El retador

Ricardo Monreal Avila

Usted lo escuchó, vio o leyó. El secretario de Gobernación, detrás de un atril con el escudo nacional oficial y la leyenda “Secretaría de Gobernación” lanzó un reto: “Señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Los estamos esperando. Esa es una invitación que les hacemos”. Se refería al grupo criminal conocido como “La Familia” que tiene asolado Michoacán y regiones enteras de los Estados de México, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Morelos, según el perfil que de este cartel se ha difundido en los últimos días.
El tono y el contenido de este reto no pueden pasar desapercibidos, porque pintan de cuerpo entero la estrategia fallida que el gobierno federal está aplicando al cáncer nacional de la inseguridad pública. Esta expresión tiene varias aristas que es necesario glosar.
1) Empecemos por el tono. Tiene mucho de aquellos lances que suelen lanzarse los adolescentes de secundaria. “A ver Rafles, ¿qué te traes con mi hermana, eh? Nos vemos a la salida, en el callejón de los ajustes de cuentas. Allí te voy a estar esperando… Mariquita el que se raje”. El tono es de pendenciero a pandillero, no de autoridad a delincuente. Con esa expresión el secretario de Gobernación se puso al nivel de la Tuta y de la Minsa, no del Mariscal de Campo que libra una batalla seria y grave como la que se requiere frente a la delincuencia organizada. Con ese tono, no puede afirmarse que el funcionario se haya subido al ring a dar la pelea, sino lo contrario: se bajó del mismo y se fue a las gradas a buscar bulla.
2) Con el llamado oficial a probarse los guantes, tras el atril del secretario de Gobernación y con la investidura correspondiente, el gobierno convalidó tácitamente el diálogo con el crimen organizado que tanto negó entablar. Decir “te invito a darnos de catorrazos” es el tipo de diálogo y negociación que espera el crimen organizado (en realidad, protegido), en cualquier parte del mundo, para seguir la guerra por otros cauces y otras vías. La “invitación” que formula el gobierno al crimen organizado es a continuar la guerra irregular, al diálogo de las balas, a la negociación de los muertos, a la paz de los sepulcros. Es una invitación oficial a escalar la violencia. Mientras más muertos contabilicemos, más justa será esta guerra. Mientras más sangre llegue al río, más cerca estaremos de cruzar el mar. Mientras se combata con más violencia en las calles, más cerca estaremos de la paz. ¿Estrategia pura? No. Necrofilia pura, sí.
3) Hace tiempo que el crimen organizado se “metió” con la autoridad, sin esperar invitación alguna. En algunos casos como cómplices y en otros como enemigos. En unas ocasiones prodigando plata y en otras repartiendo plomo. El responsable de la política interior, habilitado en los últimos meses como el mando civil de las fuerzas policiacas y armadas del país, tal vez no esté enterado que el crimen organizado hace tiempo que aceptó el reto y lleva tres años por lo menos poniendo en jaque a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. De los 10 mil muertos que esta guerra no convencional o irregular registra en su macabra contabilidad (somos el país con más muertes violentas sin estar inmersos en una guerra civil), dos mil de ellos son integrantes de corporaciones policiacas municipales, estatales, del Ejército y de la Marina. Entonces la invitación debería ser en sentido contrario: a que no corrompan ni asesinen a más policías y soldados que sí están cumpliendo con su deber de manera leal y cabal.
4) Llama la atención que la invitación a medir fuerza con el Estado sólo se haga a un cártel: la “Familia Michoacana”. ¿Cómo entender esta convocatoria unilateral, personalizada y exclusiva? ¿Los cárteles del Pacífico, Golfo y Juárez quedan fuera de esta convocatoria? ¿A ellos no los están “esperando” las autoridades? ¿Hay cárteles de primera y de segunda? ¿Sólo en Michoacán se libra esta guerra sin cuartel? ¿A los otros grupos criminales se les va a tratar de manera diferente o deferente?
5) El tono pendenciero del responsable de la política y la seguridad interiores confirma que la estrategia de combate al crimen es predominantemente punitiva, policial y militar. Con balas, cárceles y leyes de excepción (que no excepcionales) se pretende contener un problema que implica una respuesta integral: empleos, educación, una reforma del sistema de justicia y una policía mejor pagada, equipada y capacitada. Mientras tanto, la militarización del combate al crimen empieza a dañar seriamente a su soporte central: el Ejército.
6) El caso del fuero militar así lo ilustra. Desde hace dos décadas esta institución de la justicia militar no se cuestionaba. Hoy está bajo la lupa de instituciones de justicia nacional e internacionales. La causa es que en tres años, las denuncias por abusos del Ejército en materia de derechos humanos suman dos mil 200 casos, lo que no se registraba en dos décadas. Por ello, el Ejército se encuentra actualmente bajo la lupa de organismos internacionales de justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos; de organizaciones internacionales de derechos humanos en América y Europa; y en el propio congreso norteamericano, que está esperando un informe en esta materia para autorizar los recursos de la Iniciativa Mérida.
En México, la SCJN tiene pendiente de resolución un dictamen para determinar los alcances del fuero militar en el caso de violaciones de derechos humanos y, en el Senado, la fracción parlamentaria del PT prepara una iniciativa en el mismo sentido, que recoge la experiencia internacional en este tema, la cual indica que los militares que en ejercicio de sus funciones cometen abusos de autoridad, como tortura, homicidio, violación o desaparición forzada de personas, son procesados por la justicia civil, en la mayor parte de países como Chile, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón. No se trata de desaparecer el fuero militar, sino de limitarlo en su aplicación a cuestiones de estricta disciplina castrense. El objetivo es fortalecer la protección de los derechos humanos de los civiles y la preeminencia del control civil sobre las fuerzas armadas.
La sobreexposición que el Ejército ha tenido en tareas de seguridad civil pública lo está llevando a un desgaste nacional e internacional, lo cual empieza a generar inconformidad al interior de las mismas fuerzas armadas.
Concluimos con lo siguiente: en esta guerra no convencional contra el crimen los principios y motivos no están a discusión, sino las vías y los métodos. El riesgo es que si la estrategia pendenciera se prolonga sin dar resultados, va a terminar desacreditando los principios colectivamente aceptados. Entre otros, la valoración positiva del Ejército como una de las instituciones más confiables para librar este combate.