Critican que se considere nocivos a esos negocios y se orille a la marginación de los trabajadores
MATILDE PEREZ U.
La informalidad de muchos negocios es una trampa, pues no permite el crecimiento, consideró Imanol Belausteguigoitia, del ITAM, en el seminario Políticas públicas para el desarrollo Foto: José Carlo González
En la economía informal o "economía sombra" se emplean seis de cada 10 mexicanos, y aunque su presencia es notable no existe un marco legal que la regule, apuntaron especialistas en el tema durante el seminario Políticas públicas para el desarrollo, que organizó la Universidad Iberoamericana en coordinación con la trasnacional Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los ponentes sugirieron que los programas gubernamentales dirigidos a los pobres sean medidos y evaluados y se termine con la multiplicación de las instituciones destinadas a atender ese problema social y con la aplicación fragmentada de los programas. También sugirieron realizar una mejor y mayor difusión entre la población para que dichos programas lleguen a los sectores más desprotegidos, ya que en la política pública quienes están dentro de la economía informal siguen excluidos.
Imanol Belausteguigoitia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, presentó una investigación en torno al desarrollo de las empresas familiares que se han multiplicado en las zonas rurales a causa de la migración, pero cuyos integrantes se resisten a registrarse ante las autoridades y permanecen en la marginalidad por la baja escolaridad. La informalidad es una trampa porque no permite el crecimiento, pero surge por la incapacidad del mercado, las crisis recurrentes, la desigualdad y la baja escolaridad, abundó.
Sostuvo que según la Encuesta Nacional de Micronegocios, en el país hay 2.7 millones de microempresas, de las cuales 451 mil son familiares y la mitad de sus participantes sólo concluyeron la secundaria. "Son negocios en los que los salarios son bajos, pero muchos han encontrado una solución inmediata a sus problemas económicos", acotó.
Los esfuerzos para integrarlos a la economía formal continúan, pero a esos cientos de miles que integran ese mundo de la economía informal se les sigue considerando nocivos, se les deja marginados y excluidos y forman parte de los 48 millones de mexicanos pobres que están en las mismas circunstancias de exclusión de la cultura de los procesos políticos y hasta de los espacios sociales, ya que a los lugares donde viven se les llama "ciudades perdidas", abundó María del Carmen Díaz, del Programa Nacional de Fomento al Microempresario (Pronafin) de la Secretaría de Economía.
Explicó que el Pronafin está dirigido a los "muy pequeños empresarios", ya que los créditos que otorga van de 500 a dos mil pesos. "Para ustedes -dijo a los estudiantes de la Uia- 500 pesos es una cantidad insignificante, no es ni el gasto que les dan para un fin de semana, pero para muchas familias significan dar o no de comer a sus hijos".
Aseguró que dicho programa no es asistencialista y está dirigido a familias con ingresos máximos de mil 300 pesos mensuales; a la fecha se han entregado 5 millones de créditos, "cuya mayoría está en manos de mujeres", y se trabaja con 156 organizaciones. "Este no es un programa subsidiado, sino apegado a la realidad social", sostuvo.
La Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres -presidida por Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Estados Unidos, y Hernando Soto, economista peruano- trabaja conjuntamente con gobiernos y organizaciones multilaterales y no gubernamentales para analizar los riegos reales de extender derechos formales a las personas que viven sin la protección del ordenamiento jurídico; pero también considera que los gobiernos deben asegurar el acceso a todos los pobres a mecanismos más accesibles y transparentes para que puedan ejercer sus derechos, se explicó en el seminario.
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