Para entregar Pemex, Calderón emplea argumentos de Salinas

Pretende un esquema como el aplicado al sector eléctrico, que sólo benefició a trasnacionales

Ponentes del pasado debate señalan que la iniciativa impediría usar de manera integral al sector energético como palanca de desarrollo; Pemex sería “simple administradora de contratos”

Andrea Becerril

Durante la primera semana del debate nacional en torno a la reforma de Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, buena parte de los ponentes advirtieron que se pretende instrumentar un esquema similar al aplicado a partir de 1992 en la industria eléctrica, por el que 30 por ciento de electricidad la generan empresas trasnacionales, que se llevan grandes ganancias sin riesgo alguno y sin que se hubiera modificado la Constitución.

Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, coincidieron en que los argumentos empleados en 1992 por Carlos Salinas de Gortari para justificar la apertura del mercado eléctrico y los esgrimidos en la actualidad por Calderón en torno al petróleo, son los mismos.

Como ahora, se habló entonces de “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se argumentó que no se privatizaba, que no se vendería un solo tornillo, luego de amenazarnos, igual que hoy con el petróleo, que en pocos años nos faltaría energía eléctrica”, comentó Jiménez Espriú.

El ex director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo notar que la realidad es que la tercera parte de la generación total de electricidad para el servicio público la llevan a cabo empresas extranjeras, que han hecho “un negocio redondo” que “les ha dejado pingües ganancias”, sin que se haya reflejado en ningún beneficio para los ciudadanos.

Cargan con todo

Jiménez Espriú aclaró que ese 30 por ciento de la energía eléctrica en el país la generan productores independientes, en su gran mayoría empresas extranjeras, que le venden a la CFE la totalidad de su producción y trajeron todo de sus respectivos países para construir las plantas: “ingeniería, piezas, fierros, tablas, gente y hasta el agua que se tomaban”.

Durante el debate del jueves pasado, la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, por su parte señaló que las trasnacionales traen sus equipos técnicos, sus propios trabajadores, y se llevan la riqueza fuera del país.

Las trasnacionales que operan en el sector eléctrico “hicieron la ingeniería, se vendieron sus propias plantas y utilizan el gas, porque es la forma más cómoda de producir, aunque creándonos un conflicto absolutamente enorme, porque México debe importar grandes cantidades de gas”.

Sheinbaum, en ese sentido, hizo notar que México eroga más de 20 mil millones de dólares anuales por la importación de gasolina y gas, y la decisión de seguir usando este último, en lugar de otras fuentes de energía, como las renovables, “es absolutamente irracional”.

En gran medida obedece, sostuvo, “a negocios de los más altos funcionarios públicos, que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la CFE a precios mucho más altos”.

Jiménez Espriú resaltó que las trasnacionales “se vinieron con un contrato verdaderamente fantástico, en el que venden toda la energía que producen”, y no debe olvidarse que la electricidad es un bien que se tiene que consumir en el momento de la producción. No la podemos guardar. Se va por las redes, conforme la jala la gente que lo usa”.

Explicó que existe en toda la red de CFE algo que se llama el despacho económico de carga, donde, en función de la demanda, “empiezan a jalar de las diferentes plantas, las más económicas”, la corriente eléctrica para satisfacer las necesidades.

Pero en el compromiso que el gobierno mexicano adquirió con esas compañías extranjeras, “si les jalamos de sus plantas o no, de todas maneras la CFE les paga. Es, pues, un negocio redondo, se llevan una utilidad fantástica sin ningún riesgo. Y eso es lo que yo me temo que sucedería con la refinerías mexicanas”.

Jiménez Espriú reveló también que las cifras y las tendencias de crecimiento de la demanda que se presentaron para justificar la participación de los productores independientes de energía “estaban alteradas” y eran “exageradas”.

Nunca hubo falta de abasto, pero se amenazó con que habría apagones en los próximos años y no era cierto. “Hoy tenemos un exceso de reserva y estamos pagando, usemos o no la energía que producen las plantas independientes, porque se hizo el planteamiento indebido, porque se propuso una tendencia de crecimiento que estaba más allá de la realidad”.

Además, debido a que usan como combustible el gas, provocaron un problema, ya que se cuadruplicó el precio de éste en el mercado mexicano y se llevó a la quiebra a una gran cantidad de empresas nacionales de construcción industrial. “Prácticamente se acabó con la ingeniería mexicana”, y en caso de que se privaticen las refinerías y se entreguen los ductos y la exploración y explotación de petróleo a empresas extranjeras, sería el “golpe letal”.

En los dos primeros foros del debate sobre las iniciativas de Calderón, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que permitir que se viole la Constitución, como se hizo en el caso de las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se pretende ahora con la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, es aún más grave que reformar la propia Carta Magna.

A su vez, José Agustín Ortiz Pinchetti expresó que las iniciativas de Calderón cancelan la posibilidad de usar de manera integral al sector energético como palanca del desarrollo nacional, ya que “al otorgar permisos a los extranjeros y privatizar la exploración, perforación, refinación, la petroquímica, el transporte y los ductos y el almacenamiento de petrolíferos, se dejaría a Pemex como simple administradora de contratos y abastecedora de petróleo crudo”.

Consideró “lamentable, por inmoral, la actitud que han asumido los defensores de esas reformas, al sostener de modo cínico que estas modificaciones no pretenden violar la Constitución ni implican privatizar la industria petrolera”.