La situación llega a un punto kafkiano; cuestiona el manejo clientelar del Fondo Pyme
Censura Suárez Dávila que se desmantele la banca de desarrollo
Países industrializados o con fuerte desempeño refuerzan esas instituciones, asevera
Califica de ilegal la función de ProMéxico, ya que desempeña el papel de Bancomext
Francisco Suárez Dávila, en su oficina Foto: Roberto García Ortiz
Decisiones adoptadas por la actual administración han terminado por llevar a la banca de desarrollo “al peor de los mundos posibles”. Como resultado de “telarañas ideológicas”, en la última década se trató de acabar desde el gobierno con la banca de fomento. Pero ahora, resume Francisco Suárez Dávila, ex funcionario federal, ex legislador y uno de los mayores expertos en el tema, “la situación ha llegado a un punto absurdo, kafkiano”.
Se refiere en particular a lo que describe como “el desmantelamiento, cachito a cachito”, del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la entidad del Estado encargada por ley de la promoción de la actividad exportadora. Y de la conversión de Nacional Financiera (Nafin), responsable de la promoción de proyectos internos de desarrollo, en un agente que se dedica principalmente a dar liquidez a empresas mediante el pago anticipado de facturas.
También cuestiona la existencia del llamado Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme), adscrito a la Secretaría de Economía, que maneja multimillonarios recursos cada año, “de forma clientelar” y con sentido político, sin contar con mecanismos eficientes de recuperación. “Es un tipo de fondo que no existe en ningún ministerio del mundo, que debería ser integrado a Nafin”, afirma.
“Cuando se busca explicación al bajo crecimiento de la economía mexicana, una de las respuestas está en el abandono de la banca de desarrollo”, un tipo de institución surgida en México en los años 40 del siglo pasado, anterior a la creación del Banco Mundial –su análogo a escala planetaria– y que los gobiernos de países industrializados tratan de fortalecer. “India tiene tres bancos de desarrollo muy fuertes, Brasil tiene uno también muy importante; por eso logran esas tasas de crecimiento”, expone en una entrevista con La Jornada.
Diputado Federal a la LIX Legislatura, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ex representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional, Suárez Dávila ha desempeñado responsabilidades como subsecretario de Hacienda y Crédito Público; director general de Banco Obrero; de Banco Mexicano Somex; director financiero de Nacional Financiera, y gerente general de Asuntos Internacionales del Banco de México.
Es a propósito de la decisión de la actual administración federal de transferir a un fideicomiso creado mediante un decreto presidencial en junio pasado, llamado ProMéxico, las funciones de promoción del comercio exterior que ahora realiza el Bancomext, que Suárez Dávila expone sus puntos de vista sobre esa institución en particular y la banca de desarrollo en general.
El punto de partida es un debate de consecuencias humanas importantes: 230 especialistas de Bancomext están sujetas a un peloteo, en el limbo, con riesgo de que se violen sus derechos laborales, por la decisión del gobierno de transferir a ProMéxico las funciones que ahora realizan, dice.
“ProMéxico está en una situación de ilegalidad que sorprende en un gobierno que ha dicho que el estado de derecho es muy importante”. Es ilegal, añade, porque se le transfiere personal y recursos humanos y materiales del área de promoción de comercio exterior del Bancomext, que tiene esta función al amparo de una ley del Congreso de la unión.
Suárez Dávila, quien ha podido conocer algunos aspectos del nuevo decreto que piensa publicar en breve el gobierno federal para concretar la transferencia de funciones de promoción de comercio exterior a ProMéxico, dice que la intención es dejar a este fideicomiso en libertad de aceptar o no al personal del área de promoción del comercio exterior de Bancomext.
El gobierno federal, asegura, está cometiendo un error. Es correcto, por un lado, que ProMéxico pueda desarrollar funciones de promoción de la inversión extranjera directa (IED). “Pero la promoción de la IED es una actividad distinta de la promoción del comercio exterior. En la primera, por definición, es gente que trae sus propios recursos. En la promoción de nuestro comercio exterior nosotros ponemos los recursos”.
Agrega que quitar la función de promoción de comercio exterior a Bancomext para pasarla a ProMéxico es “volver a la época (del presidente Luis) Echeverría (1970-1976), en que se demostró que separar la promoción del comercio exterior del financiamiento al comercio exterior son puras buenas intenciones, no funciona. La promoción del comercio exterior y su financiamiento tienen que estar juntas, como está en la ley de Bancomext. Esa fue la lección que viene de los años 70 y que no se ha atendido”.
Llega al punto de la banca de desarrollo en una visión más general. Dice que este tipo de instituciones “es un invento mexicano y una contribución de México a las políticas de desarrollo económico a nivel mundial”.
El desarrollo económico del país no se explica sin el papel de la banca de desarrollo, está históricamente probado, agrega.
Nacional Financiera, por citar un ejemplo, contribuyó a la creación de una serie de industrias básicas que permitió al país industrializarse: en el acero, el cobre, los fertilizantes; que se apoyara la infraestructura del país, la generación de energía eléctrica. Bancomext, por su parte, fue un instrumento “poderosísimo” de promoción del comercio exterior.
Enumera una serie de lo que llama “aberraciones”: a Bancomext lo han “desmantelado”; Nafin se ha dedicado al factoraje, aunque comienza a realizar ya algunas funciones de otorgar capital de riesgo y coordinar proyectos de infraestructura.
“Otra verdadera aberración es lo del Fondo Pyme, adscrito a la Secretaría de Economía, un banquito de desarrollo que tiene recursos importantes, pero no cuenta con normas bancarias serias, que no tiene mecanismos de recuperación serios y que por lo tanto está dando recursos a fondo perdido que le quita clientes a Nafin a través de que da recursos en forma más fácil y es un instrumento totalmente clientelar y anacrónico”.
Se refiere en particular a lo que describe como “el desmantelamiento, cachito a cachito”, del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la entidad del Estado encargada por ley de la promoción de la actividad exportadora. Y de la conversión de Nacional Financiera (Nafin), responsable de la promoción de proyectos internos de desarrollo, en un agente que se dedica principalmente a dar liquidez a empresas mediante el pago anticipado de facturas.
También cuestiona la existencia del llamado Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme), adscrito a la Secretaría de Economía, que maneja multimillonarios recursos cada año, “de forma clientelar” y con sentido político, sin contar con mecanismos eficientes de recuperación. “Es un tipo de fondo que no existe en ningún ministerio del mundo, que debería ser integrado a Nafin”, afirma.
“Cuando se busca explicación al bajo crecimiento de la economía mexicana, una de las respuestas está en el abandono de la banca de desarrollo”, un tipo de institución surgida en México en los años 40 del siglo pasado, anterior a la creación del Banco Mundial –su análogo a escala planetaria– y que los gobiernos de países industrializados tratan de fortalecer. “India tiene tres bancos de desarrollo muy fuertes, Brasil tiene uno también muy importante; por eso logran esas tasas de crecimiento”, expone en una entrevista con La Jornada.
Diputado Federal a la LIX Legislatura, donde se desempeñó como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ex representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional, Suárez Dávila ha desempeñado responsabilidades como subsecretario de Hacienda y Crédito Público; director general de Banco Obrero; de Banco Mexicano Somex; director financiero de Nacional Financiera, y gerente general de Asuntos Internacionales del Banco de México.
Es a propósito de la decisión de la actual administración federal de transferir a un fideicomiso creado mediante un decreto presidencial en junio pasado, llamado ProMéxico, las funciones de promoción del comercio exterior que ahora realiza el Bancomext, que Suárez Dávila expone sus puntos de vista sobre esa institución en particular y la banca de desarrollo en general.
El punto de partida es un debate de consecuencias humanas importantes: 230 especialistas de Bancomext están sujetas a un peloteo, en el limbo, con riesgo de que se violen sus derechos laborales, por la decisión del gobierno de transferir a ProMéxico las funciones que ahora realizan, dice.
“ProMéxico está en una situación de ilegalidad que sorprende en un gobierno que ha dicho que el estado de derecho es muy importante”. Es ilegal, añade, porque se le transfiere personal y recursos humanos y materiales del área de promoción de comercio exterior del Bancomext, que tiene esta función al amparo de una ley del Congreso de la unión.
Suárez Dávila, quien ha podido conocer algunos aspectos del nuevo decreto que piensa publicar en breve el gobierno federal para concretar la transferencia de funciones de promoción de comercio exterior a ProMéxico, dice que la intención es dejar a este fideicomiso en libertad de aceptar o no al personal del área de promoción del comercio exterior de Bancomext.
El gobierno federal, asegura, está cometiendo un error. Es correcto, por un lado, que ProMéxico pueda desarrollar funciones de promoción de la inversión extranjera directa (IED). “Pero la promoción de la IED es una actividad distinta de la promoción del comercio exterior. En la primera, por definición, es gente que trae sus propios recursos. En la promoción de nuestro comercio exterior nosotros ponemos los recursos”.
Agrega que quitar la función de promoción de comercio exterior a Bancomext para pasarla a ProMéxico es “volver a la época (del presidente Luis) Echeverría (1970-1976), en que se demostró que separar la promoción del comercio exterior del financiamiento al comercio exterior son puras buenas intenciones, no funciona. La promoción del comercio exterior y su financiamiento tienen que estar juntas, como está en la ley de Bancomext. Esa fue la lección que viene de los años 70 y que no se ha atendido”.
Llega al punto de la banca de desarrollo en una visión más general. Dice que este tipo de instituciones “es un invento mexicano y una contribución de México a las políticas de desarrollo económico a nivel mundial”.
El desarrollo económico del país no se explica sin el papel de la banca de desarrollo, está históricamente probado, agrega.
Nacional Financiera, por citar un ejemplo, contribuyó a la creación de una serie de industrias básicas que permitió al país industrializarse: en el acero, el cobre, los fertilizantes; que se apoyara la infraestructura del país, la generación de energía eléctrica. Bancomext, por su parte, fue un instrumento “poderosísimo” de promoción del comercio exterior.
Enumera una serie de lo que llama “aberraciones”: a Bancomext lo han “desmantelado”; Nafin se ha dedicado al factoraje, aunque comienza a realizar ya algunas funciones de otorgar capital de riesgo y coordinar proyectos de infraestructura.
“Otra verdadera aberración es lo del Fondo Pyme, adscrito a la Secretaría de Economía, un banquito de desarrollo que tiene recursos importantes, pero no cuenta con normas bancarias serias, que no tiene mecanismos de recuperación serios y que por lo tanto está dando recursos a fondo perdido que le quita clientes a Nafin a través de que da recursos en forma más fácil y es un instrumento totalmente clientelar y anacrónico”.
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