Caliente

León Bendesky

El asunto del cambio climático está de lleno en la escena de la política internacional. A escasos días del inicio en Alemania de la reunión de los países más ricos del mundo, el G-8, el presidente George W. Bush dijo que propondrá una serie de medidas para reducir las emisiones que provocan el efecto invernadero, asociado con el cambio climático que registra la Tierra. Todo esto, al margen de los acuerdos del Protocolo de Kyoto, que vencen en 2012 y que su gobierno no aceptó.

La iniciativa de Bush pretende fijar metas de largo plazo (50 años) para reducir las emisiones de gases invernadero, para lo cual negociaría las metas con los 15 países que son los mayores emisores. La propuesta no fue bien recibida por sus contrapartes de la Unión Europea que la ven como una maniobra para mantener las discusiones y la definición de las medidas de gestión ambiental fuera del entorno multilateral.

Así, lo que parecería ser, finalmente, un cambio en la política ambiental de Bush, se advierte como una forma de controlar los debates en la reunión que empieza el 6 de junio y, también, como un intento por sostener la visión estadunidense sobre el tema. En todo caso se ve como un gesto débil de una administración a punto de terminar y cuya imagen está marcada por la renuencia permanente a comprometerse con una política para enfrentar el calentamiento global.

Este fenómeno que, en efecto, es global, pues involucra a todo el planeta, se expresa de manera muy desigual para los distintos países y sus habitantes. En este caso, como ocurre igualmente con los procesos económicos y sus repercusiones sociales, la marca definitoria es la desigualdad.

Los países más industrializados son los mayores emisores de gases invernadero (ahora se suman China e India), pero son, también, los que tienen más posibilidades de enfrentar los efectos adversos que se producen. Sin embargo, en las naciones más pobres esos efectos, y los que se prevé que ocurrirán en las próximas décadas, serán mucho más devastadores para su población.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el informe que hace poco presentó el grupo intergubernamental sobre cambio climático que opera en la ONU. La división observable en materia climática se manifiesta entre los países ricos -que están más alejados del ecuador que experimentan menos repercusiones de la elevación de las temperaturas y, sobre todo, que tienen más recursos para contenerlas- y los pobres.

El mismo informe predice que habrá más sequías en el sur de Europa y el Medio Oriente, en el Africa subsahariana y el sureste de Estados Unidos y en México. Al mismo tiempo, se espera que haya inundaciones por la elevación del nivel del mar debido al deshielo de capas polares y que pondrán en peligro regiones isleñas y los deltas de los ríos en el sur de Asia y Egipto.

La desigualdad es uno de los aspectos esenciales del cambio climático y lo vuelve un asunto que va más allá de las consideraciones asociadas con la naturaleza y la meteorología: lo convierte en una fuente más de conflicto social. Para enfrentarlo no se cuenta aún con instrumentos efectivos de cooperación. Aunque en un principio pueda parecer un juego de suma cero en que las ganancias de unos son pérdidas de otros, que pueden compensarse con transferencias de dinero y otros recursos, no es claro cómo es que esto podría ocurrir. Hoy, se estima que limitar las emisiones representaría una pérdida equivalente a 3 por ciento del PIB mundial: nadie parece dispuesto a absorber la parte que le corresponde de ese costo.

En los países más ricos, responsables de la mayor parte de las emisiones de gases invernadero, ya se están haciendo inversiones en plantas con energía eólica para desalinizar el agua y hacerla potable, otras para construir barreras contra las inundaciones y casas flotantes, y se desarrollan plantas de soya genéticamente adaptadas para cultivarse en zonas de sequías. En Africa, que genera menos de 3 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono, la población de casi 850 millones de personas tiene los mayores riesgos derivados de sequías, escasez de agua potable e inundaciones. También tiene los menores recursos para enfrentar esos riesgos.

Según las muy breves consideraciones que se hacen sobre el cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que recientemente presentó el gobierno, se estima que México generó en 2002 alrededor de 1.5 por ciento de las emisiones totales de CO2 y está entre los 15 países con más emisiones. Las fuentes de la emisión, conforme al documento de referencia, son el sector energético 61 por ciento (24 por ciento la generación de electricidad), procesos industriales 7, deforestación 14, agricultura 8, y descomposición de residuos orgánicos 10 por ciento. Los objetivos y las estrategias que se fijan en el PND son de índole muy general y las acciones que se contemplan muy difusas.

Aquí también el tema de la desigualdad es crucial en la consideración de los efectos del cambio climático. Ellos podrán convertirse en un elemento adicional de enfrentamiento por la distribución de los recursos y por las transferencias financieras de un sector a otro de la población, cuya inequidad ha marcado la historia reciente del país. Este es también un tema de la reforma del Estado que se está emprendiendo.