Los peritos oficiales de la PGR emitieron esta semana un veredicto en el que coinciden con los peritos de la parte querellante.
México, DF.- Después de cinco meses de estudiar un documento ofrecido como prueba en la denuncia por un presunto fraude procesal de 130 millones de dólares en contra del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, peritos designados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se convencieron de que “hay indicios claros” respecto a que un pagaré que avala esa millonaria cantidad a nombre del prelado, y que el 23 de junio de 2008 fue endosado en propiedad a Jaime Matute Labrador, “pudo ser manipulado con el propósito de simular actos jurídicos”.El penalista Xavier Olea Peláez, coadyuvante de la fiscalía capitalina informó hoy a La Jornada que los peritos oficiales emitieron esta semana un veredicto en el que coinciden con los peritos de la parte querellante.
“Estos peritos designados por la Procuraduría capitalina encuentran, al igual que los peritos contratados por la parte denunciante, que hay indicios suficientes para considerar que el pagaré se hizo en dos tiempos: primero se firmó la hoja en blanco, cuando aún vivía la señora Olga Azcárraga Madero (propietaria original de una veintena de pinturas de autores de reconocimiento mundial que hoy se encuentran bajo litigio para definir a sus legítimos propietarios); y luego, tras su fallecimiento, se rellenó, especificando los 130 millones”, destacó Olea.
Agregó que este documento es una “prueba toral” que concatenada con otras documentales, periciales y testimoniales que se están integrando como parte de la averiguación previa correspondiente, deberán llevar al agente del Ministerio Público a ejercitar la acción penal contra el jerarca de la iglesia católica.
En este contexto, el pasado 19 de diciembre, por primera vez en la historia jurídica del Distrito Federal un importante jerarca de la Iglesia católica compareció ante autoridades ministeriales en calidad de indiciado: El obispo Cepeda Silva llegó a la PGJDF en compañía de un abogado penalista pero se reservó su derecho a declarar.
Desde la segunda quincena de octubre pasado, Cepeda Silva encara una acusación penal por un presunto fraude procesal por 130 millones de dólares, debido a que participó en un litigio civil que implica la lucha legal por la propiedad de una veintena de pinturas artísticas, algunas de las cuales podrían ser consideradas patrimonio nacional, como es el caso de Mujer caminando, del oaxaqueño Rufino Tamayo, cotizada en un millón de dólares.
La denuncia en contra del prelado y de Jaime Matute Labrador la presentó la empresa Arthinia Internacional SA, la cual acusa a ambos de haberse confabulado para efectuar una “simulación de actos jurídicos” que les permitió embargar los derechos litigiosos con los cuales pueden adjudicarse la propiedad de los cuadros.
Éstas y otras pinturas originalmente fueron donadas por Olga Azcárraga Madero –hermana del presidente del Grupo Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga– a la compañía Arthinia, de la que ella fungía como presidenta del consejo directivo.
Sin embargo, Matute, quien era asesor de la señora, se habría coludido con el obispo para despojar a la empresa de los derechos de posesión de las obras de arte.
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