Diez mil muertos facturados a Calderón

Isabel Arvide

Sin Gafete

¿Error de contabilidad o de operación?El miércoles 18 de enero del 2009, en Chihuahua, irrevocablemente la Entidad más violenta del país, se cumplió la ejecución número diez mil del sexenio que encabeza Felipe Calderón.Muertos que son muchos, para cualquier análisis, dentro del ámbito donde se pretenda explicarlos.Diez mil muertes violentas que significarán, junto con los que vengan, este gobierno y perseguirán históricamente a Felipe Calderón por los siglos de los siglos.Diez mil asesinados que son muchos más que el total del primer sexenio panista.Y que sin embargo no deben sumarse en esta línea mediática amarillista.Porque los muchos muertos no suman igual. No, si partimos de la certidumbre de que son bajas de guerra. De una guerra que cobardemente y/o corruptamente se evitó dar antes. Al menos con la magnitud de la respuesta actual al crimen organizado.Estos diez mil muertos no son, en verdad, tan importantes como las muchas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez o los cientos de desaparecidos en Chihuahua.Debería importar, significativamente, mucho más el porcentaje de estas muertes violentas que tienen como víctimas a soldados y policías. Es decir, a las fuerzas del orden público.Y si me apuran, todavía por encima de esta ecuación tendría que estar el número de asesinos que han sido detenidos. Diríase correctamente que no han sido buscados, investigados, perseguidos y menos todavía puestos en manos de la autoridad judicial correspondiente. Que no están en la cárcel, que no pagan por sus muertos.Esa es la cifra que debe aterrar, quitar toda posibilidad de sueño, al presidente Felipe Calderón.No solamente a él. Porque está la corresponsabilidad de los policías, de los ministerios públicos, de las procuradurías locales y por tanto, también, de los gobernadores. Y aquí la mirada debe dirigirse, principalmente, a Chihuahua donde van cerca de tres mil ejecutados durante este sexenio. Es decir poco más de la cuarta parte del total, el 29 por ciento. Seguida de Baja California, gobernada por un panista, y de Sinaloa.Ese es el tema que está pendiente, que tendría que llamar la atención nacional en todo sentido. Porque no es tan devastador hablar de diez mil asesinatos como de diez mil asesinos sueltos, libres, protegidos por la autoridad local. Eso sí que enferma la salud institucional y lesiona gravemente el Estado de Derecho, la seguridad nacional en su sentido más amplio.Viciada de origen, objeto de negociaciones inmorales, la investigación de estos crímenes ha sido el nudo ciego, el punto de origen de la gran debacle nacional.Porque no encontrar a los asesinos, no buscarlos siquiera, implica forzosamente una omisión intolerable, inaceptable por parte del Estado Mexicano. Que venimos arrastrando del gobierno anterior. Porque de nada sirve que Vicente Fox tenga en su conciencia “solamente” poco más de ocho mil asesinatos si, también, nos heredó otros tantos asesinos libres.¿Quiénes son responsables de esto? Legalmente las autoridades locales ya que los asesinatos son del fuero común hasta prueba en contrario, moralmente las autoridades federales. Esa es la coyuntura perversa. Porque la falta de un nuevo código penal que defina inequívocamente esta responsabilidad jurídica permite la politización de la violencia que los gobernadores niegan en el discurso pero lucran en sus realidades.Mientras esto sucede lo único cierto, para vergüenza de todos los mexicanos, es que llegamos a la cifra récord de diez mil asesinatos impunes, realizados en complicidad con las policías locales y cobijados por la corrupción de las autoridades federales…
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