Ofensiva gubernamental para asegurar la alimentación popular

Barómetro Internacional
Venezuela - Intervención y expropiación de arroceras

Por Ricardo Daher

La decisión del gobierno venezolano de intervenir dos plantas procesadoras de arroz y expropiar la planta arrocera de la poderosa Cargill norteamericana, provocó la violenta reacción de los empresarios venezolanos que reclamaron por la supuesta violación del derecho de propiedad y de comercio. Al mismo tiempo, el presidente Hugo Chávez planteó una ofensiva gubernamental para controlar los precios abusivos en los alimentos básicos y amenazó con expropiar a quienes no respeten la ley de Seguridad Alimentaria.

Chávez aseveró que no le temblará el pulso para expropiar plantas de producción de alimentos que son dirigidas por los grandes monopolios privados en el país, y llamó a los empresarios a colaborar con el proceso de revolución alimentaria, para llevar la comida al pueblo a un precio justo.

Tras la decisión presidencial de intervenir las plantas procesadoras de arroz para verificar la producción, los voceros empresariales, con amplio respaldo de los medios opositores –los periodistas televisivos sólo hacen comentarios contra el gobierno y asisten sonrientes a los disparates que dicen sus entrevistados- lanzaron una ofensiva publicitaria para rechazar el control estatal, y lograron poner de su parte a parte de los trabajadores de sus empresas que publicaron una solicitada a toda página en los grandes diarios, reclamando el cese de la intervención que, por otra parte, no los afecta en nada.

En la defensa de su ”derecho de propiedad, los voceros patronales olvidaron que la medida busca asegurar el acceso de la población a uno de los elementos básicos de la dieta de los venezolanos, y por lo tanto, hacer cumplir el párrafo de la declaración universal de los derechos humanos que establece: ”Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios….”

Más allá de la declaración universal de los derechos humanos, en Venezuela existen leyes que deben cumplirse, y una de ellas es precisamente la ”Ley de Soberanía Alimentaria” que garantiza el acceso de la población a los alimentos básicos. Según datos estadísticos, cada venezolano consume 15 kilos de arroz al año, lo que da una idea de la importancia de este grano en su dieta alimentaria.



Escasez de arroz regular en los supermercados

El pasado viernes 27 de febrero, el diario ”Ultimas Noticias” tituló a toda página ”Un día y otro no hay arroz y azúcar en los anaqueles”. La nota explicaba que en un recorrido por los supermercados de Caracas, se encontraba en muy pocos lugares arroz al precio regulado, y que en otros –destinados a la clase media y alta- sólo había arroz saborizado, integral y parboiled, al doble de precio.

El desabastecimiento de alimentos básicos se viene produciendo desde hace por lo menos dos años, y se acentúa antes de cada contienda electoral. Esta situación provoca descontento y tensiones sociales, especialmente entre los sectores pobres ya que las tiendas de alimentos subsidiados del Estado, Mercal y Pdval no llegan a cubrir todo el país, y también carecen del producto.

El sábado 1 de marzo, el gobierno nacional ordenó la intervención de las plantas procesadoras de arroz hasta tanto exista suficiente cantidad de arroz regulados en el mercado.

La intervención de las plantas es sólo una medida cautelar de control, no implica la administración del Estado de la empresa ni su expropiación, y sólo busca revisar la producción para que se logre abastecer a los mercados del arroz regulado. Las autoridades adelantaron que la intervención cesará en ese momento. También advirtieron que de encontrar irregularidades o indicios de sabotaje al abastecimiento, se podrían adoptar otras medidas, como la expropiación con pago con papeles de deuda del Estado.

El pasado miércoles 4 de marzo, el presidente Hugo Chávez decretó la expropiación de la planta arrocera que la norteamericana Cargill posee en el estado de Portuguesa al constatar la intervención que se estaba violando la Ley de Soberanía Alimentaria.
Chávez comunicó la decisión al canal de televisión VTV tras un contacto directo mientras participaba en un Consejo de Ministros. Además de la expropiación, que dijo se pagaría en papeles del Estado, anunció una investigación judicial sobre la firma.

Arroz saborizado en sustitución del regular

Cabe recordar que el arroz regulado debe ser vendido a 2,33 bolívares fuertes, mientras que el arroz saborizado se vende a 4,5 bólivares fuertes. La diferencia entre ambos es que el saborizado tiene el añadido de un producto químico con un costo ridículo en el volumen de un kilo.

Las empresas privadas sostienen que tienen derecho a procesar el arroz, añadirle gusto, y cobrarlo a un precio ”razonable”. Afirman que envasar arroz regulado es producir a pérdida.

Por ello, estas empresas sólo destinan el 10 por ciento del arroz que compran a los productores para envasar como regulado, y el 90 por ciento restante lo procesan como parboiled o saborizado.

Los voceros de las empresas, especialmente Polar, que produce desde cervezas a alimentos para animales, y propiedad de la familia Cisneros –la segunda mayor fortuna de América Latina tras el mexicano Carlos Slim- lanzó inmediatamente una ofensiva por todos los medios de comunicación para restar responsabilidad en el desabastecimiento, acusar al gobierno de actuar contra la constitución y las leyes, y denunciar que las instituciones del Estado son los mayores acopiadores del grano y por lo tanto responsables del desabastecimiento.

Guillermo Bolinga, asesor legal de la empresa Polar, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de Justicia, alegando que la intervención viola derechos y garantías y que además la medida fue mal ejecutada. Añaden además que con la decisión de promover la producción de arroz regulado –es decir el más barato- el gobierno ”infringe la soberanía del consumidor, puesto que es el gobierno quien decide las opciones de compra y dicta las cantidades que debe adquirir”.

El argumento debería encabezar la lista de los más cínico en defensa del libre mercado y de desprecio por el consumidor, ya que son precisamente las empresas las que dictan las condiciones a sus clientes sobre que tipo de arroz pueden comprar, dejando la opción del más caro, y además castigan con el desabastecimiento a quienes opten por el arroz más puro y barato.

El presidente de Fedecámaras –la gremial empresarial que encabezó el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y que llegó a imponer por 36 horas a su presidente como presidente del país- José Miguel González, acusó al gobierno de buscar la instauración de ”régimen comunista” –aclaró sin embargo que no con los métodos de Fidel Castro-, de violar las leyes y la Constitución, de atentar contra la propiedad privada y de comercio.

Anunció que en el futuro se instaurará un ”estado de derecho” y que las leyes chavistas serán anuladas. La única intención del gobierno con la intervención de las arroceras es ”seguir estrangulando al sector privado”. Dijo que se está dejando de producir arroz ”porque lo que genera es pérdida” al tener precios regulados.

El gobierno en tanto ha iniciado una campaña publicitaria para informar el alto costo del arroz saborizado y la decisión de las empresas privadas de volcar casi toda la producción a ese tipo de producto, dejando de lado la oferta del arroz regulado.
Según datos oficiales, las empresas tienen capacidad de procesar unas 7 mil toneladas métricas diarias de arroz, pero sólo empleaban los equipos para procesar 3 mil toneladas, y de ellas, el 91 por ciento era para producir arroz no regulado.

El nuevo ministro de Comercio, y titular del Instituto Para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Eduardo Samán, rechazó los costos de producción presentados por las empresas para argumentar que producir arroz regulado era una pérdida. Samán recordó que las empresas pagan 0,72 bolívares fuertes por kilo, y al mismo tiempo reciben subsidios para el regadío, la electricidad para producir, y otros beneficios fiscales que no contabilizan como reducciones en sus costos. También rechazó que el porcentaje de mercado cubierto por la empresa Polar sea insignificante. La empresa sostiene que apenas ocupan el 6 por ciento del mercado, aunque otras estimaciones lo ubican en 10 por ciento. Samán recuerda que de producir lo necesario, la empresa Polar tendría por encima del 15 por ciento del mercado.

El gobierno parece dispuesto a apretar las clavijas para resolver el problema del desabastecimiento, no sólo del arroz, sino de otros productos de primera necesidad, y algunos no tanto pero de gran impacto en la vida del venezolano medio. Por lo pronto, se anuncian controles para la producción de la harina de maíz, con la que se preparan las arepas –que sustituye al pan en la dieta venezolana-, el papel higiénico, y hasta la producción de automotores. En este último rubro, hay planes de ventas de vehículos nuevos que no logran cumplir con las entregas, y los compradores deben esperar hasta más de dos años para recibir sus vehículos, mientras se crea un mercado negro de compra y venta.

El ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán dijo el pasado sábado que esta semana se inicia el proceso de fiscalización masiva a nivel nacional de las arepas, con miras a inspeccionar los precios, presentar estructuras de costo ajustadas a la realidad y acordar ganancias razonables. Samán hizo un llamado a las empresas que evaden la regulación bajo subterfugios que pretenden engañar a los consumidores, tal como sucede con la leche pasteurizada que es vendida como supuesto preparado lácteo reconstituido. “Obligaremos a esas compañías a que vendan lo que dicen que venden, es necesario poner la comida al acceso de las personas”, sostuvo.

“Si hacen caso omiso a este llamado incurrirán en el delito de usura y pueden ir presos por ello”, precisó.

ricardher@gmail.com