Rodrigo VeraMÉXICO, D.F., 20 de octubre (apro).- Empresarios de Las Vegas, Nevada, que participan en el proyecto turístico Punta Arena, en Baja California Sur, rechazaron que intenten despojar a los lugareños de los predios donde se erigirá el complejo, y aseguraron que son legítimos propietarios de 3,600 hectáreas.
Por medio de un desplegado de prensa publicado hoy en el periódico La Jornada, los inversionistas afirmaron que es falsa e imprecisa la información difundida por el semanario Proceso, en su edición 1667, del 12 de octubre, sobre el proyecto turístico que se planea construir a 50 kilómetros al sur de La Paz.
Aseguran que tienen "solvencia moral", por lo que las revelaciones de la revista Proceso sólo desprestigian a los inversionistas de Las Vegas, encabezados por el abogado David Chesnoff.
En el comunicado, los inversionistas aseguran que el complejo turístico Punta Arena, lo construirán "empresas mexicanas" para el "beneficio y desarrollo" de "la comunidad de la zona".
Los empresarios estadunidenses agregan que este desarrollo turístico contará con "infraestructura urbana, inmobiliaria, hotelera, una marina, un aeródromo y un campo de golf público", por lo que generará "fuentes de trabajo que mucho se necesitan en estos momentos".
Recalcan que Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V., son las dos "empresas mexicanas" que realizarán el proyecto, por lo cual no son compañías, estadunidenses, como reveló el semanario Proceso, en un reportaje publicado el pasado 12 de octubre, en su edición 1667.
Esta revista -mencionan en el desplegado" "sugiere" que el "proyecto es campo propicio para casas de juego, prostitución y narcotráfico", lo cual son "falsedades e imprecisiones" que sólo desprestigian a los inversionistas de Las Vegas, encabezados por el abogado David Chesnoff, presidente del consejo de administración de las dos empresas.
El desplegado está firmado por Rafael M. Brito Anderson, apoderado de ambas empresas. En el texto se añade que, por el contrario, los inversionistas de Punta Arena tienen "solvencia moral" y se sujetarán a las recomendaciones que les hizo el gobierno de Baja California Sur, como son respetar las leyes, proteger la ecología e integrar al "desarrollo" a la población de la zona.
En el desplegado de prensa se asegura que el complejo turístico se construirá en un área de 3,600 hectáreas, de las cuales las "empresas promotoras son legítimas propietarias", por lo cual -recalca-- es falso lo publicado en Proceso, donde se señala que se realizará en un área de 900 hectáreas que pertenece a los pescadores de la zona.
Sin embargo, en ese reportaje de Proceso, titulado "Las Vegas se extiende a Baja California Sur", son los propios pescadores quienes, en entrevista, aseguran ser los legítimos dueños de esa zona costera que da al Mar de Cortés. Inclusive, dan los nombres de las 12 familias de lugareños a quienes, dicen, los inversionistas estadunidenses intentan despojar de alrededor de 900 hectáreas.
Proceso recabó información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de La Paz, así como de la revista local La Tijereta, donde ya se señalaba que Punta Arena es una inversión de "capital 100% norteamericano".
Son estadunidenses los directivos de las dos empresas mencionadas. En ambas, aparece Chesnoff como su presidente; Eckley Keach como secretario; Dominic Rucci, tesorero; y James B. Cardwell, como vocal; y es la propia prensa estadunidense la que menciona las ligas de estos personajes con las "mafias" del juego, la prostitución y el narcotráfico en la ciudad de Las Vegas.
Según esas versiones, el abogado Chesnoff, por ejemplo, aparte de ser un tahúr profesional, llevó la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo narcotraficante israelí Jerusalem Network.
El director de La Tijereta, Tulio Ortiz, así como María Luisa Cabral, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aseguraron a Proceso que Punta Arena puede convertirse en un "apéndice" o en un destino turístico "alterno" a Las Vegas. Y alertaron que el juego, la prostitución y el narcotráfico pueden ser traídos de esa ciudad a Punta Arena, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales bajacalifornianas.
El periodista Tulio Ortiz, por cierto, acaba de señalar --en una carta publicada en el reciente número de Proceso-- que su revista La Tijereta "ha sido vetada" por el gobierno estatal para recibir publicidad oficial. Aparte de que éste se niega a pagarle un adeudo de 33 mil pesos.
Por medio de un desplegado de prensa publicado hoy en el periódico La Jornada, los inversionistas afirmaron que es falsa e imprecisa la información difundida por el semanario Proceso, en su edición 1667, del 12 de octubre, sobre el proyecto turístico que se planea construir a 50 kilómetros al sur de La Paz.
Aseguran que tienen "solvencia moral", por lo que las revelaciones de la revista Proceso sólo desprestigian a los inversionistas de Las Vegas, encabezados por el abogado David Chesnoff.
En el comunicado, los inversionistas aseguran que el complejo turístico Punta Arena, lo construirán "empresas mexicanas" para el "beneficio y desarrollo" de "la comunidad de la zona".
Los empresarios estadunidenses agregan que este desarrollo turístico contará con "infraestructura urbana, inmobiliaria, hotelera, una marina, un aeródromo y un campo de golf público", por lo que generará "fuentes de trabajo que mucho se necesitan en estos momentos".
Recalcan que Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V., y Boca de la Salina S.A. de C.V., son las dos "empresas mexicanas" que realizarán el proyecto, por lo cual no son compañías, estadunidenses, como reveló el semanario Proceso, en un reportaje publicado el pasado 12 de octubre, en su edición 1667.
Esta revista -mencionan en el desplegado" "sugiere" que el "proyecto es campo propicio para casas de juego, prostitución y narcotráfico", lo cual son "falsedades e imprecisiones" que sólo desprestigian a los inversionistas de Las Vegas, encabezados por el abogado David Chesnoff, presidente del consejo de administración de las dos empresas.
El desplegado está firmado por Rafael M. Brito Anderson, apoderado de ambas empresas. En el texto se añade que, por el contrario, los inversionistas de Punta Arena tienen "solvencia moral" y se sujetarán a las recomendaciones que les hizo el gobierno de Baja California Sur, como son respetar las leyes, proteger la ecología e integrar al "desarrollo" a la población de la zona.
En el desplegado de prensa se asegura que el complejo turístico se construirá en un área de 3,600 hectáreas, de las cuales las "empresas promotoras son legítimas propietarias", por lo cual -recalca-- es falso lo publicado en Proceso, donde se señala que se realizará en un área de 900 hectáreas que pertenece a los pescadores de la zona.
Sin embargo, en ese reportaje de Proceso, titulado "Las Vegas se extiende a Baja California Sur", son los propios pescadores quienes, en entrevista, aseguran ser los legítimos dueños de esa zona costera que da al Mar de Cortés. Inclusive, dan los nombres de las 12 familias de lugareños a quienes, dicen, los inversionistas estadunidenses intentan despojar de alrededor de 900 hectáreas.
Proceso recabó información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de La Paz, así como de la revista local La Tijereta, donde ya se señalaba que Punta Arena es una inversión de "capital 100% norteamericano".
Son estadunidenses los directivos de las dos empresas mencionadas. En ambas, aparece Chesnoff como su presidente; Eckley Keach como secretario; Dominic Rucci, tesorero; y James B. Cardwell, como vocal; y es la propia prensa estadunidense la que menciona las ligas de estos personajes con las "mafias" del juego, la prostitución y el narcotráfico en la ciudad de Las Vegas.
Según esas versiones, el abogado Chesnoff, por ejemplo, aparte de ser un tahúr profesional, llevó la defensa de Gabriel Ben-Harosh, presunto líder del grupo narcotraficante israelí Jerusalem Network.
El director de La Tijereta, Tulio Ortiz, así como María Luisa Cabral, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aseguraron a Proceso que Punta Arena puede convertirse en un "apéndice" o en un destino turístico "alterno" a Las Vegas. Y alertaron que el juego, la prostitución y el narcotráfico pueden ser traídos de esa ciudad a Punta Arena, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales bajacalifornianas.
El periodista Tulio Ortiz, por cierto, acaba de señalar --en una carta publicada en el reciente número de Proceso-- que su revista La Tijereta "ha sido vetada" por el gobierno estatal para recibir publicidad oficial. Aparte de que éste se niega a pagarle un adeudo de 33 mil pesos.
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