“Jamás debieron ocurrir Pasta de Conchos y News Divine”

¡Pero que diferencia!:

En el caso capitalino se apunta más hacia la justicia: deudos en misa conmemorativa
Las medidas de seguridad en yacimientos no son un favor de las empresas, afirma el obispo Samuel Ruiz
A diferencia de la STPS, en el DF ya renunciaron dos funcionarios: familiares

Carolina Gómez Mena

Al cumplirse ayer 29 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores, sus deudos celebraron una misa afuera de las instalaciones de Grupo México, donde hicieron un comparativo entre la actuación de las autoridades federales en el caso señalado y de las capitalinas, durante el operativo policiaco en la discoteca News Divine.

Los congregados dijeron que ambas situaciones “jamás debieron suceder” y que las medidas tomadas en el caso capitalino apuntan más “hacia el logro de justicia”, la cual no ha llegado a las familias de Pasta de Conchos.

La ceremonia religiosa fue celebrada por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, quien hizo hincapié en que Pasta de Conchos debe permanecer en la memoria de los trabajadores, la ciudadanía en general y las autoridades, a fin de que se tomen las medidas necesarias para que no se repita “un acontecimiento tan lamentable”.

Acompañado por el sacerdote jesuita José Guadalupe Gasca, Samuel Ruiz expuso también que las medidas de seguridad que debe haber en una mina de carbón en México y en el resto del mundo no son ningún favor de las empresas, sino una obligación que debe ser respetada y acatada cabalmente, pues la experiencia demuestra que cuando se carece de seguridad las consecuencias son mortales.

Falta de voluntad

Como se acostumbra cada 19 de mes, durante la homilía se leyó el boletín de prensa de los familiares, que en esta ocasión hicieron el comparativo entre los hechos ocurridos en Pasta de Conchos y el caso News Divine, donde perdieron la vida nueve jóvenes y tres policías el pasado 20 de junio. Ahí se dijo que en el caso de la mina lo que ha frenado la justicia es la “falta de voluntad política”.

También hicieron ver que los responsables de la explosión por “no haber cumplido con las medidas de seguridad, Germán Larrea Mota, dueño de Industrial Minera México y el consejo de administración” no han sido sancionados, mientras que en el caso News Divine se declaró expropiado el terreno, y por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Joel Ortega y Rodolfo Félix Cárdenas renunciaron a sus cargos; el primero a la Secretaría de Seguridad Pública y el segundo a la Procuraduría General de Justicia capitalina.

También destacaron que el caso Pasta de Conchos jamás se pensó en remover de su cargo a Francisco Javier Salazar, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que el actual secretario, Javier Lozano “ha mentido reiteradamente a las familias y a la sociedad” en torno del caso y “permitió que la empresa suspendiera el rescate” con argumentos poco reales.

Cristina Auerbach Benavides, representante legal de los deudos de los mineros, agrupados en la organización Familia Pasta de Conchos, señaló que aunque ambas tragedias son reprobables, la diferencia sobre el manejo de justicia entre los mencionados gobiernos es “abismal”, ya que en el caso News Divine hubo medidas “contundentes” y en el de Pasta de Conchos “reina la impunidad”.

Sobre las indemnizaciones, dijo que las familias de los obreros no tienen nada, mientras que en el Distrito Federal las están entregando, y advirtió que las viudas, madres, hijos y hermanos de los mineros fallecidos no levantarán el campamento permanente que mantienen afuera del yacimiento hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación al gobierno federal, la cual se espera sea dada a conocer en agosto.

“Estamos esperando la recomendación de la CNDH y que, de acuerdo con el ejemplo que puso la del Distrito Federal, ese organismo recapacite sobre lo que vaya a decir en el tema de Pasta de Conchos”.

Pero todavía criticaban que Ebrard se hubiera tardado ¡dos semanas! en remover a los funcionarios. Decían que la decisión fue "tardía", cuando los otros llevan ¡29 meses! hostigando a los deudos y de resolverse ni pa' cuándo. Y eso que estamos hablando de articulistas de La Jornada, ¡qué poco criterio! Al menos ya algunos están reconociendo que independientemente de que fue una tragedia que no debió suceder, la forma de administrar la justicia en este caso es mejor que en otros estados de la República.