En una reunión privada, el jueves 23, el pleno de la CIDH de la OEA recibió al director de Proceso y a sus abogados, a fin de escuchar sus argumentos en favor de que se mantengan los medidas cautelares que dictó este organismo para impedir, por el momento, que el gobierno mexicano destruya las boletas de la elección presidencial de 2006. Los representantes de este semanario subrayaron la importancia de que se preserven dichas medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano el derecho de acceso a la información. Por razones de reglamento, en esta reconstrucción de la audiencia no es posible identificar a los comisionados que formularon las preguntas específicas.
WASHINGTON.- En su litigio con el Estado mexicano y ante el riesgo de eventuales daños a su derecho ineludible de acceso a la información, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, presentó ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su solicitud de que se mantengan vigentes las medidas cautelares que este órgano jurídico dictó para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006.
En reunión privada con el Pleno de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rodríguez Castañeda y sus abogados destacaron "la gravedad, la urgencia y la necesidad" de preservar dichas medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano su derecho a la información y el de cualquier otro ciudadano.
Cuando se cumplieron dos años de la elección presidencial, el pasado 2 de julio, la CIDH solicitó al Estado mexicano "suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006, hasta que la comisión se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana" (Proceso 1653).
En un ambiente de receptividad e interés de parte de los comisionados de la CIDH, el director de este semanario y sus representantes legales argumentaron que las circunstancias en las cuales se dictaron esas medidas no han variado y, por lo tanto, siguen siendo necesarias.
En opinión de Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López, los abogados que presentaron la causa de este semanario de manera oral ante el Pleno de la CIDH, "el levantamiento de las medidas cautelares sería un paso regresivo, en tanto que éstas sientan un precedente positivo para los países de la región al extender el ámbito de su protección a todos los derechos siempre que éstos se encuentren en peligro de sufrir un daño irreparable".
Razones informativas
Rodríguez Castañeda fue convocado por la CIDH con base en la igualdad de las partes en el procedimiento, ya que en el período de sesiones de este órgano de la OEA, correspondiente a julio pasado, se le concedió una reunión privada al Estado mexicano para conocer sus argumentos contra la preservación de las medidas cautelares.
El pleno de la CIDH está formado por siete miembros de diversas nacionalidades, de los cuales en esta ocasión sólo asistieron seis.
En una sala de audiencias de la CIDH ubicada a unas cuadras de la Casa Blanca, los representantes legales de Proceso en esta causa delinearon los argumentos esenciales contra la posición del gobierno de Felipe Calderón, que pretende proceder a la destrucción de las boletas.
Sin embargo, la destrucción de la papelería electoral no sólo está bloqueada debido a las medidas cautelares otorgadas a Rodríguez Castañeda por la CIDH; ese procedimiento también está detenido a causa de una suspensión dictada en el Distrito Federal por el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el juicio de amparo interpuesto por Sergio Aguayo.
Este investigador de El Colegio de México, que tiene pendiente un litigio en la República Mexicana por el acceso a las mismas boletas, testificó en la reunión privada en virtud de que cuenta con información relevante para el caso.
El abogado Cano López expuso ante el Pleno de la CIDH uno de los argumentos centrales con los que el director de Proceso ha defendido el carácter informativo de su petición: "El acceso a las boletas electorales no guarda relación alguna con la materia electoral ni de manera alguna repercute en los resultados definitivos de la elección presidencial de 2006".
La CIDH planteó entonces que, según el alegato del Estado mexicano, para dar por cumplido el derecho a la información es suficiente que se otorgue el acceso a las actas electorales, las cuales contienen la suma de los votos emitidos para cada partido.
Sin embargo, la abogada Rodríguez Manzo aclaró a los comisionados que "las actas electorales no necesariamente reflejan la información contenida en las boletas". Sustentó su respuesta con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver juicios de inconformidad que fueron presentados por diversos partidos políticos.
En dichas sentencias el TEPJF rectificó el cómputo distrital emitido originalmente por el Instituto Federal Electoral (IFE), después de que se comprobaron inconsistencias entre la información contenida en las actas y las boletas electorales depositadas en las urnas y recogidas en los paquetes.
Enseguida, la CIDH pidió a la defensa de Proceso profundizar sobre las razones por las que es necesario mantener las medidas cautelares, puesto que la destrucción de las boletas se encuentra actualmente detenida gracias al amparo interpuesto por Aguayo.
"Dados los principios rectores del juicio de amparo, que limitan sus efectos protectores únicamente a las personas que lo promueven, la eventual decisión que se adopte en el juicio de Aguayo no beneficia al derecho de información de Rodríguez Castañeda", contestó el abogado Cano López a los comisionados.
Además, la defensa recalcó que el fallo para el caso de Aguayo no modifica en sentido alguno el hecho de que en México ya se emitió una resolución definitiva que le impide a Rafael Rodríguez Castañeda el acceso a las boletas electorales.
Alternativas legales
Posteriormente la CIDH pidió a Cano López y Rodríguez Manzo que precisaran "el alcance mayor que pudiera ofrecer al caso la intervención del Sistema Interamericano, en contraste con la protección (al derecho a la información) que se pudiera tener por la jurisdicción interna".
Los abogados de la causa de Proceso respondieron que, si se concluyera que el Estado mexicano viola los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -como sostiene el director del semanario-, la CIDH podría solicitarle al gobierno de México "la modificación de su legislación interna en específico" para que "se permita el acceso a la información en las boletas con la finalidad de preservarlas, en lugar de destruirlas", tanto en este caso como en el futuro.
Los comisionados plantearon a la defensa de Proceso otra posibilidad: la de "adoptar medidas alternativas para conservar las boletas", como podría ser su digitalización.
Rodríguez Manzo y Cano López sostuvieron que esa es una vía óptima, pero enfatizaron que para no depender de la voluntad política del Estado "se requeriría la recomendación de la comisión en ese sentido, lo cual haría posible la permanencia de esa medida para la causa de petición de Rodríguez Castañeda y para la consulta por cualquier persona en un futuro".
En la reunión privada de Rafael Rodríguez Castañeda y su defensa con la CIDH, que se llevó a cabo el jueves 23, también estuvieron presentes Catalina Botero y Santiago Cantón, relatora para la Libertad de Expresión y secretario ejecutivo de la CIDH, respectivamente
Tras el encuentro, en conferencia de prensa, el director de Proceso declaró a corresponsales de la prensa mexicana acreditada en Washington: "Nuestra preocupación es que la CIDH decida levantar las medidas cautelares, si acaso ocurre esto. La comisión incurriría en una grave, inexplicable e injustificable contradicción consigo misma. Tendríamos pleno derecho a sospechar o a pensar que se está ejerciendo una presión para que los comisionados levanten esas medidas, una presión que obviamente sólo puede venir del Estado mexicano". l
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