El PRI expropia… la iniciativa
Expropian... la iniciativa
La iniciativa de reforma petrolera enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso para abrir más el sector quedó maltrecha con los debates públicos sobre el tema, y terminó por derrumbarse cuando el PRI presentó una propuesta alterna. El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, admite que su paquete de modificaciones legales coincide en muchos puntos con la iniciativa de Calderón, pero afirma que “todas eran ideas originales del PRI”, las cuales fueron retomadas por el gobierno.Al término de los 21 foros de debate en el Senado, los distintos grupos priistas involucrados con la reforma energética le arrebataron al gobierno federal la bandera de la apertura petrolera: el 23 de julio presentaron a través de su coordinador en la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones, un paquete de nueve iniciativas.El proceso para la elaboración de la propuesta priista, llamada por algunos observadores Ley Beltrones, no estuvo exento de desencuentros y presiones, especialmente entre un grupo de 17 diputados del tricolor que preparaba una iniciativa paralela a la que venía trabajando Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía. Existió, incluso, un borrador que se modificó e incorporó varios puntos propuestos por el exdirector de Pemex Francisco Rojas, otros reclamos de los gobernadores priistas, así como otros puntos del modelo que originalmente planteó Manlio Fabio Beltrones, pero se dejaron intactas varias propuestas de la iniciativa calderonista, como los bonos ciudadanos, la existencia de un “comisario” que defienda estos bonos, y la incorporación de cuatro “consejeros profesionales” al Comité de Administración de Pemex que, en lugar de ser designados sólo por el presidente, deberán ser aprobados por el Senado.Las iniciativas del PRI incluyen la posibilidad de que Pemex y sus empresas subsidiarias puedan firmar contratos con terceros privados, a través de una nueva figura: las “empresas estratégicas filiales”, propiedad “ciento por ciento” de la paraestatal.Entrevistados por Proceso, los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, así como Francisco Rojas, presidente de la Fundación Colosio, reconocen que tuvieron que “conciliar intereses” entre los distintos grupos del PRI para presentar una iniciativa del partido. Los tres rechazan que se trate de un modelo privatizador y advierten que no existen semejanzas con la iniciativa de Calderón.
–¿Por qué fue la secretaria de Energía, Georgina Kessel, la primera en dar la bienvenida a la iniciativa del PRI y afirmar que existen coincidencias? –se les pregunta.“No la ha leído bien. Cuando la lea bien se dará cuenta de que hay más diferencias que semejanzas”, responde Beltrones. “No es cierto que haya semejanzas. Son esencialmente diferentes: las de Calderón eran privatizadoras y las nuestras no. Ellos querían consejeros nombrados por el presidente; nosotros proponemos que pasen por el Congreso”, afirma Rojas.En franca oposición a Beltrones y Rojas, el exsenador del PRI Manuel Bartlett afirma en entrevista aparte que las iniciativas “no desechan la propuesta de Calderón, la retoman. Es un grave error porque encierra un modelo que fue derrotado en los debates. Es la misma jeringa, pero con distinto bitoque”.Para Bartlett, opositor desde el sexenio pasado a la firma de contratos de riesgo en el sector energético, el paquete de nueve reformas que propone el PRI constituye “una apertura a los privados vía contratos. Esa es la puerta de entrada. Todo el capítulo de contratos es el mismo que el de Calderón”.
Negociaciones internas
“Lo más importante es que presentamos una iniciativa sin que el PRI tuviera una división”, afirma Francisco Rojas, quien había expresado su oposición a las propuestas de Calderón y también sus diferencias con las posiciones de Francisco Labastida.Rojas, quien fue colaborador de Carlos Salinas, y Francisco Labastida, candidato presidencial del zedillismo, coincidieron en que la negociación entre los diferentes grupos fue posible por la incorporación de la presidenta nacional priista Beatriz Paredes, así como del secretario general Jesús Murillo Karam.A pregunta expresa, tanto Beltrones como Labastida, protagonistas en el Senado de la reforma energética, rechazan que existiera “desencuentro” entre ambos, pero reconocen que se incorporó en la recta final de la negociación un grupo de diputados federales, encabezados por Carlos Rojas y Alfredo Ríos Camarena, que habían elaborado una iniciativa paralela a la que se trabajaba en el Senado.La versión de Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es la siguiente:“Hubo un grupo de diputados federales que elaboraron un proyecto de iniciativa paralela. Nos dimos cuenta de que habían muchas coincidencias, como la Ley para la Transición Energética y el registro público de contratos, y se incorporaron a la redacción final de la iniciativa.”
–¿Es necesaria aún una consulta interna entre otros grupos priistas? –se le cuestiona al senador sonorense.
–El Consejo Político Nacional en pleno ha hecho suya la iniciativa. Hemos hecho el trabajo con gobernadores, líderes regionales y sindicales. De aquí al 23 de agosto, fecha en que se celebra la Asamblea Nacional del partido, habrá tareas de difusión de su contenido que corrobore lo establecido –contesta.Por su parte, Francisco Labastida relata que inicialmente se trabajó la propuesta con tres o cuatro diputados y tres senadores del PRI que elaboraron “un primer proyecto”. En la última semana se incorporaron a las negociaciones los diputados, encabezados por Carlos Rojas. “Fue una etapa de agregados de ideas de algunos diputados que debía contener la iniciativa”, afirma.
Puntos sacrificables
Manlio Fabio Beltrones admite que en las nueve iniciativas presentadas el 23 de julio (que incluyen reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 para establecer la posibilidad de crear organismos filiales de Pemex que contraten con terceros y firmen “contratos de producción”) existen puntos que pueden ser eliminados en el proceso de dictaminación. “Los bonos ciudadanos no los tocamos y se pueden eliminar”, ejemplifica.A su vez, Francisco Rojas señala que ni los bonos ciudadanos ni la figura del comisario lo convencen. Al respecto, opina que los bonos pueden dar lugar a ciertos derechos, como obtener información sobre los estados financieros de la paraestatal.Labastida, quien inicialmente encabezó la negociación de la reforma con el gobierno de Calderón, defiende la existencia de los bonos porque “no influyen sobre las decisiones de la empresa, es un mecanismo crediticio que no representará más de 0.1%”.No obstante, reconoce: “Me quedé con la sensación de que era necesario introducir yacimientos transfronterizos” en la iniciativa que presentó el PRI. Explica que para 2010 pueden ingresar barcos petroleros estadunidenses a cargar hasta 30 mil barriles de petróleo por día de estos yacimientos entre México y Estados Unidos. “Me faltó tiempo y capacidad de convencimiento para este punto”, dice Labastida.Sin embargo, los puntos inamovibles que destacan los negociadores del PRI son la creación de las filiales estratégicas propiedad de Pemex, la existencia de un registro público para los contratos que se firmen y la creación de un fondo de transición energética que puede ascender a mil millones de dólares anuales, es decir, más de 10 mil millones de pesos.Este fondo se formaría con modificaciones a la Ley Federal de Derechos que envió Calderón. El 1% de esos derechos que se le cobran a Pemex se destinaría a financiar energías alternativas, como la eólica, la solar y otras, como la geotérmica y la bioenergía.
–¿Por qué se mantiene el modelo presentado en las iniciativas de Calderón? –se le pregunta a Beltrones.
–Porque todas eran ideas originales del PRI antes de que el presidente presentara sus iniciativas. Buena parte de las ideas surgieron de esas conversaciones anteriores con el gobierno, pero desde el principio planteamos que no había posibilidad de que terceros se encargaran de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de hidrocarburos.Al preguntarle a Rojas si las empresas filiales de Pemex pueden ser la vía para privatizar la refinación, el transporte y los ductos de la paraestatal, concuerda con el coordinador de los senadores del PRI:
–Hay que leer bien esta propuesta. Quizás existan problemas de redacción en la iniciativa. Los organismos descentralizados estratégicos son absolutamente propiedad de Pemex. No tienen acciones ni puede haber privatización. Están en consonancia con lo establecido en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución.
Críticas y alternativas
El paquete de iniciativas priistas incluye tres leyes nuevas: Ley Orgánica de Pemex, Ley de la Comisión Reguladora de Petróleo y Ley para la Transición Energética, así como seis reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley de Obras Públicas, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.La primera crítica se realizó el miércoles 23 de julio, día que se presentaron las iniciativas. En conferencia de prensa, el senador perredista Pablo Gómez, integrante de las comisiones dictaminadoras, criticó que el PRI no hubiera presentado una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “lo cual deja ahí un vacío en una propuesta que nosotros pensamos que iba a abarcar todos los temas”.Gómez expresó su preocupación por la creación de la figura de las filiales, porque en su opinión tendería a la “desintegración de la industria petrolera”. También expresó sus dudas sobre el modelo de contratos propuesto en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 y de la Ley Orgánica de Pemex.En el mismo sentido, Manuel Bartlett afirmó que las iniciativas “no sacan a Pemex del desastre financiero ni se moderniza”. “Los grandes problemas de Pemex implican decisiones políticas. ¿Acaso se resolverán con filiales nuevas que van a fracturar más a la industria o con un nuevo Consejo de Administración?”, afirmó el exsecretario de Gobernación.
Bartlett insistió en que el modelo tiende a abrir la industria mexicana a los contratos con las trasnacionales:“Este es un tema geopolítico, que va más allá de Calderón o Beltrones. No se puede entender si no entendemos que hay una enorme presión del G-8 contra las empresas petroleras nacionales. En este momento del nacionalismo energético en los grandes países productores, ellos están presionando para que México se abra. ¿Qué no nos damos cuenta?”A su vez, en vísperas de la consulta ciudadana del domingo 27 en la Ciudad de México, Mario Di Costanzo, integrante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador y experto en temas energéticos, realizó un primer análisis de las nueve iniciativas priistas y consideró que implican “la privatización de Pemex por la puerta de atrás”.Di Costanzo considera que las nuevas empresas filiales, aunque sean propiedad de Pemex, podrán asociarse con empresas como Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la misma refinería o una nueva, en cualquier porcentaje de participación, porque al final “serían esas empresas extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución”.Sobre la propuesta de que cuatro consejeros profesionales integren el Consejo de Administración de Pemex, Di Costanzo considera que es la misma propuesta de Calderón. “Más aún, la propuesta de Beltrones generaría más élite burocrática al establecer un consejo de administración para cada filial estratégica”, afirma en su análisis.Del lado del PAN aún no se ha escuchado ninguna crítica. Por el contrario, tanto el dirigente nacional de ese partido, Germán Martínez, como el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, han recalcado que existen coincidencias entre la propuesta del PRI y la del Ejecutivo.
El 5 y 6 de agosto próximos los senadores que integran las comisiones de Estudios Legislativos y de Energía protagonizarán debates sobre las dos iniciativas que se han presentado. Graco Ramírez, senador del PRD, anunció que presentará su propia iniciativa el miércoles 30, tres días después de la consulta ciudadana. l
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