Ineptitud y corrupción de funcionarios en Sagarpa

Érika Ramírez

Mandos medios y superiores de la Sagarpa, involucrados en supuestos hechos de corrupción, cobran salarios cercanos a los 200 mil pesos mensuales. Un estudio sobre “perfiles” de servidores públicos, elaborado por la consultoría Abogados y Profesionales Integrados, señala que funcionarios de esa dependencia incumplen con los requisitos académicos para desempeñar sus funciones
Funcionarios investigados por cometer supuestas irregularidades en el ejercicio del servicio público, se mantienen en puestos directivos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con salarios por encima de los 180 mil pesos mensuales, más prestaciones e incentivos.
De acuerdo con un informe elaborado por la consultoría Abogados y Profesionales Integrados, que preside David Vega Osorio (abogado y exfuncionario de la propia Secretaría), mandos medios y superiores de la Sagarpa incumplen con el perfil académico necesario para desarrollar la política agroalimentaria que requiere el país.
Según el documento encomendado por Gustavo Cárdenas Gutiérrez –actual coordinador general de Apoyos de Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria)– a los especialistas en litigios y temas del sector agroalimentario, los cargos que ocupa la mayoría de los directores de área fueron otorgados por las “buenas” relaciones sostenidas con altos funcionarios, entre los que estarían los exsecretarios Javier Usabiaga y Francisco Mayorga.
Además del estudio de perfiles, el despacho habría elaborado un análisis del examen del servicio profesional de carrera que realiza la Sagarpa y el acta de entrega-recepción de la oficina de Apoyos de Aserca, por los que se pagarían aproximadamente 600 mil pesos.
Las consultorías habrían sido solicitadas a David Vega por Antonio Narváez, jefe del Departamento de Órganos Desconcentrados de la Secretaría, de manera verbal, sin que hasta ahora hayan sido pagadas.
En el estudio de perfiles se lee que Antonio Ruiz Garza, subsecretario de Desarrollo Rural, ocupó el mismo cargo en las administraciones foxistas de la Sagarpa. El documento indica que es una persona “vinculada” con el dueño de la multinacional Bimbo, de Lorenzo Servitje.
En las administraciones de Ruiz García, indican el informe de los consultores, las políticas de desarrollo rural “no impactaron en el sector campesino. Tuvo problemas con líderes de organizaciones por actuar con enojo y enfrentamiento. Los resultados al frente de la Subsecretaría no permearon. Utilizó al INCA (Instituto Nacional de Capacitación para la Agricultura Rural) como ventana de atención propia, sin permitir utilizarlo a toda la Sagarpa”.
Este servidor público fue investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestos desvíos de recursos, cuando Javier Usabiaga se encontraba al frente de la dependencia. El 15 de enero de 2005, el periodista Miguel Badillo publicó en su columna Oficio de papel que este funcionario había contribuido a “importantes desvíos en el manejo de 4 mil 500 millones de pesos correspondientes al presupuesto de los últimos tres años”.
La denuncia fue hecha por el expresidente del Consejo Mexicano del Café, Javier Mora, quien explicó que fue despedido del organismo en 2001 por Usabiaga Arroyo, después de denunciar los actos de corrupción de Ruiz García.
Bajo la clave CF51005, el subsecretario de Desarrollo Rural tiene un total de percepciones brutas por 189 mil 944 pesos. Además recibe una prima vacacional de 10 días al año, sobre su salario base de 23 mil 667 pesos, prestaciones de seguridad social y la asignación de un vehículo y/o apoyo económico por 7 mil 500 pesos. Tiene la opción de recibir incentivos en becas para el estudio de maestría o doctorado. Así lo indica el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal.
Marco Tulio Monjardín es otro de los servidores públicos que ha investigado la SFP, por supuestos hechos de corrupción. El ahora coordinador jurídico de Aserca desempeñó el mismo cargo en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), cuando se descubrieron irregularidades en el proceso de credencialización del Seguro Popular.
Este caso repercutió en la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público de Juan Antonio Fernández Ortiz, entonces comisionado de la CNPSS. El exfuncionario “Amigo de Fox” también fue multado con más de 454 mil 528 pesos.
El informe elaborado por el despacho de Vega Osorio dice que Monjardín Gutiérrez asesoraba al mismo tiempo a Juan Antonio Fernández Ortiz y a Mario Sosa, coordinador de Comercialización (en Aserca). En esta administración regresa a Aserca como coordinador jurídico, con la directora en jefe, Ana Graciela Aguilar Antuñano.
El coordinador jurídico de Aserca se desempeña bajo la clave KB2_CJ como personal de “confianza”. Las percepciones brutas mensuales son de 153 mil 483 pesos. Sagarpa le otorga una gratificación anual de 40 días sobre los 17 mil 409 pesos de sueldo base, más un vehículo, teléfono celular y 1 mil 750 pesos al mes.
Los jefes
Entre los perfiles desarrollados por la consultoría también figura el del subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado. Ingeniero agrónomo zootecnista, de profesión, fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Guanajuato, con Ramón Martín Huerta al frente de la dependencia local. Al arribo de Javier Usabiaga a la Sagarpa, fungió inicialmente como coordinador de Enlace y Operación, posteriormente como subsecretario.
“Con mucha posibilidad para el diálogo, pero con dificultades para la instrumentación de los programas a su cargo, fue aprendiendo la agricultura nacional, y siempre buscó el quedarse en la Secretaría en lugar de Francisco Mayorga. A la salida de Javier Usabiaga tiene un equipo que no lo apoya. Mientras, con Alberto Cárdenas es visible la falta de entendimiento, toda vez que el programa de Apoyo de Maíz y Frijol no ha tenido una dirección única, generando desconcierto entre las organizaciones de productores”, indica el informe.
Su remuneración al mes es de más de 189 mil pesos, más 7 mil pesos de asignación de vehículo y/o apoyo económico. También cuenta con la prestación de becas para estudiar una maestría o doctorado.
Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), “se le vincula originalmente a grupos priistas; posteriormente se acercó a los grupos panistas buscando su acomodo. Se ha allegado de un equipo de trabajo de delegados estatales vinculados al PRI (Partido Revolucionario Institucional), sin aplicar las nuevas tendencias de la sanidad agropecuaria. Asimismo, se ha perdido el vínculo internacional que Senasica tenía.
Bajo esta dirección, el Senasica ha entregado casi 1 mil 500 millones de pesos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación ha observado que la transferencia de recursos asignados a este organismo internacional ha sido “costosa y excesiva”.
De acuerdo con el Concentrado de Programas y/o Proyectos Administrados por el IICA de 2002 a 2008, entregado por el Senasica por medio de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fueron erogados 1 mil 276 millones 172 mil pesos durante la administración de Javier Trujillo Arriaga, y otros 196 millones 606 mil 520 pesos en 2007 y 2008 por el actual director en jefe, Enrique Sánchez Cruz (Fortuna 63). El titular del Senasica actualmente recibe un salario mensual bruto de 158 mil 198 pesos.
Andrés Rosenzweig Pichardo es contratado por asesorías mediante convenio con el IICA. Economista y “mentor” de Aguilar Antuñano, “hace equipo con Juan Carlos Anaya, asesor externo de Aserca, mediante la empresa Grupo de Asistencia de Mercados, y es el encargado de los estudios de política agropecuaria. Además, tiene vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler; el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Andrés Casco Flores; y del político Ignacio Pichardo Pagaza, de quien es familiar”, dice el documento.
Leticia De Champs Solórzano es otra titular de área de la que el informe indica que “su estilo personal no le permite que las organizaciones de productores le tengan autoridad. Como ponente ante un público no coordina sus ideas en materia agropecuaria”.
De Champs Solórzano es la directora general del Instituto Nacional de Capacitación para la Agricultura (INCA) desde que Javier Usabiaga comandaba la dependencia. El informe indica que “tiene dentro de su personal a muchos simpatizantes perredistas que no ha podido detectar. Hizo del INCA el área operadora de la Subsecretaría, ha realizado una gran cantidad de eventos que no han rendido frutos, como intercambios de experiencias”.
Mientras, el comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura, Ramón Corral Ayala, “está sujeto a los intereses de la industria. Sonora es el único estado beneficiario, canalizando el 90 por ciento de proyectos productivos. Recibió un condominio en Mazatlán por permisos de atún prohibidos en la carta pesquera. Compró un avión para la comisión, el cual es utilizado para los viajes que realiza a su casa en Sonora y que cada fin de semana es utilizado”, señala el informe.

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