Por Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
Es un crimen de Estado. Y no hablo sólo de la muerte de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea a manos de los policías en mayo de 2006. Ni siquiera de los allanamientos ilegales, las persecuciones perrunas hasta las azoteas, las golpizas profesionales y luego las vejaciones a los hombres y las violaciones a las mujeres.
Es un crimen de Estado. Y no hablo sólo de la muerte de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea a manos de los policías en mayo de 2006. Ni siquiera de los allanamientos ilegales, las persecuciones perrunas hasta las azoteas, las golpizas profesionales y luego las vejaciones a los hombres y las violaciones a las mujeres.
Me refiero, sobre todo, a los 13 presos políticos de Atenco que están sufriendo penas de 32, 67 y hasta 112 años de prisión.
Ni los más repugnantes asesinos, ni los despiadados secuestradores mochaorejas, ni los narcotraficantes envenenadores de cuerpos y almas, ni los más voraces estafadores de cuello blanco. Nadie en este país ha recibido condenas más brutales, más inhumanas: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández no son una estadística o un número: se trata de seres humanos sometidos a un castigo peor que la muerte; aun el más joven de ellos habrá de pasar 30 o 60 años encerrado el resto de su existencia; a otros no les alcanzará la vida para pagar una pena no sólo cruel, sino absolutamente injusta. Impuesta, desde el poder, para pagar por tres pecados imperdonables para los regímenes represores: ser pobre, ser indígena y alzar la voz frente a las injusticias.
Por eso Atenco es un punto de quiebre para el país. Si permitimos esta infamia, renunciaremos a las libertades que tanta sangre nos han costado en el pasado. Y viviremos de rodillas en el futuro.
Porque, hay que decirlo con todas sus letras, los de Atenco han sido condenados no por haber cometido delito alguno sino por haberse opuesto a la construcción del nuevo aeropuerto en 2001. Se negaron a entregar su territorio y a desaparecer como comunidad con siglos de historia. El problema es que les tumbaron el gran negocio a los corruptos de Fox y Montiel, que respondieron como mercachifles afectados, con un rencor que todavía no se acaba.
Así que el Estado se equivocó al optar por la violencia ante una problemática eminentemente social que gestó el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Una vez más los gobiernos federal y estatal se decidieron por la misma y cavernaria respuesta de quienes tienen la fuerza, mas no la razón: la criminalización de la protesta social. Como si este no fuera un derecho constitucional a la vez que instrumento fundamental para oponerse pacífica, pero decididamente, a los abusos de los poderes temporales que intentan aplastar los valores universales.
Un dato importante es que uno de los perseguidos y exiliados de Atenco, Bernardino Cruz Cardona, acaba de ganar un amparo que le ha permitido regresar a su pueblo sin la amenaza de ser aprehendido. Sin duda un referente legal que lo exonera del delito de “secuestro equiparado”, el mismo por el que están acusados los presos de Atenco. El caso es que se ha formado el Comité Libertad y Justicia para Atenco que reúne a un connotado grupo de intelectuales, artistas, activistas y organismos civiles que pugnan por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. Los gobiernos volverán a equivocarse si menosprecian este indignado esfuerzo.
Por cierto, a riesgo de ser ingenuo, si Calderón y Peña Nieto aspiran de verdad a la grandeza debían decidir a conciencia y retirar los cargos. Sería una luz en medio de la tormenta. Sí, sí, ya dije que soy ingenuo.
Ni los más repugnantes asesinos, ni los despiadados secuestradores mochaorejas, ni los narcotraficantes envenenadores de cuerpos y almas, ni los más voraces estafadores de cuello blanco. Nadie en este país ha recibido condenas más brutales, más inhumanas: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández no son una estadística o un número: se trata de seres humanos sometidos a un castigo peor que la muerte; aun el más joven de ellos habrá de pasar 30 o 60 años encerrado el resto de su existencia; a otros no les alcanzará la vida para pagar una pena no sólo cruel, sino absolutamente injusta. Impuesta, desde el poder, para pagar por tres pecados imperdonables para los regímenes represores: ser pobre, ser indígena y alzar la voz frente a las injusticias.
Por eso Atenco es un punto de quiebre para el país. Si permitimos esta infamia, renunciaremos a las libertades que tanta sangre nos han costado en el pasado. Y viviremos de rodillas en el futuro.
Porque, hay que decirlo con todas sus letras, los de Atenco han sido condenados no por haber cometido delito alguno sino por haberse opuesto a la construcción del nuevo aeropuerto en 2001. Se negaron a entregar su territorio y a desaparecer como comunidad con siglos de historia. El problema es que les tumbaron el gran negocio a los corruptos de Fox y Montiel, que respondieron como mercachifles afectados, con un rencor que todavía no se acaba.
Así que el Estado se equivocó al optar por la violencia ante una problemática eminentemente social que gestó el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Una vez más los gobiernos federal y estatal se decidieron por la misma y cavernaria respuesta de quienes tienen la fuerza, mas no la razón: la criminalización de la protesta social. Como si este no fuera un derecho constitucional a la vez que instrumento fundamental para oponerse pacífica, pero decididamente, a los abusos de los poderes temporales que intentan aplastar los valores universales.
Un dato importante es que uno de los perseguidos y exiliados de Atenco, Bernardino Cruz Cardona, acaba de ganar un amparo que le ha permitido regresar a su pueblo sin la amenaza de ser aprehendido. Sin duda un referente legal que lo exonera del delito de “secuestro equiparado”, el mismo por el que están acusados los presos de Atenco. El caso es que se ha formado el Comité Libertad y Justicia para Atenco que reúne a un connotado grupo de intelectuales, artistas, activistas y organismos civiles que pugnan por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. Los gobiernos volverán a equivocarse si menosprecian este indignado esfuerzo.
Por cierto, a riesgo de ser ingenuo, si Calderón y Peña Nieto aspiran de verdad a la grandeza debían decidir a conciencia y retirar los cargos. Sería una luz en medio de la tormenta. Sí, sí, ya dije que soy ingenuo.
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