México, poco beneficiado con la operación del banco del TLCAN

Susana González G.

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), creado desde 1994 al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para apoyar proyectos de infraestructura en la frontera México-Estados Unidos, “no ha trabajado lo suficiente para crear mecanismos para un financiamiento equitativo entre ambos países”, en detrimento de los clientes y proyectos mexicanos.

A diferencia de sus homólogos estadunidenses, los solicitantes de México han enfrentado mayores dificultades para obtener créditos y la aprobación de sus proyectos, que van desde los tiempos de espera hasta el encarecimiento de los recursos, según revela una investigación sobre el BDAN, difundida por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), donde se precisa que de 90 proyectos financiados por la institución durante su primera década de vida, las dos terceras se desarrollaron en Estados Unidos.

“Los resultados muestran que, pese a las diferencias legales y estructurales llevadas a cabo para dar viabilidad al banco, existen diferencias más allá de una asignación cuantitiva de los recursos (…) El BDAN fortalece la inequidad en el financiamiento de proyectos”, advierte Liz Ileana Rodríguez Gámez, autora del estudio publicado por el Colef e investigadora del Programa de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de Sonora.

Además, queda en entredicho uno de los principales objetivos del BDAN, referido a “ofrecer créditos más baratos y evitar los costos de intermediación”, ya que la investigadora detalla que “al recibir un crédito y tener que pagarlo en dólares –que es la moneda de uso de ese banco– ha puesto a los promotores mexicanos en desventaja pues por la paridad peso/dólar, le ha resultado mucho más caro cubrir esa deuda que a los estadunidenses, aunado al criterio establecido para fijar las tasas de interés”.

Creado como un banco centrado en el desarrollo económico fronterizo y en el proceso de integración de los países miembros del TLCAN, el BDAN se ha enfocado en financiar proyectos de infraestructura ambiental aunque también se estableció que apoyaría “proyectos para el desarrollo de comunidades e inversiones en apoyo a los propósitos del TLCAN que cuenten con el respaldo de Estados Unidos y de México”.

Si bien originalmente se propuso que Estados Unidos aportara las dos terceras partes del capital del nuevo banco debido a que su nivel de desarrollo económico es mayor y que, por lo mismo, México tendría que ser favorecido con las dos terceras partes del financiamiento total que otorgara, al final se acordó que ambos países capitalizarían al BDAN en partes iguales y tendrán el mismo número de votos en el consejo de administración.

Tampoco se cumplió con la distribución de financiamiento para México propuesta inicialmente ya que de 105 proyectos de infraestructura ambiental para la zona fronteriza que han sido certificados en los 10 años iniciales de funcionamiento del BDAN –de los que 90 formalizaron contrato–, Rodríguez Gámez puntualiza que la mayoría fueron presentados por estadunidenses.

“Podemos percatarnos de que las comunidades mexicanas han sometido más proyectos que las estadunidenses, pero a la vez tienen el porcentaje más alto de rechazo y el más bajo de proyectos certificados”, expresa la investigadora. Las diferencias al respecto, destaca, se acentuaron “considerablemente” a partir del año 2002 y llegaron a un punto crítico en 2004, ya que por cada proyecto mexicano había 6.5 estadunidenses, proporción que se redujo en 2005 cuando las iniciativas mexicanas representaban la mitad de las estadunidenses.

De hecho, de los 90 proyectos que formalizaron contrato con el banco entre 1995 y 2005 (la mayor parte de ellos relacionados con la infraestructura de agua), 61 eran de una localidad estadunidense y sólo 29 del lado mexicano. Texas fue el estado que más proyectos concentró, con 37 en total, seguido de California con 10 proyectos, Arizona con nueve y Nuevo México con cinco, en tanto que en territorio mexicano, Sonora concentró 10 proyectos; Baja California y Chihuahua seis cada uno; Coahuila y Tamaulipas tres, mientras Nuevo León sólo tenía uno.