27 octubre 2008
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La indignación moral no es suficiente; la movilización y la justicia global son la única salida
Mientras en Europa arrestan, enjuician y sentencian a empresarios y servidores públicos vinculados con el abuso sexual infantil, en Latinoamérica los hombres de poder se regocijan de sus habilidades para utilizar el poder público con el fin de proteger sus propios actos criminales. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es uno de ellos.
En 1998 la joven nicaragüense de nombre Zoilamérica Narváez denunció al líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. La joven explicó cómo Ortega —casado con su madre y convertido en su amoroso padrastro— abusó sistemáticamente de ella durante años, amenazándola y presionando con todas las estrategias que los padres o padrastros incestuosos utilizan.
Para interponer la denuncia, Zoila primero renunció a su apellido de adopción (Ortega) y acudió a organizaciones defensoras de derechos humanos. Pueden imaginar el vía crucis por el que pasó. Tráfico de influencias, amenazas de muerte, descalificaciones, burlas y agresiones constantes en contra de la valiente joven y de quienes desde organizaciones civiles la apoyaron. Rosario Murillo, madre de Zoila y esposa de Ortega, ha elegido quedarse al lado del abusador.
La Suprema Corte de Justicia mexicana no es la única que se atreve a hacer acuerdos políticos para defender a redes de pedófilos; Ortega utilizó todos los instrumentos legales, ilegales y extralegales del gobierno sandinista para que Zoila no ganara el caso. Sin embargo, la Comisión Interamericana sí aceptó el asunto para ser juzgado en la Corte. Inmediatamente Ortega movilizó a la Procuraduría para arrestar, agredir, investigar, amenazar de muerte y hostigar con el poder del Estado a la valiente Zoila, a casi un centenar de feministas y a algunos nicaragüenses que han dado la batalla por la defensa profesional de los derechos humanos en el régimen sandinista.
Hace un mes, Zoila escribió una carta desoladora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en ella se desiste de la denuncia contra Ortega, la Procuraduría General de Nicaragua y el gobierno. El argumento es que ella ya no puede resistir las presiones y que los partidos políticos han utilizado su caso arrebatándole la dignidad. Zoila nunca niega los cargos, simplemente se da por vencida ante el aplastante poder de jueces, policías y del gabinete de Ortega. Las amenazas y el cinismo de tirios y troyanos la llevaron a cerrar lo que hubiera sido uno de los casos más simbólicos de violación a los derechos humanos de las mujeres, de misoginia estructural y de alianzas políticas para proteger la violencia sexual contra niñas y mujeres.
Como Mario Marín, el góber precioso, en México; Ortega es abucheado por organizaciones civiles en cuanto viaje hace a países vecinos. Se le ha evidenciado en medios internacionales; Amnistía Internacional hizo llamados de emergencia por la persecución al estilo Gestapo que hace de los grupos de defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Pero la indignación moral no es suficiente; la movilización y la justicia global son la única salida.
La vida, la integridad y libertad de la periodista feminista Sofía Montenegro y de casi un centenar de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos en Nicaragua está en peligro. Ortega mató a sangre fría para llegar el poder; nadie nos asegura que no lo seguirá haciendo para mantenerse en él.
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