Bolivia, intentona golpista

Carlos Fernández-Vega

Evo, a referendo

En el medallero mundial de la inestabilidad política, Bolivia ocupó el indiscutible primer lugar durante un larguísimo periodo. Su récord insuperable indica que en 157 años de vida independiente (1825-1982) acumuló la friolera de 200 golpes de Estado, a razón promedio de uno cada nueve meses y medio.

Veintiséis años de vida democrática, instaurada a finales de 1982, aparentemente enterraron esa execrable práctica y permitieron bajar a Bolivia del nada envidiable podium golpista. En ese periodo ningún presidente de la república logró obtener una votación tan holgada y un apoyo popular tan decidido como la alcanzada por Evo Morales (casi 54 por ciento de los sufragios) en las elecciones del 18 de diciembre de 2005.

De hecho, la democracia boliviana salió tan resultona que sus usufructuarios se dieron el lujo de llevar a la presidencia de la república, por medio de las urnas (1997), a uno de sus más sanguinarios dictadores, el narcotraficante Hugo Banzer, quien en 1971 encabezó un golpe de Estado, apoyado por la Casa Blanca, en contra del gobierno de Juan José Torres. Felizmente, este sátrapa dejó el cargo antes de concluir su mandato constitucional. Hasta ese tipo de excesos se ha permitido la democracia boliviana.

Pues bien, en plena celebración del 183 aniversario de su independencia y tras 26 años de vida democrática, con todo y sus bemoles, Bolivia está en peligro de registrar el golpe de Estado número 201 en su historia, y se fragua en contra del personaje que obtuvo el mayor porcentaje de votación y mantiene la más elevada aceptación popular, o lo que es lo mismo, en contra de Evo Morales.

Y justo ahora que por fin una nación eminentemente indígena tiene un gobernante indígena, la oligarquía boliviana –con los mismos “guiños” que la Casa Blanca hizo a los golpistas militares– “invierte” y empuja en contra de Evo, y a favor de un golpe de Estado. Cínicamente ya lo advirtió una de las cabezas visibles del complot golpista: “las fuerzas armadas deberían tumbar ya al gobierno nacional”.

El autor de tan democrática petición es Percy Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz, capital del departamento del mismo nombre, cuna del movimiento anti-Evo y sede de la oligarquía secesionista y abiertamente golpista, la misma que promovió el referendo revocatorio, a realizarse mañana, y la primera en echarse para atrás cuando se dio cuenta que por esa vía la derrota sería rotunda.

Mañana domingo los bolivianos en edad de votar (poco más de 4 millones) han sido convocados para decidir en las urnas si Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera mantienen su puestos o dejan el Palacio Quemado, la sede del gobierno. Al mismo tiempo, la misma suerte está echada para ocho de los nueve prefectos (una suerte de gobernadores) en el país. La pregunta es si están de acuerdo o no con “la continuidad del proceso de cambio” del presidente de la república y de García Linera, y si se quedan o se van los ochos prefectos.

Evo ha hecho un llamado a “no boicotear ni sabotear el referéndum revocatorio donde el pueblo decidirá con su voto que autoridad presta un servicio al pueblo boliviano y quienes no”. La oligarquía de aquel país ya no sabe cómo desfacer el entuerto por ella provocado, y ahora llama no a la votación, sino al golpe de Estado.

Esa misma oligarquía también está empeñada en crear, por medio del secesionismo, “la segunda república”, una “patria particular” en la que estarían involucradas cuatro prefecturas, las integrantes de la llamada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), que significan el 65 por ciento del producto interno bruto boliviano. Su plan es sencillo: para ellos la riqueza de Bolivia, y para ésta, “la primera república”, la miseria de sus habitantes.

Es la misma oligarquía que exige “excluir al gobierno de Evo Morales de la administración de la industria de los hidrocarburos, porque en materia de recursos naturales no renovables corresponde al gobierno departamental (a los prefectos) la potestad de desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”. En síntesis, las ganancias para ellos, las pérdidas para los demás.

Son los oligarcas de siempre, que apoyaron esos 200 golpes de Estado y que ahora azuzan para que se cometa el número 201, en contra de un gobierno democrático. Como recién lo denunció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Bolivia se encuentra en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional, y en estas circunstancias la estrategia ya no es frenar el referéndum revocatorio, sino derrocar al presidente de la república y desplomar el orden democrático. Los sucesos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, con el uso de recursos de las prefecturas para movilizar a grupos de personas que protagonizan hechos de violencia, constituyen el preludio del golpe; es lo mismo que ocurría en los golpes de Estado de los años 80. Este es un montaje de golpe de Estado al típico estilo de las dictaduras. Para cualquier ciudadano de cualquier otro país donde se vive en democracia, lo que hoy día están haciendo los prefectos no es nada más que un acto de sedición, de desacato, de organización de fuerzas ilegales, paramilitares, para atentar contra todas las libertades públicas”.

El propio Quintana fue víctima de un atentado el pasado martes, ante lo que declaró que “la organización de grupos facciosos, violentos, desde las propias prefecturas, pagados con la plata del pueblo no es nada más que eso, un verdadero golpe al orden constitucional. La irradiación de este modelo de violencia llevado adelante por la Unión Juvenil Cruceñista al resto de los departamentos, la forma como las prefecturas emplean los recursos públicos para impedir que la gente vaya a las urnas el 10 de agosto, la forma como financian a organizaciones sociales como el caso de los discapacitados, de los mineros en algún caso, de los transportistas, es un verdadero complot no sólo contra el gobierno, sino contra la Constitución Política del Estado, y el objetivo de todo esto es derrocar, sacar al Presidente Evo Morales del gobierno nacional. A los prefectos no les sale nada, a pesar de que plantearon ellos mismos el referéndum revocatorio. Hoy están ante un escenario de derrota anticipada, de una derrota abrumadora, frente a ello no atinan a usar a emplear otra herramienta más que la violencia, la intimidación, el chantaje, el silenciamiento de la opinión pública”.

Las rebanadas del pastel

Celebremos el aniversario 183 de la independencia boliviana, y rechacemos la execrable intentona oligarca de concretar el golpe número 201.