El Universal
QUERÉTARO, Qro.— La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se comprometió a gestionar ante la PGR para reducir la sentencia dictada a la otomí queretana Jacinta Francisco Marcial, y lograr así su libertad bajo fianza.
Sin embargo, diputados federales integrantes de la comisión especial para estudiar este caso adelantaron que tratarán de que Jacinta sea absuelta de las acusaciones que se le imputaron.
Este miércoles estuvieron en Querétaro los diputados federales Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez (PAN), y Alliet Bautista (PRD).
Desde las once de la mañana y hasta aproximadamente la una de la tarde estuvieron en el Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José el Alto, en donde platicaron con Jacinta.
La indígena, originaria de Santiago Mexquititlán, fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, proceso por el cual se le condenó a 21 años de prisión y 2 mil días de salario mínimo de multa.
Los legisladores que platicaron con ella encontraron gran cantidad de irregularidades, que decidieron no dar a conocer sino hasta que se estudie el caso. Por esto, cancelaron una conferencia de prensa que tenían programado ofrecer ayer.
Por su parte, la diputada local Carmen Consolación González Loyola Pérez, en su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 55 legislatura del estado de Querétaro, propuso a dicha instancia darle seguimiento al caso.
Sin embargo, diputados federales integrantes de la comisión especial para estudiar este caso adelantaron que tratarán de que Jacinta sea absuelta de las acusaciones que se le imputaron.
Este miércoles estuvieron en Querétaro los diputados federales Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez (PAN), y Alliet Bautista (PRD).
Desde las once de la mañana y hasta aproximadamente la una de la tarde estuvieron en el Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José el Alto, en donde platicaron con Jacinta.
La indígena, originaria de Santiago Mexquititlán, fue arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, proceso por el cual se le condenó a 21 años de prisión y 2 mil días de salario mínimo de multa.
Los legisladores que platicaron con ella encontraron gran cantidad de irregularidades, que decidieron no dar a conocer sino hasta que se estudie el caso. Por esto, cancelaron una conferencia de prensa que tenían programado ofrecer ayer.
Por su parte, la diputada local Carmen Consolación González Loyola Pérez, en su calidad de integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 55 legislatura del estado de Querétaro, propuso a dicha instancia darle seguimiento al caso.
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