La gente que estaba ayer frente al Senado no pedía nada sólo para ella misma. Pedía una prohibición a Pemex para no volver a intentar la firma de contratos de servicios múltiples en los que se le asigna a una sola empresa contratista –casi siempre trasnacional— un área completa para llevar a cabo la exploración y la producción petroleras.
Tenían razón esos manifestantes. El desprecio con que los vieron los medios de comunicación y los políticos oficialistas y paraoficialistas es el mismo con el que ven a los pobres, a los indígenas, a los homosexuales, etcétera, es decir, a los diferentes de ellos mismos, a casi todos los demás.
Los proyectos que se aprobaron en el Senado no autorizan contratos para áreas completas de territorio o de mar, pero se ha querido, desde hace años, que se prohíban expresamente. El gobierno de Calderón, derrotado en su proyecto privatizador, no ha aceptado tal prohibición directa, textual, aunque tampoco logró que se incorporara al proyecto una autorización.
Así las cosas, los dictámenes debían ser aprobados debido a que son una expresión legal de la derrota del proyecto de privatización parcial de la industria petrolera mexicana, pero siempre sería mejor que se incluyera la prohibición expresa de los contratos por bloques. La mayoría del PAN y PRI votó en contra de tal prohibición pero no logró su autorización.
No es menor el debate, como algunos dicen sin el menor conocimiento de la realidad de Pemex. La empresa estatal del petróleo ha sido desmantelada como industria, es incapaz de realizar directamente la mayoría de los trabajos de exploración y producción de crudo, no surte con suficiencia las gasolinas que el país consume, ha reducido la producción petroquímica en más de la mitad. Este desastre es consecuencia de las políticas neoliberales de concesiones a corporaciones privadas, extranjeras y nacionales. Es el producto del predominio de intereses privados en el gobierno y de la corrupción que agobia a Pemex y a todo el país.
Quienes se manifestaron ayer pedían que se incluyera una frase en la Ley de Petróleos Mexicanos, pero Calderón, con la ayuda del PRI, se negó rotundamente. El fracaso del proyecto gubernamental era ya demasiado para que todavía se aceptara una prohibición expresa de lo que no se encuentra permitido.
En el PRD no hay discrepancia alguna en torno a la necesidad de prohibir con absoluta claridad los contratos por áreas o bloques. Es más, lo que se busca es que Pemex se aleje del contratismo que le ahoga y se haga cargo directamente de la industria petrolera, tal como lo manda la Constitución.
Si Calderón se atreve a licitar contratos sobre áreas enteras susceptibles de explotación petrolera se va a encontrar con una resistencia popular. Eso es lo que tenemos a la vista en este momento, pues tales licitaciones no serían legales y mucho menos constitucionales. La legislación define que toda asignación de áreas petroleras sólo puede otorgarse a Pemex pero no se autoriza a éste la subrogación.
¿Entonces por qué, Pablo, no votaste en el sentido que pedía esa gente, el pueblo? ¿Por qué antepones tu figura de legislador a la de representante popular? Ya tendrás tiempo de arrepentirte de haber votado una simulación más, otra tomadura de pelo.
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