Identidad profesional y corrupción

ERNESTO VILLANUEVA

La cédula profesional es un documento que otorga el Estado como reconocimiento legal de que un profesionista puede ostentarse como tal. Para obtener la cédula se requiere haber cursado una carrera universitaria aprobando los exámenes correspondientes. No se trata de un asunto menor ni accesorio; al contrario, puede representar una diferencia sustantiva entre la vida y la muerte, entre la seguridad y la inseguridad, y entre la satisfacción del interés público y del interés personal. Vayamos por partes.Primero. Todos en algún momento tenemos relación con profesionistas a quienes la ley exige su cédula, como el médico, el dentista, el abogado, el profesor, el arquitecto, el ingeniero civil, etcétera. La sociedad parte de la premisa de que las personas que se presentan como profesionistas cuentan con su respectiva cédula profesional. De manera particular, la sociedad confía más (o desconfía menos) en quien exhibe su cédula como prueba de pericia. De manera excepcional se ha podido probar que muchos aparentes profesionistas carecen de cédula o han usurpado un número que corresponde a alguien más. La estructura de opacidad del Estado mexicano hacía poco menos que imposible el escrutinio social de esta información que debe ser pública por el interés comunitario. Es precisamente por el valor social de esta figura que la ley castiga su incumplimiento de manera severa no sólo como una falta menor, sino como un delito. En efecto, el artículo 250 del Código Penal establece que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo a quien, sin tener título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada, se atribuya el carácter de profesionista.Segundo. El Estado mexicano -Federación, estados y municipios- exige la acreditación de la cédula profesional para ejercer distintos empleos y cargos públicos, con lo cual brinda a los gobernados la certeza mínima de que esos servidores públicos tienen los conocimientos certificados que se requieren para el cumplimiento de sus funciones. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces, que necesariamente deben ser licenciados en derecho, o de los médicos de un hospital público, que deben documentar esa condición, e incluso de los profesores en todas sus modalidades. La violación de la ley en dichos aspectos, además de ser castigada penalmente, es sancionada de acuerdo con la legislación de responsabilidades de los servidores públicos. El problema, por fortuna, no es que esa conducta no se sancione. El reto es cómo la sociedad puede verificar que su médico lo es realmente o que el jefe de una obra de construcción sea en verdad un ingeniero civil, sólo por citar dos casos cercanos a todos.Tercero. La Secretaría de Educación Pública, en su página en internet, ha puesto a disposición de los ciudadanos el denominado Registro Nacional de Profesionistas para comprobar la autenticidad de la cédula profesional de que se trate. Es un buen principio, aunque sería todavía mejor que se pudiera buscar por nombre y apellidos, lo cual es esperable a la mayor brevedad posible, sobre todo porque se trata de un dato personal de naturaleza pública por sus implicaciones sociales. Gracias a ese sistema, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo cotejar, por ejemplo, la autenticidad de una cédula profesional que un solicitante había pedido conforme a la ley de acceso para conocer además cuántas plazas tenía una persona en el sistema educativo local. Corresponde a alguien que tiene una plaza de profesor y cuyo nombre es Erasmo Amaro Acosta. Resulta que la cédula profesional que lo acredita como licenciado en educación media con número 2205180 no es suya. El Registro Nacional de Profesionistas informó que esa cédula corresponde a Nora Hilda Galván Balderas, como licenciada en enfermería. Y así se han detectado un número apreciable de casos de este tipo que lastiman a la comunidad. Cuarto. Frente a esta circunstancia, que probablemente se reproduce en todo el país, el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y el presidente del IMIPE, Eleael Acevedo, anunciaron el mes pasado que se harán públicas todas las cédulas profesionales de los servidores públicos del gobierno estatal que, conforme a la ley, deben acreditar la calidad de profesionistas. De ese modo la sociedad podrá ver quién es quién y dar vida a mecanismos de participación ciudadana en el mejor interés público. Hoy, a menos de un mes, es posible verificar que efectivamente en el portal web del gobierno de Morelos cada uno de los mandos medios y superiores publican su cédula profesional, tanto si se dicen profesionistas como si la ley establece que deben serlo. No lo han hecho todavía el Poder Judicial ni el Legislativo. Tampoco todos los organismos autónomos locales. Morelos inició con una ley de acceso que establece la publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos, disposición que se cumple de manera razonable. Ahora abre veta en este rubro. Es un hecho inédito de rendición de cuentas que pone de relieve una de las múltiples aplicaciones de la transparencia que a todos importa para combatir la corrupción. Habrá que ver cuáles son los estados que siguen ese precedente de Morelos. l

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