¿Borrón?

José Blanco

Me uno al beneplácito que el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo en relación con la llamada ley Televisa. Aunque es falsa la franqueza de Televisa al expresar que no tiene reproches que hacer a la SCJN por sus sentencias y que acatará lo que ha decidido (no más eso faltaba), celebro que lo haya puesto en blanco y negro, públicamente.

Pero Televisa ha expresado también su "preocupación" porque las decisiones de la SCJN puedan ser un obstáculo al desarrollo y la convergencia tecnológicas. Es de esperar que no sea puro petate y que la empresa explique públicamente, con minuciosidad, esa su "preocupación", a efecto de que la sociedad mexicana y el Congreso puedan tener en cuenta su alegato -si está correctamente fundamentado desde el punto de vista técnico-, si es que va a corregir el bodrio.

La ley Televisa era un atraco al país, una bofetada y un bloqueo definitivo a las radiodifusoras comunitarias, una inaceptable atribución de facultades discrecionales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una ley promonopólica que permitía a las dos grandes televisoras "incrementar su poder económico al acceder a servicios adicionales en telecomunicaciones sin licitación y sin el pago obligado al Estado por el uso del espectro radioeléctrico, además de obtener concesiones por 20 años, con la posibilidad de refrendarlas de manera automática", como decían en su reporte Andrea Becerril y Jesús Aranda (La Jornada 06/6/07). Una ley que a las claras vulneraba preceptos constitucionales referidos a los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios. Una ley que disponía que la subasta pública fuera el mecanismo para el otorgamiento de concesiones, con lo cual el mejor postor cargaría con ellas, o sea, Televisa y compañía. Una ley lacra a más no poder.

En un país repleto de injusticias se quería agregar una montaña adicional de las mismas. "La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia'', resumió el ministro Góngora Pimentel. Un robo en despoblado, un pico récord de gandallez.

Pero la ley Televisa no la pasó a trasmano el Espíritu Santo, ni fue obra de generación espontánea. Fue iniciativa, casi podría jurarse, de Azcárraga y Salinas (el Electro), cuyos poderosos recursos lograron hacer que la leyecita se convirtiera en una cadena única de intereses formada por los del duopolio, el Ejecutivo, y los diputados y senadores de los tres partidos. Alguien, algún día, debiera poder presentar a la sociedad los nombres y apellidos que formaron la cadena de punta a punta. ¿O, como siempre, no hay fuerza, instancia, autoridad, capaces de evitar un nuevo pero inmenso mexicanísimo borrón y cuenta nueva?

Podría jurarse que esto último es precisamente lo que ocurrirá. ¿A cambio de qué cada diputado y cada senador de los tres partidos de la 59 Legislatura, que aprobaron ese endriago legislativo, lo hicieron? Como siempre, nunca lo sabremos. Intereses fundamentales de todos los ciudadanos se habían ido a la basura, y ahí los había arrojado el puño de gandallas que tomados de la mano formaron esa despreciable cadena de arbitrariedad y despotismo.

Impresiona hasta el grado de grave alarma que el poder de las televisoras haya logrado en la oscuridad hacer que agacharan la cerviz esos diputados y senadores de los ¡tres partidos! Su majestad, el capital del duopolio, como máximo poder de la República. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso actual, ya no digamos con la ley en cuestión, sino con el poder mediático, que hoy ocupa el trono del país?

Corresponde al Congreso una reforma del Estado que impida que la llamada clase política sea absolutamente independiente de la ciudadanía. Esa desvinculación total explica que diputados y senadores, más allá de los idearios de los que cada fracción parlamentaria presuma, hacen lo que les viene en gana, es decir, lo que conviene a sus intereses particulares políticos y económicos.

Diputados y senadores hacen todo lo que pueden para ganar más y más desprestigio, pero eso no entra en sus cuentas ni en sus consideraciones más primarias, precisamente porque los ciudadanos estamos totalmente desarmados frente a sus arbitrariedades.

Que Televisa y Tv Azteca quieran apropiarse el país, ¡hombre!, quién puede asombrarse de ello; está en la índole íntima del duopolio comerse el pastel completo y dejar en el hambre al resto del país. Pero que los representantes de la sociedad en el Poder Legislativo se comporten de la misma manera, resulta inadmisible, intolerable.

Sólo podremos evitar ser víctimas de ese nudo contranatura de intereses cuando los ciudadanos tengan el poder sobre los partidos políticos.