Trasnacionales, en la privatización del agua

Trasnacionales, en la privatización del agua

Nydia Egremy

De manera sigilosa, trasnacionales se apoderan de la extracción y suministro de agua en México. Mayor represión a movimientos sociales que se oponen a que el agua sea una mercancía y mayor cantidad de desplazados son las amenazas que especialistas advierten. Y es que el manejo del líquido es “asunto de seguridad nacional”, explican.
El control trasnacional del proceso de extracción, suministro y cobro del agua avanza en México. Los embalses generan energía para ese sector que fija tarifas altas para colonias populares, mientras las minas derrochan miles de litros de agua por hora al extraer oro a cielo abierto.
Decenas de conflictos por la construcción de represas se sofocan con la fuerza pública. El escenario es un riesgo para la seguridad nacional, pues la conflictividad se agudizará con el aumento de la pobreza, advierte el especialista Gustavo Castro. También habrá fuertes roces entre los usuarios rurales que compiten por el acceso al agua, prevé el investigador Gian Carlo Delgado.
Al debilitarse la inversión estatal en la infraestructura del agua potable, el sector privado se fortaleció en la década de 1980. Ya en 2004 totalizó un mercado internacional con valor de 400 mil millones de dólares, un atractivo económico que en enero de 2003 motivó al gobierno mexicano para ofrecer, en la Organización Mundial de Comercio, abrir el agua a la inversión extranjera.
No obstante, ese proceso comenzó cinco años antes de forma “silenciosa”, indica el sociólogo Gustavo Castro, cofundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Resultado de esa primera fase de privatización y con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este especialista encontró que 69 de los 131 conflictos por agua que existían en municipios del país, entre 1999 y 2002, se localizaban en acuíferos sobreexplotados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Así comenzó lo que Castro Soto denomina “el andamiaje de la privatización del agua” en México, que convierte todo lo público en privado y asocia a numerosos intereses trasnacionales con la generación de energía eléctrica, la industria embotelladora, la turística y la extractiva.
Desde 1999, zonas elegidas por el turismo internacional como Quintana Roo y Guerrero también lo fueron para las trasnacionales del agua, como la estadunidense Azurix (del fallido corporativo Enron), que adquirió el sistema de agua potable y las plantas de tratamiento de Cancún e Isla Mujeres; a su vez, las revendió a la trasnacional francesa Ondeo (de Suez-Vivendi). Suez opera un contrato de 30 años desde 1993 con Aguakán, para dotar de agua potable a Cancún. Ambas firmas tuvieron su mayor éxito en América Latina.
Saltillo es ejemplo de resistencia contra el lucro de esas trasnacionales. Luego de que la nueva Ley de Aguas Nacionales de 1992 permitió que los municipios concesionaran el manejo de sus aguas a filiales de trasnacionales, Aguascalientes y la capital de Coahuila abrieron sus puertas a la francesa Vivendi.
En 2001, el sistema se concesionó a la española Aguas de Barcelona con participación en Aguas de Saltillo. En los dos primeros años, las tarifas se incrementaron de 32 por ciento a 68 por ciento y la población se rebeló contra esa empresa y la francesa Suez al año siguiente.
Fue por ello que la capital de Coahuila recibió una parte del préstamo por 250 millones de dólares del Banco Mundial (BM), a través del Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua), un mecanismo que condicionó a los municipios la participación del capital privado.
Fue en septiembre de 2002, durante la primera evaluación de Promagua, que Víctor Lichtinger, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, admitió la pérdida de “numerosos ríos y lagunas”, así como importantes superficies en los lagos Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Xochimilco, y que grandes cuencas “se utilizan como vertederos que convierten lechos de ríos y cuerpos de agua en basureros”.
Entretanto, Vivendi operaba en Aguascalientes, y Bechtel (la empresa expulsada de Bolivia por su afán de controlar el recurso de Cochabamba en la Guerra del Agua y en suelo mexicano adopta la razón social United Utilities) lo hacía en la ciudad de México.
De acuerdo con datos del Centro Virtual del Agua, 2002 marca el parteaguas en la participación en México de las trasnacionales: General des Eaux, Severn Trein of Britain, North West Water Group, Lionnaise del Eaux y Anglian Water. Luego siguió Ondeo (ligada a Suez, una de las 10 trasnacionales que más agua comercializa en el planeta), con 7 millones de usuarios en Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, Laredo, Saltillo, Aguascalientes, Piedras Negras y Ciudad Acuña.
El 9 de abril de 2007, las principales empresas francesas del sector del agua y con gran influencia mundial (Suez y Veolia) hicieron pública su satisfacción con el marco regulatorio de México. Aunque subrayaron que la naturaleza política e ideológica del tema “retrasaba avances” para obtener más contratos, los voceros de Veolia manifestaron que en México no se busca la privatización, pues apenas 2 por ciento de las concesiones totales del servicio de agua potable está en sus manos.
Esa firma opera fuentes de abastecimiento y plantas potabilizadoras, distribución de agua potable, gestión comercial y el manejo del alcantarillado por 30 años –en abril de 2007 ya habían transcurrido 14 años– en Aguascalientes. Además, tiene contratos con el Distrito Federal; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y Puebla, Puebla, para la gestión de servicios comerciales, rehabilitación de redes y la distribución de agua potable en Acapulco, Guerrero. No sólo las trasnacionales se benefician del agua mexicana, sino también los organismos financieros internacionales. En 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó préstamos a 12 países –México entre ellos–, con la condición de privatizar el recurso. Igual condición impuso el Banco Mundial entre 1996 y 2002, con un fondo de 2 mil millones de dólares, en un periodo “en el que México, El Salvador, Honduras, Argentina y Bolivia vivían diversos procesos de privatización del agua”, explica Sara Grusky en su estudio FMI fuerza a privatizar el agua en países pobres.
El 21 de febrero de 2003, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial anunció su ingreso al mercado financiero municipal de Tlalnepantla, Estado de México, con una garantía de crédito por 3 millones de dólares para conservación de agua. Peter Woicke, director de CFI, indicó que “se ayuda a crear un nuevo tipo de activos en una moneda nacional a inversionistas locales”, para proyectos de infraestructura, en este caso, una planta de tratamiento de aguas residuales residenciales e industriales a cargo del municipio.
Oro y plata por agua
Pese a que el mercado del agua en el país es manejado por las mayores firmas del planeta, “entre 11 y 12 millones (de personas) carecen del abasto de agua entubada”, y el problema se focaliza en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, admitió Felipe Ignacio Arreguín Cortés, subdirector de la Conagua, el 23 de abril de 2008. Al añadir que este recurso constituye un “negocio para firmas extranjeras”, el funcionario constató el riesgo que esta situación entraña.
También hay otros millones de “mexicanos con sed”: los desplazados por la contaminación de minas en los ríos, como la que genera el canadiense Corporativo Gold Corp, que derrocha 250 mil litros de agua por hora para extraer oro a cielo abierto, según el investigador Castro Soto. Al crecer la explotación minera, ésta requiere mayor cantidad de agua; “casi el 9 por ciento del territorio nacional se concesionó a la explotación minera”, lo que genera una presión muy fuerte sobre los recursos hídricos, añade.
En su operación mexicana, Gold Corp extrae oro, plata, zinc y plomo en Peñasquito, Zacatecas; El Sauzal, El Limón y Los Filos, en el cinturón del oro de Guerrero; además, San Dimas, que tiene los yacimientos de oro y plata más importantes del país.
Sin embargo, la presión sobre el agua no es exclusiva de las minas, la enajenación de hidroelectricidad y la urgencia por privatizar los embalses también agota el recurso. Por ello, preocupa la decisión que tomó hace dos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE): pasar a control privado 150 puntos de ríos para generar microelectricidad, explotación minera y todos los procesos industriales que requieren agua, indica el también coautor de análisis sociopolíticos y económicos del contexto global.

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