NO a la corrupción y a la privatización de PEMEX

Julio Pimentel Ramírez

Sin pecar de alarmistas se puede subrayar que México vive momentos decisivos en medio de una crisis integral a la que aún le falta un largo proceso para llegar a lo profundo de una realidad que puede derivar en un estallido social de impredecibles consecuencias de no encontrar una salida concertada, que por medios pacíficos y democráticos, rescate a la nación y coloque en un primer plano la soberanía y la justicia social.

El 27 de julio, el 10 y 24 de agosto se llevarán a cabo las tres etapas de la consulta ciudadana nacional sobre la reforma energética propuesta por el gobierno calderonista, importante ejercicio democrático cuyos resultados no deberán ser ignorados por los diversos actores políticos del "establishment" si de verdad aún les queda un ápice de vocación democrática y sensibilidad social.

Durante la discusión del tema en la sede del Senado y en otros escenarios de la vida pública nacional, entre ellos de forma destacada en el ámbito académico, ha quedado de manifiesto que si bien el rescate de PEMEX demanda de una cirugía mayor, ésta no pasa por entregar el paciente en manos de inversionistas privados, que han demostrado su voracidad en múltiples ocasiones, sino en implementar un tratamiento que, conservándolo en manos del Estado -como lo señala la Constitución- se erradique la corrupción, se modifique el régimen fiscal y se canalicen parte importante de sus propios recursos en modernizarlo.

Si bien en otras ocasiones se ha abordado el tema del régimen tributario especial de que gozan las grandes corporaciones transnacionales, tanto de accionistas mexicanos o extranjeros que en lo que se refiere a obtener altas ganancias a costa de lo que sea son exactamente iguales, ahora este tema adquiere especial relevancia a la luz de la discusión del futuro de PEMEX, pilar del sistema fiscal mexicano.

Así, tenemos que los mecanismos de elusión en el pago de impuestos -posibles por la corrupta complicidad de funcionarios gubernamentales, empezando por el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda-, entre los que destacan "tratamientos fiscales especiales", como la "consolidación tributaria" y la "depreciación acelerada de activos", permitió que 13 grandes empresas, seis bancos y tres grupos aeroportuarios pudieran diferir en 2007, en promedio, el pago de 51 centavos al fisco por cada peso entregado.

El hueco en las arcas públicas por las exenciones logradas por los grandes corporativos del país ha podido compensarse con los cuantiosos recursos obtenidos por los excedentes petroleros desde que el PAN llegó al poder, señalan especialistas en el tema energético.

Pese a que dicho grupo de firmas, entre las que se encuentran Telmex, Cemex, Bimbo, Banamex, BBVA-Bancomer, Coca Cola, Grupo México, Grupo Saba, Wal Mart, Televisa, ASUR (beneficiarias todas ellas del fraude electoral del 2006) reportó en conjunto ventas por 1 billón 600 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 72 mil 641 millones, lo que representó, en promedio, apenas 4.4 por ciento de sus ingresos.

Sin embargo, los impuestos diferidos ascendieron a poco más de 130 mil millones de pesos. Estos se definen como las contribuciones que no son cubiertas en el ejercicio correspondiente, en general porque existe un contrato de crédito fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda, y se derivan de diferencias entre los criterios contables y fiscales. Se clasifican en permanentes y temporales; éstos últimos se compensan con el tiempo.

Mario di Costanzo, secretario de Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, expresa que esos datos confirman que el actual sistema fiscal contraviene todo principio de progresividad y equidad tributaria. El régimen fiscal les permite, mediante la consolidación fiscal y la depreciación acelerada de activos, disminuir tremendamente la utilidad antes de impuestos, esto a través de inflar los gastos y reducir utilidades.

La millonaria devolución de recursos fiscales a grandes empresas, documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), demuestra que la renta petrolera -que ha alcanzado niveles extraordinarios en los últimos años por el alto precio internacional del crudo- sólo ha beneficiado a las grandes compañías del país en lugar de fortalecer a Pemex e impulsar el desarrollo económico nacional.

En pocas palabras PEMEX ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como sustento de un modelo económico que prioriza los intereses de unos cuantos en detrimento del desarrollo nacional independiente y soberano en beneficio del pueblo mexicano.