Militares asesinos también han incurrido en tráfico humano: fiscal colombiano

Casi 2 mil jóvenes, ejecutados tras ser acusados de guerrilleros

Dpa

Bogotá, 15 de mayo. La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.

La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.

El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.

Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.

La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.

Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.

El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.

Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.

A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.

Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.

El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento Norte de Santander.

Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que el joven era zurdo.

Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos.

Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.

El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.