que el número de afectaciones denunciadas se eleva a 49. Los actos denunciados como violatorios en ese conjunto de quejas llegan a 90.

Ese registro no incluye las detenciones, cateos y persecuciones que realizaron la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército después del enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Apatzingán, Michoacán, el lunes 7.

Varias de las personas detenidas en esa ocasión tuvieron que ser liberadas por la PGR porque el Ejército no pudo acreditar su participación en ese enfrentamiento o en ataques a soldados como el ocurrido entre el 1 y 2 de mayo en Carácuaro, Michoacán, en donde murieron cinco militares y cuatro más resultaron heridos.

Precisamente en Michoacán se ha interpuesto el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos. De las 28 registradas en todo el país, casi la mitad (11) es por hechos ocurridos en ese estado. Le siguen Sinaloa con cuatro, el Distrito Federal con tres, y Chiapas y Oaxaca con dos cada uno. Aparecen en los registros de la CNDH con una queja cada uno Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Sonora y Tamaulipas .

El número de agravios denunciados se incrementa a 49 cuando se toma en cuenta a las autoridades presuntamente responsables de cometerlos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene 28 quejas, la PGR 14 y la Policía Federal Preventiva (PFP), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dos.

Y con una denuncia cada una aparecen la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, el ayuntamiento de Torreón, Coahuila; la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.

Los hechos más denunciados son los cateos y visitas domiciliares ilegales (18 casos), el ejercicio indebido de la función pública (17) y las detenciones arbitrarias (13). También se registran siete quejas por trato cruel o degradante, seis por robo, cinco por retención ilegal y cuatro por imputación indebida de hechos. Las amenazas, el daño en propiedad ajena y la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica aparecen con tres denuncias cada uno. Con dos, el aseguramiento indebido de bienes, la prestación indebida de servicio público, violación a los derechos de los migrantes y violación a los derechos de igualdad y al trato digno. Y con una queja cada uno se registran el ejercicio indebido del cargo, el empleo arbitrario de la fuerza pública y la violación a la libertad de tránsito y residencia.

Según la CNDH, en Guerrero y Baja California, donde se han practicado numerosas detenciones en el marco de los operativos, no se ha presentado ninguna queja por violación a las garantías fundamentales de las personas. En cambio, sí hay denuncias en Chiapas, Oaxaca, Coahuila, el Estado de México y el Distrito Federal, donde formalmente no se han puesto en marcha operativos ordenados por Calderón.

Diferencias acalladas

La respuesta de las comisiones estatales ante la proliferación de quejas ha sido cauta.

El 22 y 23 de febrero pasado, a más de dos meses del inicio de los operativos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –integrada por los organismos autónomos estatales– se reunió en la ciudad de Chihuahua. Ahí, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, intentó que dicha federación se manifestara respecto de los operativos.

“Lo único que se pretendía decir era que la vigencia del estado de derecho no debe estar divorciada del respeto a los derechos”, especifica Loza. En su propuesta agregó que si se respetaban las garantías ciudadanas y los derechos humanos, se lograría un mayor respaldo a las tareas de restablecer la seguridad ciudadana y erradicar tanto la drogadicción como la delincuencia organizada.

“A duras penas hubo un acuerdo –dice Loza Ochoa–, pero al final de cuentas no se cumplió. Yo mandé un borrador y (los representantes de las comisiones estatales) comenzaron a plantear que no era el momento, por la situación que se vivía en varios estados y que, al contrario, complicaba la situación. Insistí en el caso de Michoacán. Les pedí que, aunque de manera muy tímida, dijéramos algo. Pero me respondieron que en ese estado no había ninguna queja contra los operativos. A lo mejor no tenían registrada ni una, pero eso no quiere decir que no hubiera”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, Óscar Humberto Herrera López, quien encabeza la federación, dice que finalmente en abril se publicó en el periódico El Sol de México un desplegado en el que “exhortamos que los operativos se conduzcan con legalidad”, aunque su organización aún no tiene una posición con respecto de los operativos.

“Es un tema que estamos analizando –continúa– y que va a ser planteado en la reunión de la tercera semana de junio. Sólo tenemos el acuerdo de solicitar que los operativos se hagan conforme a la legalidad. No podemos ir más allá. No podemos prejuzgar.

“Además, las quejas que se presentan relativas a los operativos no significan que sean efectivamente violaciones a los derechos humanos. Es obligación de cada comisión investigar y en su oportunidad emitir una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad.”

La no responsabilidad es la que, al parecer, determinó la CNDH en algunos casos de Sinaloa. Con la experiencia de la operación Cóndor, emprendida por la PGR y el Ejército a partir de 1976 para erradicar los cultivos de mariguana y amapola en ese estado, el presidente de la CDH de ese estado, Óscar Loza, señala que el operativo en el llamado “triángulo dorado” –formado por la parte serrana de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa– ha dado lugar a nueve quejas por violaciones a los derechos humanos en su estado.

Esa cifra no coincide con lo registrado por la CNDH, que sólo admite cuatro. Sin embargo, Loza apunta que “en el caso de Sinaloa documentamos nueve quejas tanto de la ciudad como de zonas rurales por presuntas violaciones cometidas por el Ejército y la Agencia Federal de Investigación (AFI). Se trata de hechos ocurridos tanto en la zona urbana como rural de Culiacán y en el municipio de Badiraguato”, en la zona serrana.

Esas quejas fueron por allanamiento de morada sin orden de cateo, detenciones arbitrarias, retenciones arbitrarias y robo de documentos y dinero. Los casos fueron entregados a la CNDH por tratarse de asuntos que le competen. ?