El Justo Reclamo

Insiste Proceso ante la CIDH: no a la destruccion de boletas del 2006

J.Jesus Esquivel

WASHINGTON, 23 de octubre (apro).- El director del semanario mexicano Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) preservar las "medidas cautelares" que esta instancia solicitó al gobierno de México en julio pasado para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006.
En una reunión privada sostenida aquí con seis comisionados de los siete que integran a la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodríguez Castañeda, apelando a su derecho de acceso a la información contemplado en el articulo 13.1 de la Convención Americana, resaltó la urgencia y necesidad de que el órgano jurídico interamericano intervenga ante el Estado mexicano, como le corresponde, para evitar la destrucción de las boletas electorales de los comicios presidenciales del 2 de julio 2006.
"Nuestra preocupación es que la CIDH decida levantar las medidas cautelares. Si acaso ocurre esto, la Comisión incurriría en una grave, inexplicable e injustificable contradicción consigo misma", declaró Rodríguez Castañeda en conferencia de prensa al término de la citada reunión, celebrada en la sede de la CIDH.
El director de la revista Proceso indicó que si se levantaran dichas medidas, que por lo pronto han evitado la destrucción de las boletas, los comisionados de la CIDH, además de caer en una contradicción, no tendrían una justificación visible para tomar una decisión en este sentido.
Si eso ocurriera, dijo Rodríguez Castañeda, "tendríamos pleno derecho a sospechar o a pensar que se está ejerciendo una presión para que los comisionados levanten esas medidas. Una presión que, obviamente, sólo puede venir del Estado mexicano".
En la demanda del semanario se responsabiliza al Estado mexicano de violar la libertad de pensamiento y expresión, pues el propósito de solicitar el acceso a la papelería de la elección presidencial era el de informar los resultados de un pretendido recuento ciudadano de los votos ante la prolongada incertidumbre que generó la autoridad electoral.
En la reunión con los comisionados de la CIDH estuvieron, además de Rodríguez Castañeda, los abogados Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López, así como Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, quien fue invitado en calidad de "testigo".
En la sesión privada, Rodríguez Castañeda presentó más argumentos en abono de las medidas cautelares y el eventual acceso a las boletas. Por ejemplo, se refirió a la importancia histórica que tendría el hecho de que a la revista que dirige se le permita el acceso a esos documentos electorales, porque eso implicaría, dijo, un fortalecimiento al derecho a la información de los mexicanos.
Insistió en que "no han cambiado las circunstancias" respecto a la esencia de su solicitud -contar con acceso a información que es de naturaleza pública-, porque, además, con la destrucción de las boletas se haría un daño irreparable a los derechos de la sociedad mexicana.
"El acceso a las boletas electorales por parte de la sociedad, en este caso por parte de Proceso, no afecta el resultado de la elección presidencial de 2006. El proceso ya concluyó. Sólo buscamos que se respete el derecho de todos los mexicanos a conocer la verdad histórica, evaluar a las autoridades electorales y estar en posibilidad de exigirles una efectiva rendición de cuentas", subrayó.
Los comisionados que integran la CIDH convocaron a Rodríguez Castañeda a la reunión privada luego de que en julio pasado sostuvieran un encuentro similar con representantes del Estado mexicano, quienes presentaron sus argumentos acerca de por qué, a su juicio, debe restringirse el acceso del semanario a las boletas electorales.
Según el gobierno mexicano, la apertura de los paquetes electorales provocaría un "daño a los intereses nacionales".
El 2 de julio último, cuando la CIDH concedió las medidas cautelares solicitadas por Rodríguez Castañeda, el órgano jurídico de la OEA estableció que la solicitud de acceso a las boletas "no constituye un prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición".
El pasado 24 de abril, a nombre de la revista Proceso, Rodríguez Castañeda interpuso ante ese organismo una denuncia contra el Estado mexicano por violación al derecho de información.
La queja fue interpuesta luego de que en México se agotaran los recursos legales para tener acceso a las boletas de la elección presidencial de 2006. El Instituto Federal Electoral (IFE), el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negaron a la revista el acceso a las boletas, acto considerado en la demanda como una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte desde 1981.
En esa Convención no sólo se instituyó el derecho a la información como un derecho humano, sino que éste debe ser respetado y garantizado por los propio Estados.
La negativa también es señalada en la denuncia como un precedente para que autoridades administrativas como el IFE o las del Poder Judicial -jueces, magistrados y ministros- nieguen el acceso en futuras peticiones de información relacionadas con procesos electorales.
La denuncia ante la CIDH coincidió también con una nueva negativa del IFE, esta vez al investigador José Antonio Crespo, para permitirle el acceso a la misma información. En todo caso, el instituto no podrá destruir las boletas en tanto no se agoten todos los recursos legales que existen hasta ahora sobre el particular, entre ellos el del investigador Sergio Aguayo.
Presentada por los abogados Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López en nombre de Rodríguez Castañeda, la denuncia pretende que sea la CIDH, y en su caso la Corte Interamericana de Justicia, la que proteja en México el derecho a la información en materia electoral.
Si la CIDH acepta la denuncia y encuentra que hay violación del derecho reclamado, podrá solicitar al Estado mexicano medidas para reparar el daño y evitar su repetición. Si éste no lo hiciera, el juicio sería turnado a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción fue reconocida por México en 1998.
En caso de que la Corte encontrara razón en el reclamo de la revista, podría sancionar al Estado demandado, lo cual se haría del conocimiento internacional.