Boletín Informativo ISA núm 460

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PREPARA ROSARIO IBARRA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY GESTAPO
Declaración de la senadora en conferencia de prensa, respecto a la Reforma Judicial

El 28 de mayo pasado, se hizo en el Senado la declaratoria de que la mayoría de los Congresos locales habrían aprobado ya la reforma en justicia penal, la llamada reforma judicial o más popularmente conocida como Ley Gestapo, y que por tanto ésta podría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Efectivamente, la semana pasada se publicó, completándose el proceso iniciado en diciembre pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó en primera instancia la mencionada reforma constitucional.

La aprobación y promulgación de esta reforma constituye un grave paso en el curso de vulnerar y limitar derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias. Como parte de ese proceso de vulneración de derechos humanos, la reforma de justicia penal viene, como ya hemos dicho antes, a legalizar lo que antes era ilegal. Traducir en el terreno legal el curso autoritario y violatorio de derechos humanos que ocurre en la práctica.

La aprobación de esta reforma introduce un nuevo elemento a la crisis de representación política de las instituciones, incluido ahora el Poder Legislativo y ya no sólo el Ejecutivo con un presidente espurio. Nuevamente muestra la contradicción entre una mayoría legislativa autoritaria y el interés y la opinión de una mayoría popular expresada en la movilización en las calles que no es representada por los “representantes populares”. Se repite la contradicción entre mayoría legislativa y mayoría popular expresada antes en la reforma a la ley del ISSSTE y ahora en el intento de imponer la reforma energética.

En el caso de la reforma judicial se ha aprobado contra la opinión expresada también por muchos defensores de derechos humanos, de organismos de este tipo a nivel nacional e internacional, e incluso por las observaciones dirigidas a los grupos parlamentarios por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que seguramente aumentó el enojo gubernamental contra esta oficina de la que finalmente lograron a sacar a su representante en México.

Desde diciembre pasado una minoría legislativa, minoría pero con gran peso y sobre todo reflejando a una mayoría popular movilizada, votamos en contra de esta reforma. A principios de año la creciente opinión pública opuesta a la reforma obligó a que la mayoría legislativa tuviera que retirar uno de los aspectos más ominosos de la misma relativa a los allanamientos, pero sin lograr impedir que el resto de la reforma continuara el proceso de aprobación.

Especialmente desde el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) ubicamos a la lucha contra la reforma judicial, junto con la iniciativa de una ley de amnistía para presos y desaparecidos políticos, como los dos ejes principales de movilización para este año.

A pesar de todo lo anterior, la semana pasada se ha publicado y promulgado esta nefasta reforma que pretende elevar a nivel constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu mismo de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en cuanto a lo que hasta ahora se han conocido como garantías individuales.

En este terreno destacan especialmente tres aspectos que dan la medida de la gravedad de lo aprobado:

1. Se constitucionaliza el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, al fortalecerse la práctica del arraigo se impone el criterio de que una persona es culpable o sospechosa y puede ser arraigada hasta que se demuestre su inocencia.

2. Se eleva a nivel constitucional una definición de delincuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de la criminalización de la protesta y de la lucha social, así como de la solidaridad entre los que luchan en defensa de sus derechos.

3. Con esa definición de delincuencia organizada se crea un régimen especial, de excepción, tanto penitenciario como procesal, que permite prácticas de la época porfirista, como los traslados de detenidos o presos a lugares lejanos y diferentes, como los que ya vimos durante la represión en Oaxaca en los últimos dos años. Con la diferencia de que con esta reforma estas violaciones a derechos humanos y otras durante los procesos penales ya no podrán ser impugnadas como anticonstitucionales.

4. La constitucionalización de la orden de detención por parte del Ministerio Público sin contar con la orden de un juez.

Los autoritarios y violadores de derechos humanos en el poder, que están el poder incluso violando la ley y la voluntad popular, seguramente celebran la promulgación y publicación de la reforma en justicia penal como un triunfo definitivo.

Nosotros decimos que la lucha no ha terminado. Seguiremos oponiéndonos y peleando contra estas reformas y el régimen que las ha impuesto. Nuevamente nos encontramos frente a la contradicción entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática.

Pero decimos que incluso todavía en el terreno legal hay una pelea que se puede dar. Escuchando los balances y preocupaciones expresadas por mis compañeros defensores de derechos humanos, por mis compañeros y compañeras del Comité Eureka! y la determinación de lucha del Frente Nacional Contra la Represión, así como la posición burlada de los legisladores que nos hemos opuestos a la reforma y al mismo tiempo estudiando y consultando la opinión jurídica de especialistas y asesores, me convenzo que todavía hay otro paso que dar en esta lucha.

Aunque se haya promulgado y publicado la reforma, es posible emprender una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Con todo y el desprestigio y desconfianza que ha generado la Corte y sus resoluciones ante otros reclamos de justicia, es un derecho que tenemos y debemos ejercer para no dejar un espacio de pelea.

Para interponer esta acción de inconstitucionalidad, que tendría la peculiaridad de denunciar no la contradicción de una ley secundaria con respecto a la Constitución, sino de una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y el núcleo central del contenido de la Constitución aprobada en 1917 en cuanto a derechos de la ciudadanía que hoy conocemos como derechos humanos, se requiere el apoyo de por lo menos un tercio de legisladores de la Cámara de Diputados.

Para ejercer este derecho y evidenciar hasta sus últimas consecuencias la gravedad de la reforma aprobada es que hemos discutido y elaborado el texto para emprender la acción de inconstitucionalidad que ponemos a consideración de los legisladores a los que llamamos a suscribirlo y presentarlo ante la Suprema Corte, independientemente de las discusiones y posiciones que en el debate previo hubiéramos defendido, pero que hoy coincidamos en la necesidad de que se revise la inconstitucionalidad de la reforma en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos.

Llamamos a las y los diputados federales de cualquier grupo parlamentario a escuchar los reclamos y protestas de defensores y organismos de derechos humanos, de la acción y movilización del Frente Nacional Contra la Represión, pero sobre todo al compromiso con esa necesaria protección y vigencia de los derechos humanos que estaba implícita en el compromiso de defender la Constitución que hoy se está adulterando con la reforma, pero que ustedes habían jurado respetar, a que se sumen a esta acción de inconstitucionalidad. Tenemos solamente un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la reforma, para que por lo menos un tercio de los integrantes de la Cámara de Diputados presenten esta acción de inconstitucionalidad. Con todo respeto pero con firmeza les pido que la suscriban. Muchos años defendiendo los derechos humanos en que nos hemos apoyado en postulados de la Constitución, están a punto de ser negados con esta reforma y les ha tocado, nos ha tocado, la responsabilidad histórica de hacer todo lo posible por impedirlo. Seguramente que sus electores, que los votantes que les eligieron y los que no votaron por ustedes pero que quieren ver su consecuencia democrática, están observando su conducta y exigiendo ser escuchados en éste y en otros temas cruciales estos días. Pero más allá de su responsabilidad ante los electores está también su responsabilidad consigo mismos y con una necesaria consecuencia democrática que incluye el respeto a los derechos humanos.

México, D. F. a 26 de junio de 2008.

ROSARIO IBARRA