Cumbres, foros y movilización social

Por Julio Pimentel Ramírez

En esta semana en México y en nuestro continente se vivieron acontecimientos que muestran la complejidad de la realidad así como la manera que se vinculan, entrelazan y en ocasiones se rechazan acontecimientos de orden institucional con las movilizaciones sociales al margen de las estructuras “oficiales” de poder, que demandan un mundo distinto.
En Perú, tierra originaria de la rica y milenaria cultura inca, en forma paralela se llevaron a cabo la “Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea”, en la que participaron cinco decenas de representantes de gobiernos de ambos continentes, y la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, con la presencia de organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa. Como suele suceder en encuentros de este tipo, la cumbre de Jefes de Estado culminó con la Declaración de Lima, documento en el que se establecen diversos compromisos. Entre ellos el de crear un fondo de alimentos para mitigar el hambre que se incrementa con la desenfrenada alza de combustibles y alimentos. A excepción de la posición cubana, que comparten los gobiernos de Venezuela y Ecuador, principalmente, estuvo ausente la autocrítica y el reconocimiento de que la causa final de los problemas mundiales, incluyendo los ecológicos, se deben a las relaciones capitalistas que en su fase neoliberal concentran la riqueza en unas cuantas manos, excluyen a miles de millones de personas del desarrollo, depredan la naturaleza y acentúan las guerras de conquista.
Conscientes de que para que esta cumbre -con todo y la foto del recuerdo y demás frivolidades de las alturas del poder- dé resultados se requiere de posiciones firmes de los gobiernos con compromisos reales con sus pueblos, pero sobre todo de la organización y movilización sociales independientes y con un programa alternativo claro para avanzar hacia la solución de los problemas que agobian a la humanidad y tienen a la naturaleza al borde del colapso.
La Cumbre de los Pueblos expresa que “la cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la mayoría sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales.
Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que sólo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos”.
Estos escenarios, el institucional y el alternativo, que se conjugan, entrelazan y con mucha frecuencia se rechazan, están ahí objetivamente y en ambos se expresan las contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales de un mundo que para sobrevivir requiere de soluciones profundas que pongan límites y finalmente reviertan la miseria, el hambre, la pobreza, la inequidad, la drogadicción y las guerras.
En tanto en México dieron inicio los foros de debate sobre la reforma energética, debates en los que más allá de participaciones más o menos brillantes, dependiendo de la calidad de los ponentes, en el fondo se confrontan dos proyectos de nación: uno que pretende continuar y profundizar el modelo neoliberal culminando la privatización de las riquezas de la nación y otro que se opone a ello y que, si bien aún no está claramente delineado, ofrece la perspectiva de un México con soberanía, justicia social auténtica, equidad y democracia.
Claudia Sheinbaum presentó la propuesta alterna del Gobierno Legítimo, la cual parte de cinco ejes fundamentales: reagrupar Pemex en una sola entidad; canalizar a la empresa los recursos obtenidos por excedentes petroleros, unos 150 mil millones de pesos sólo este año; que el Estado absorba la deuda de la empresa (los anticonstitucionales y “privatizadores” Pidiregas, que ascienden a la estratosférica cifra de 50 mil millones de dólares); fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos, y crear un comité anticorrupción, con la finalidad de que no se repitan los Pemexgate o los casos Mouriño y Bribiesca.
En tanto hay que destacar que Andrés Manuel López Obrador continúa su incansable recorrido por toda la república organizando las brigadas en defensa del petróleo, consciente de que la movilización social, al lado del debate de las ideas en los foros institucionales, es un ingrediente indispensable para impedir la privatización petrolera.