Reclamo tardío contra el bloqueo a Cuba

■ Reclamo tardío contra el bloqueo a Cuba
■ Oportunidad para que Obama lleve el cambio a los hechos

Carlos Fernández-Vega

Casi cinco décadas después de un hecho execrable, y a estas alturas totalmente anacrónico, los gobiernos latinoamericanos intentan reivindicarse de lo que en aquel entonces sumisamente aceptaron quienes ocupaban “el poder” en sus respectivas naciones: unánimemente han exigido que cese el brutal cuan ilegal bloqueo impuesto a Cuba 46 años atrás por la “democrática” administración Kennedy, y vilmente sostenido y endurecido por sus herederos en la Casa Blanca.
Poco más de 46 años atrás (el 3 de febrero de 1962) los “gobiernos” latinoamericanos –muchos de ellos producto de golpes de Estado, apoyados y financiados por Estados Unidos– agacharon la cabeza, doblaron las corvas, estiraron la mano (Alianza para el Progreso) y aplaudieron a John F. Kennedy por decretar el bloqueo (Proclama Presidencial 3447) a la mayor de las Antillas, en su afán, por demás fallido, de doblegar a la revolución cubana y a sus líderes.
Ahora esos gobiernos, la mayoría elegidos democráticamente, en bloque condenan la vileza del gobierno estadunidense y exigen el fin del ilegal bloqueo, el cual implica un costo acumulado para la isla cercano a 100 mil millones de dólares, es decir, más de dos tantos su PIB actual, de acuerdo con el World Factbook de la CIA, una de las principales agencias del gobierno estadunidense para desestabilizar a la revolución cubana.
Congregados en la cumbre regional celebrada en Costa do Sauipe, Brasil, los mandatarios exigieron a la Casa Blanca “que cumpla con lo dispuesto en las 17 resoluciones sucesivas aprobadas en la Asamblea General de Naciones Unidas y ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra Cuba… que, con carácter inmediato, detenga la aplicación de las medidas adoptadas en el curso de los últimos cinco años que limitan el envío de remesas y viajes de cubano-estadunidenses a la isla y fortalecieron el impacto de su política de bloqueo”. Y el pronunciamiento tiene destinatario: el próximo presidente de Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ayuda a comprender la ilegalidad del bloqueo que Estados Unidos impuso a la mayor de las Antillas: el andamiaje representa una flagrante violación al ejercicio de los derechos humanos del pueblo cubano, de ciudadanos de terceros países y de los propios estadunidenses. Sus disposiciones son también violatorias incluso del derecho estadunidense y de los principios fundamentales, leyes y costumbres que conforman el derecho internacional que se refieren a las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los Estados.
Esta política de agresión económica de Estados Unidos contra Cuba desde 1959, “ha pretendido socavar la soberanía de nuestro país y de otros Estados miembros de Naciones Unidas. Mediante la utilización de diferentes pretextos, el gobierno de Estados Unidos ha pretendido, a través del genocidio más cruel, aislar y derrocar a la revolución cubana e imponer un gobierno que permita la recolonización de Cuba. El entramado de órdenes, regulaciones y leyes de todo tipo que conforman el bloqueo son rechazadas y denunciadas por amplios sectores de la comunidad internacional como una aberración jurídica y una afrenta a la soberanía y la independencia cubanas. Es una política irracional, sustentada en leyes de marcado carácter extraterritorial, injerencista y unilateral”.
Explica que varios instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos como contrarios a la paz y a la seguridad de la humanidad: la política de bloqueo califica como crimen internacional de genocidio, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. El bloqueo contra Cuba viola los derechos humanos del pueblo de Cuba y como consecuencia de semejante violación ejercida por casi cinco décadas ha causado serios daños materiales y morales a la economía y a la sociedad cubanas, actos ilícitos por los cuales el gobierno estadunidense es responsable ante los tribunales de Cuba y ante la jurisdicción internacional. La promulgación de la Ley Helms-Burton es la continuidad de una política agresiva reiterada que Estados Unidos ha impuesto en el ámbito internacional y que prácticamente viola todas las áreas del derecho internacional y de los principios que rigen las relaciones internacionales.
El bloqueo emprendido para exterminar la revolución cubana y a su pueblo, como sanción unilateral de marcado carácter extraterritorial, contraviene, entre otros, los siguientes principios y derechos fundamentales del derecho internacional: el de igualdad soberana (la soberanía de los estados e igualdad jurídica de los mismos). Este principio se encuentra refrendado en la Carta de la ONU, que establece: “la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”. Y el artículo 78 de la propia Carta estipula que “las relaciones entre los territorios que hayan adquirido la calidad de miembros de Naciones Unidas se basarán en el respeto al principio de la igualdad soberana”.
Lo anterior guarda estrecha relación con el principio de no intervención a la que hace mención la referida Resolución 2625, al plantear que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos nacionales y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún Estado”.
Con la soberanía marcha el principio de independencia, que refrenda la facultad de los estados de decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos y externos en el marco del derecho internacional público, incluyendo las relaciones de orden interno y relaciones de orden internacional dentro de la que se incluye el derecho del libre comercio con los demás Estados. Además, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados refrenda que “todo Estado tiene derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros… En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales…”.
La Ley Helms-Burton viola las normas y los principios que rigen el comercio internacional al prohibir la exportación e importación de productos hacia y provenientes de Cuba, así como las relaciones comerciales entre la isla y las empresas que tengan su casa matriz o una subsidiaria en estados Unidos.
Las rebanadas del pastel
Con esta exigencia latinoamericana, Barack Obama tiene una oportunidad de oro para demostrar que no sólo en el discurso, sino en los hechos, va por el cambio.


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