Consulta petrolera, ejercicio democrático

Editorial

Con el ejercicio de auscultación ciudadana que se inicia hoy en esta capital y en otras entidades, en torno a las iniciativas de reforma petrolera enviadas por el Ejecutivo federal al Congreso en abril pasado, el país arriba a un proceso trascendental en su historia democrática y su vida política, en el que millones de ciudadanos podrán expresar, en forma ordenada y con espíritu cívico, su posición frente a lo que se ha convertido en tema de discusión nacional en todos los ámbitos: el destino de la industria nacional de los hidrocarburos.

Ciertamente, la consulta convocada originalmente por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no ha estado exenta de críticas por parte de sectores políticos y sociales allegados al grupo que detenta el poder. Tales críticas han ido principalmente en dos terrenos: el político, en el que se ha afirmado que esta consulta sólo es una “táctica dilatoria” y un “ejercicio partidista, interno y doméstico”, no democrático; y el legal, en el que se han puesto en entredicho las facultades del gobierno capitalino para organizar y llevar a cabo este ejercicio ciudadano, e incluso se ha afirmado que éste es “inútil”, dado su carácter no vinculante, puesto que, a fin de cuentas, serán los legisladores, y no los ciudadanos, los que dictaminen en torno de las iniciativas presidenciales.

Al respecto, es pertinente señalar que la importancia y procedencia de este ejercicio cívico radica, principalmente, en que con él se revalida uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: la participación ciudadana; y en que con él se avanza en la construcción de una sociedad responsable y comprometida con los asuntos de interés nacional, que afectan a todos. El mecanismo de la consulta popular resulta particularmente pertinente en un sistema político como el mexicano, que es, en las formas, una democracia representativa, pero en el que abundan los cuestionamientos en torno de si efectivamente los legisladores actúan en consecuencia con la voluntad mayoritaria, sobre todo de frente a un tema tan delicado como lo es la reforma petrolera.

Por otra parte, la consulta representa un medio de expresión civilizada de las diferentes opiniones y proporciona un cauce de manifestación formal para el sentir de los diversos sectores de la sociedad en torno de temas que tienden a ser motivo de polarización. Por añadidura, con este tipo de ejercicios México se suma a la tendencia que han expresado otros regímenes de América Latina, una región que en los últimos años ha exhibido notables avances en los terrenos de lo político y lo social, y en la que se ha recurrido al sondeo público como una forma de validar e incluso determinar los rumbos de acción de los gobiernos.

En lo que toca a esta consulta en particular, no sobra decir que se encuentra en juego no sólo el futuro de Petróleos Mexicanos, la mayor empresa paraestatal del país y una de las más importantes del mundo, sino la viabilidad de la nación misma. Hoy, la ciudadanía ha sido invitada a pronunciarse sobre la eventual privatización de una industria petrolera nacional que, bien administrada y saneada de la corrupción que hoy campea en sus órganos administrativos así como en el aparato estatal en su conjunto, pudiera fungir como palanca para el desarrollo nacional, y cuya riqueza debiera derivar en el beneficio de las generaciones actuales y las futuras.

En suma, ante estos elementos de juicio, cabe esperar la participación enterada, reflexionada y consciente de los habitantes de las entidades donde hoy tendrá lugar ese ejercicio ciudadano. Al margen de las posturas a favor o en contra de la iniciativa presidencial, más allá de preferencias políticas y partidistas, es importante que la sociedad tenga presente que lo que está en juego es, nada menos, el destino del país y un avance en la consolidación de su vida democrática.