¿Legalizar las drogas?

Ricardo Monreal Avila

Una de las opciones que se discuten actualmente para hacer frente al crecimiento de las drogas es su legalización. Es decir, que se permita su comercialización y consumo con base en normas legales.De entrada, es un tema socialmente controvertido. La mayor parte de los ciudadanos mexicanos (entre 50 y 60%) rechazan esta opción. Sin embargo, como el tema de la “pena de muerte” o la “despenalización del aborto” es algo que debe ponerse a debate por lo menos, antes de rechazarlo o defenderlo con más prejuicios irracionales que juicios de razón.Entre los argumentos en contra de esta medida se encuentran los siguientes: 1) No resuelve el problema de las adicciones, lo agrava; 2) equivale a legalizar el crimen contra la vida de miles o millones de jóvenes que tienen en las drogas una salida falsa a su problemas de falta de afecto, identidad o integración social; 3) dispararía el consumo de las drogas, no lo contendría; 4) convertiría en un problema de salud pública lo que ahora es un problema criminal o de seguridad pública; 5) las mafias del narcotráfico no se acabarían, por el contrario se reproducirían al por mayor, ahora con protección legal; 6) la corrupción de los cuerpos policiacos tampoco se detendría, simplemente buscaría una nueva fuente de extorsión y exacción económica; 7) el crecimiento de adictos legales haría inviable la economía de sus familias y la convivencia social; 8) el sistema de salud pública quebraría en términos financieros y operativos ante el disparo de adictos legalizados que deberán ser atendidos obligatoriamente por el Estado mexicano; 9) bajaría el presupuesto público para seguridad, pero crecería el de la salud pública; 10) equivale a legalizar un genocidio social.Entre los argumentos a favor de la legalización cabe apuntar los siguientes: 1) Si “lo prohibido es lo más apetecido”, lo permitido es lo menos demandado artificialmente: la legalización de las drogas reduciría en gran parte su alto precio y, de esta forma, sus altos niveles de codicia, violencia y corrupción; 2) se controlaría de mejor manera la oferta y la demanda de drogas; es decir, sólo se produciría legalmente la que fuera necesaria, para aquéllas personas que lícitamente las necesitan; 3) la legalización del tabaco y del alcohol es el mejor ejemplo de cómo funciona esta medida para reducir los efectos disruptivos de las drogas: se reduce la violencia criminal, se tiene control sobre la comercialización y se mejora la atención y tratamiento de los adictos; 4) en los países donde se han legalizado las drogas (Holanda, por ejemplo, con la marihuana), el consumo no se ha disparado, sólo retoma su nivel normal (3.3% de la población, que es el promedio de muchos países europeos y latinoamericanos); 5) la legalización reduciría el precio de las drogas y, con ello, el estímulo más poderoso para su control violento y comercialización indiscriminada por parte de bandas criminales; 6) de la venta legal de drogas el Estado obtendría recursos fiscales para combatir el crimen y establecer centros de salud para el tratamiento de adicciones; 7) se reduciría significativamente una de las principales fuentes de extorsión, corrupción y tentación para los cuerpos policiales del Estado; 8) habría un mejor control gubernamental sobre productores y consumidores, con base en padrones y permisos planificados; 9) el Estado se vería obligado a establecer una auténtica política de salud pública contra las adicciones, privilegiando la prevención educativa sobre los tratamientos de rehabilitación médica; 10) con la legalización, la sociedad y el Estado están mejor armados para combatir las drogas que con estrategias fallidas, exclusivamente punitivas, centradas en la fuerza policial o militar.La opción que plantea la legalización de las drogas tiene, a su vez, distintos grados de aplicación: desde la legalización de todas las drogas, pasando por todas las fases (producción, comercialización y consumo) hasta otras con enfoques y aplicaciones focalizadas, por ejemplo, la legalización de la marihuana en pequeñas dosis, para consumo personal y con fines terapéuticos. Esta última es la que más ha avanzado en los últimos años, en la mayor parte de los países que han optado por la legalización.Por ejemplo, en Portugal, España, Alemania, Italia, Dinamarca, la República Checa y Holanda, de hecho o de derecho, la no criminalización del consumo de la marihuana es ya una realidad. En Dinamarca está permitida la posesión de hasta 10 gramos de hachís o 50 gramos de marihuana; en caso de poseer una cantidad mayor, la primera vez el portador podrá ser sólo amonestado; la sanción más frecuente es la aplicación de una multa. Quienes se oponen en México a debatir siquiera el tema de la legalización de las drogas, como recientemente lo hizo Felipe Calderón en una entrevista al diario francés Le Monde, con el argumento de que de nada serviría legalizarla aquí, mientras EU no lo haga, deberían tomar en cuenta el siguiente dato: en 12 estados de la Unión Americana, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Maine, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y recientemente Nuevo México, se ha legalizado el uso de la marihuana con fines terapéuticos para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el glaucoma, epilepsia, Sida y otras. Pero el uso medicinal es tan laxo que en algunos de ellos igualmente se prescribe para la ansiedad y el insomnio.Es cierto que la legalización de las drogas en sí no resuelve la cuestión de fondo: el crecimiento de las adicciones entre la población y la existencia del crimen organizado. Los adictos seguirán demandando drogas, con o sin legalización, y el crimen organizado encontrará otra fuente de recursos ilícitos. Sin embargo, es innegable que el problema de seguridad, de salud y de viabilidad social que representa actualmente el narcotráfico en México ser vería reducido en términos drásticos.Fuera del tema de la legalización o no, la mejor manera de lidiar con este problema es la formación integral de ciudadanos que rechacen las drogas. Esto implica formación familiar y educación en valores. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sí, pero sólo después de haber recibido información, educación y las alternativas para enfrentar sus problemas de soledad, depresión, angustia, falta de afecto o anomia social. Y después de estar consciente de que su derecho individual está acompañado de una obligación colectiva: no perjudicar a los demás. Tal como ocurre ya con el tabaco y el alcohol.
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