El Justo Reclamo

Claudia Sheinbaum Pardo

El PRI miente: su iniciativa energética es PAN con lo mismo

Cuando escuchamos a los legisladores del PRI presentar su iniciativa, parecía que tenían como objetivo evitar la privatización de diversos sectores de la industria petrolera, contenida en las iniciativas que presentó el gobierno de facto. Cuando se estudia su propuesta, desafortunadamente la realidad es otra. Plantean, al igual que el PAN, como eje central la participación de la iniciativa privada en las áreas estratégicas de exploración, extracción, refinación, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos.
Para el caso de la exploración y extracción de petróleo y gas natural, su propuesta es la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera a través de contratos de servicios. El objetivo es que sean los privados quienes realicen estas actividades, pagándoles en efectivo de acuerdo con la cantidad de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo. Aunque afirmen que ésos no son contratos de riesgo, porque no se comparten los hidrocarburos, en los hechos sí lo son, pues aunque el privado “no cobre” por la exploración, se llevará una ganancia sustantiva de la extracción.
En los debates en el Senado de la República diversos ponentes explicaron que este tipo de contratos son sumamente contraproducentes para el país, porque significan compartir innecesariamente una parte importante de la renta petrolera. Para negar este efecto inevitable de la privatización, de manera pedestre el PRI simplemente decide redefinir el concepto de renta petrolera, de la siguiente forma: “La renta petrolera es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables” (artículo 58 de su propuesta de ley orgánica).
También, al igual que en la propuesta de Calderón, mantienen la creación de una comisión de petróleo, para que sea un organismo externo a Pemex el que defina las reservas y quien podrá explotarlas. En ambas propuestas, los privados sólo requerirán del permiso de la Secretaría de Energía para iniciar la exploración, aunque carezcan de contratos, facilitándoles las expropiaciones a particulares, ejidos y comunidades, en caso de ser necesarias.
En el caso de la refinación, el almacenamiento y los ductos, la propuesta del PRI plantea establecer, por decreto del Ejecutivo federal, “empresas filiales” de Pemex. De acuerdo con la exposición de motivos de su iniciativa: “Estos organismos serán propiedad exclusivamente de Petróleos Mexicanos y se crearán con el propósito de complementar la capacidad de ejecución de obras y de operación de Petróleos Mexicanos en las áreas estratégicas que le corresponden a la nación, como las actividades de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como en la construcción de ductos. Realizarían las actividades mencionadas por cuenta y orden de Pemex, procesando y operando petróleo y gas propiedad del organismo o, en otras palabras, le darían el servicio correspondiente y, en su caso, le entregarían a Pemex los resultados de su operación”… “Los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales operarían con contratos de largo plazo que apoyarían el financiamiento de la inversión. Esto permitiría descentralizar la realización y operación de proyectos completos para nuevas instalaciones, sin congestionar la administración de los actuales organismos subsidiarios, a quien darían servicio.”
Estos organismos (de acuerdo con las modificaciones propuestas por el PRI a la ley reglamentaria del 27 y a la Ley Orgánica de Pemex) realizarán contratos de arrendamiento con terceros (léase privados) para que sean éstos los que hagan las obras y, en su caso, operen las refinerías, el almacenamiento y los ductos. Al final del contrato, la infraestructura se le entrega a Pemex. Este es un esquema de contratación que también se usó para la generación de electricidad y que resultó sumamente oneroso.
Hasta aquí la diferencia con la propuesta de Calderón es que los privados no podrían tener bajo su propiedad la infraestructura; sin embargo, en su propuesta de modificación a la ley orgánica, en su artículo 19 establecen que es una atribución del consejo de administración de Pemex:
“IX. Aprobar, a solicitud del director general, la constitución y desincorporación de los organismos descentralizados de carácter estratégico filiales bajo control de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios, considerados entidades paraestatales, sin sujetarse para esos efectos al procedimiento previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento…”
Es decir, que la nueva infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte será construida y operada por privados a través de contratos de arrendamiento con las filiales de Pemex y, por si fuera poco, además, al final podrán ser desincorporadas (léase privatizadas) por el consejo de administración. O sea, la misma privatización, sólo que con tiempos un poco diferentes a los planteados por Calderón.
Por otro lado, existen sólo diferencias de matiz entre las propuestas del PRI y del PAN en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex. Por ejemplo, el PRI propone que los consejeros profesionales que se integrarán al consejo de administración, deberán ser ratificados por el Senado y todos deberán ser funcionarios públicos. Sin embargo, sus funciones son las mismas: auditorías, remuneraciones y portafolio de inversiones. Los artículos que se refieren a la exención de responsabilidades del consejo de administración en caso de que actúen “de buena fe” y la contratación de fianzas y seguros son iguales. Asimismo, con el mismo esquema conservan los bonos ciudadanos.
Por otro lado, a pesar de que la mayor parte de los ponentes en el debate planteó la necesidad del fortalecimiento de la investigación, en particular del Instituto Mexicano del Petróleo, la propuesta del PRI no toca el tema porque sencillamente no les interesa el desarrollo de la ciencia y la ingeniería nacionales. Finalmente su llamado fondo nacional para la transición energética no establece de dónde saldrán los recursos ni cuántos serán y se orienta para financiar proyectos con créditos. Es decir, de nuevo, nada para la investigación y el desarrollo de fuentes alternas, como un proyecto de Estado. Decir NO este domingo en la consulta, también significa NO a la iniciativa del PRI, porque desgraciadamente ésta también pretende la privatización de la industria petrolera.