Oaxaca, conflicto vivo

Editorial

Los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer en la capital oaxaqueña entre elementos de la policía estatal y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que pretendían ingresar al Auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín, son prueba fehaciente de que el conflicto político-social de la entidad está vigente y dista mucho de haber sido "resuelto", como ha afirmado en numerosas ocasiones el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y como pretende aparentar, por omisión y con su silencio, el gobierno federal.

Desde hace más de un año, las autoridades estatales y federales apostaron al desgaste de los inconformes, primero, y a la represión violenta, después, para acabar con la inconformidad en Oaxaca. El gobierno de la entidad ensayó incluso tácticas cercanas a la guerra sucia, como el asesinato de más de una decena de militantes y simpatizantes de la APPO. La presidencia foxista hizo otro tanto y llenó las cárceles con presos que bien pueden ser calificados de políticos, y las fuerzas federales enviadas a sofocar el descontento incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos. El calderonismo se estrenó enviando a prisiones de máxima seguridad a dirigentes de la organización popular. Tras esas "soluciones" a sangre y fuego las protestas amainaron y los gobernantes dieron por concluido el episodio.

Sin embargo, Oaxaca sigue recorrida por la exasperación, y las medidas represivas no han cesado. Por el contrario, en semanas recientes se ha llegado al extremo de las desapariciones forzosas, práctica que representa una regresión de tres décadas y que introduce un factor que pone la legalidad entre paréntesis y que descompone severamente la relación entre gobernantes y gobernados.

En tanto, las causas del conflicto oaxaqueño siguen intactas: marginación, pobreza, falta de democracia política y sindical, corrupción y cacicazgos. Lejos de afrontar estos problemas, los gobernantes persisten en agraviar a un amplio sector de la sociedad oaxaqueña haciendo como si no hubiera pasado nada, como si la insurrección civil de la APPO no hubiese ocurrido nunca, como si no hubiera homicidios y otros delitos graves pendientes de investigar y sancionar, como si los problemas de fondo hubiesen sido atendidos.

Gobernar significa atender y resolver problemas, no aplastarlos con la fuerza del Estado para aparentar que han desaparecido. Si los gobiernos local y federal continúan actuando de esa manera, ahondarán irreparablemente la ruptura entre el México cupular y el real, en el que proliferan los descontentos políticos, sociales y económicos. Oaxaca es un ejemplo incontestable de esa ruptura: mientras que el discurso oficial habla de una entidad en armonía, paz y prosperidad, los sucesos de ayer refieren, en cambio, una sociedad polarizada y la persistencia de una situación explosiva.

A raíz de la crisis de legitimidad que arrastra de origen, el calderonismo ha refrendado alianzas con personajes que han tenido un papel preponderante en la gestación del conflicto oaxaqueño, como Elba Esther Gordillo, recientemente consagrada como dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el propio Ruiz Ortiz, con quien el Ejecutivo federal parece haber intercambiado respaldos: impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad y permanencia del gobernador en el cargo a cambio de reconocimiento político a una Presidencia impugnada.

Por último, la participación del Ejército en el cerco al Auditorio Guelaguetza es por demás preocupante, en la medida en que indica una utilización de las fuerzas armadas ya no sólo en funciones de policía, sino también en tareas propias de cuerpos antimotines, es decir, para reprimir movimientos sociales. Resulta imperativo que el gobierno federal cambie de táctica, deje de criminalizar la protesta política y social, libere a los detenidos de la APPO, aplique sus promesas -hasta ahora cuestionables- de compromiso con la legalidad y empiece por sancionar a los funcionarios públicos que han cometido atropellos contra los opositores oaxaqueños.