Pemex: la corrupción y el saqueo

Editorial

Pemex: la corrupción y el saqueo

De acuerdo con un documento de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la compañía multinacional de matriz alemana Siemens realizó pagos ilícitos por aproximadamente 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios “políticamente bien conectado”, a fin de sobornar a un alto funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que ayudara “en el arreglo de una disputa sobre costos en relación con la modernización de tres refinerías”, obras que además se entregaron a destiempo y con deficiencias.
Esta información empata con el fallo anunciado por la Corte Internacional de Comercio, con sede en París, en el sentido de que Pemex tendría que pagar alrededor de 600 millones de dólares a la mencionada Siemens y a la coreana Sunkyong –integrantes del Consorcio Proyecto Cadereyta–, y tiene como telón de fondo las investigaciones realizadas por la propia SEC en contra del conglomerado tecnológico alemán, por presuntos casos de corrupción en la adjudicación de contratos de obras públicas en distintos países –Argentina, Venezuela, Nigeria, China, Bangladesh, Vietnam y Rusia–, gracias a los cuales la compañía ha obtenido ganancias multimillonarias.
En el caso de México, los señalamientos de la SEC se inscriben en el largo historial de componendas entre intereses particulares y autoridades de distintos niveles, que redundan en el saqueo sostenido de la riqueza petrolera nacional y de los recursos económicos que ésta genera: desde el robo de gasolinas y el “ordeñamiento” de tuberías, hasta arreglos impresentables en los altos círculos directivos –como los que se comentan–, pasando por la corrupción que campea en el seno del sindicato de la paraestatal. A esas formas de saqueo ilegal habría que agregar la que ejerce el gobierno federal sobre las arcas del organismo, por la vía de la confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos.
En meses pasados, cuando el grupo que detenta el poder insistía en su intento por privatizar los segmentos más redituables de la industria nacional de los hidrocarburos, en el discurso oficial se pretendió presentar a Pemex como una empresa improductiva, económicamente inviable y prácticamente en quiebra. Ese argumento fue repetido hasta la saciedad con el inocultable fin de influir en la opinión de la ciudadanía en torno a la pretendida urgencia de permitir la apertura de la industria petrolera al capital privado. En cambio, el gobierno apenas mencionó la necesidad de moralizar el aparato administrativo de la empresa y el conjunto de la administración pública federal; de combatir la asfixiante corrupción que invade las esferas del poder público y de imponer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más estrictos para los funcionarios de todos los niveles.
Tales medidas son, sin embargo, imprescindibles: al día de hoy no hay garantía alguna de que episodios como el que presuntamente involucra a Siemens y a funcionarios de la paraestatal no se repetirán. Es significativa, al respecto, la intención anunciada por el consorcio alemán de realizar inversiones millonarias en los proyectos energéticos que se liciten en el futuro. A juzgar por los antecedentes, esta posibilidad reviste un riesgo inaceptable para la paraestatal.
Es obligatorio, en suma, que las acusaciones mencionadas sean esclarecidas, por elementales razones de transparencia y legalidad, pero también como una medida para prevenir nuevos desfalcos en el futuro. Del mismo modo, se debe avanzar en un proceso de depuración profunda y efectiva de la estructura administrativa de Pemex y del conjunto del gobierno; de lo contrario, no desaparecerán los vicios y las corruptelas que imperan en ese organismo y que, amén de consideraciones éticas, constituyen un factor de estrangulamiento para las finanzas de la empresa y un lastre fundamental para su fortalecimiento y modernización.