La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó ayer la visita a México, los próximos días 25 y 26 de marzo, de la encargada del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, con el fin de hacer manifiesto el respaldo estadunidense a la cruzada antinarco emprendida por el gobierno mexicano, así como revisar el avance de los programas y estrategias de cooperación emanados del encuentro que sostuvieron en enero pasado el presidente del vecino país, Barack Obama, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa.
El anuncio de la visita de Clinton a México tiene como inevitable telón de fondo el reciente intercambio de declaraciones protagonizado por funcionarios del gobierno estadunidense y las autoridades mexicanas en relación con los dudosos resultados de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado” del calderonismo al igual que el notable incremento de la violencia en diversas zonas del país, principalmente en la región fronteriza del norte. El pasado jueves, en un tono inusualmente crítico, Calderón Hinojosa llegó al punto de acusar la configuración de una “campaña de desprestigio” contra México; afirmó que “la corrupción de ciertas autoridades” del vecino país posibilita la acción de los cárteles, e incluso desafió a quienes han cuestionado la autoridad del Estado sobre franjas del territorio nacional: “Yo reto a quien diga eso a que me diga a qué punto del territorio nacional quiere ir, y lo llevo”.
Es claro que, en la circunstancia actual, en el contexto de las relaciones entre ambas naciones, el incremento de la violencia y la situación de ingobernabilidad que se vive en distintos puntos del país son temas que han adquirido una nueva dimensión e importancia, y que alimentan, en las autoridades estadunidenses, tanto inquietudes legítimas –ante la posibilidad de que el clima de inseguridad se traslade a su propio territorio– como posiciones equívocas y malintencionadas que se empeñan en soslayar la cuota de responsabilidad que les corresponde en el crecimiento del narcotráfico y otros fenómenos delictivos.
Tal situación abre una perspectiva por demás indeseable para nuestro país por cuanto pudiera prefigurar un incremento en las presiones de Washington por profundizar la asistencia militar binacional en el marco de la denominada Iniciativa Mérida. Al respecto, no pueden pasarse por alto las declaraciones realizadas la semana pasada por el jefe del Estado Mayor Conjunto del vecino país, Michael Mullen, de que “las fuerzas armadas mexicanas y estadunidenses deberían actuar mancomunadamente” en el combate al narco y de que el Plan Colombia –que contempló el despliegue de marines en esa nación sudamericana– debería ser tomado como “ejemplo” por México.
Ante tales consideraciones, la visita de Clinton a México cobra tintes inquietantes y es obligado preguntarse si su presencia en el país y el respaldo manifestado al gobierno calderonista no acabarán por multiplicar las deficiencias de las políticas anticrimen gestadas en ambos lados de la frontera.
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